Impuesto a la Riqueza: Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio
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El interbloque de Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría en Diputados para rechazar el Impuesto a la Riqueza.
Sin embargo, a pedido de un grupo de legisladores, no será simplemente la negativa a acompañar el proyecto de ley que establece un Aporte Solidario y Extraordinario a quienes posean bienes por más de $200 millones sino un compendio de fundamentos para justificar la postura y reclamar que también el Estado y los funcionarios hagan un "esfuerzo".
Debate caliente
Una vez más, la discusión cayó en la grieta: ningún representante de los bloques minoritarios -a excepción de Romina Del Plá, del FIT- habló en la reunión. De cara al viernes, el oficialismo espera contar con las firmas de Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero), integrantes de la comisión, señala Parlamentario.
Juntos por el Cambio repitió que no se trata de un "aporte" sino de un "impuesto", y consideró que esa discusión semántica es en realidad "un tema de fondo" que no quedó resuelto con las modificaciones anunciadas por Heller.
"Por más que busquen llamarlo aporte, se trata de un impuesto porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez, cuando ya tenemos un impuesto que afecta el patrimonio, que es Bienes Personales", explicó el puntano Alejandro Cacace (UCR).
El diputado sostuvo además, con argumentos jurídicos, que debería ser un impuesto coparticipable y que "la mayoría de los gastos en salud" en el contexto de la pandemia "los llevan adelante las provincias".
Por el Pro, Carmen Polledo se ofuscó: "Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres".
La legisladora habló de un "desbalance en términos de lo que hace el Estado y lo que se le pide a los privados", tras lo cual pidió que en los tres poderes del Estado se rebajen los sueldos. "Nosotros también tenemos que ser ejemplares", dijo.
La oficialista Fernanda Vallejos salió al cruce de Polledo. "Es muy difícil de sostener lo que plantea", dijo, y tras recordar que "este aporte recae sobre menos del 0,02% de nuestra población", se preguntó "cuáles son los intereses que se están defendiendo".
"Es indudable que se trata de un universo de personas privilegiadas en una Argentina donde más del 40% de la población habita por debajo de la línea de pobreza", sostuvo Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, y añadió que este aporte "no le va a hacer ni una cosquilla" a las personas comprendidas.
Desde la Coalición Cívica, Javier Campos volvió a fustigar el proyecto y, en particular, la estimación de la AFIP acerca del universo alcanzado. "Que digamos que son 9.000 personas, a los fines técnicos, no cambia nada. La cantidad de gente alcanzada por este impuesto no tiene ningún interés en este tema. Imaginemos que una panadería tiene 100 clientes y uno de ellos es McDonald’s, que se va, y la empresa quiebra. Pueden ser muy pocos, pero pueden tener un efecto devastador sobre la economía argentina", ejemplificó.
A continuación, Laspina sintetizó la posición de Juntos por el Cambio. "Vamos a votar en contra de este impuesto, aun cuando nos cueste votos en el corto plazo. No nos importan las encuestas, porque nosotros le tenemos que dar una alternativa de gobierno a la gente cuando este modelo fracase", aseguró.
El santafesino enfatizó que "este impuesto, en este momento de la Argentina, es una pésima idea, sobre todo para el Gobierno, que se pega un tiro en el pie del cual va a ser muy difícil recuperarse".
"El argumento no puede ser ‘mato a pocas personas en lugar de muchas’. Esa es una falacia muy peligrosa que nos deposita a milímetros del autoritarismo y de romper el Estado de Derecho. Esto no es ‘ricos versus pobres’: es ‘el Estado de Derecho y la Constitución versus la imposición caprichosa de una mayoría violentando los principios constitucionales’", sentenció.
El diputado del Pro calificó al proyecto como "una señal terrorífica para los inversores" y, tras recordar que se sancionaron nueve emergencias al inicio de la gestión de Alberto Fernández, advirtió que "ninguna emergencia habilita violar la Constitución".
Heller le respondió y se generó un momento de tensión, con varios diputados hablando a la vez. "Nosotros no creamos las emergencias, las crearon ustedes. Ustedes con sus cuatro años de neoliberalismos generaron esas nueve emergencias que tuvimos que poner en una ley para salir adelante", retrucó el diputado, mientras el radical Facundo Suárez Lastra despotricaba frente a la pantalla, con su micrófono silenciado.
Además, el presidente de la comisión informó que impuestos como Ganancias y Bienes Personales "generan menos ingresos que el IVA", que recae sobre el consumo, y por eso concluyó que "la carga impositiva la tiene la gente de a pie, no las grandes empresas".
Impuesto a la Riqueza: los cambios propuestos
El oficialismo postergó para este viernes la firma del despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados mientras analiza nuevas modificaciones, entre ellas la posibilidad de gravar a los no residentes por sus tenencias en el país.
Carlos Heller, titular de la comisión, anunció al inicio de la reunión de este lunes la decisión de posponer el dictamen y enumeró los cambios que tendría el texto del Poder Ejecutivo, después de leer un detallado informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se excusó de participar en el encuentro virtual.
Juntos por el Cambio volvió a rechazar el proyecto. Los diputados del principal bloque de la oposición no solo reiteraron que la medida es inconstitucional y que desalentará inversiones, sino que también cuestionaron el destino que se le dará a lo recaudado -se prevé, entre otros fines, la financiación de proyectos de gas natural-.
Heller confirmó que, para alejar dudas acerca de la voluntariedad del aporte, se incluirá en el artículo primero del proyecto la palabra "obligatorio". Pero además, se establecerá que el aporte regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.
"Para evitar un eventual desapoderamiento", se aclarará que "cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación".
El radical Luis Pastori celebró este cambio "porque la retroactividad era claramente inconstitucional", aunque advirtió que "más que una presunción (de la AFIP), sería una ficción legal".
El aporte solidario tampoco gozará de las exenciones previstas en el impuesto a los Bienes Personales, que es el que se toma como base de cálculo. Es otro de los cambios que anunció Heller.
Pero lo que despertó más polémica es la posibilidad de captar a las personas no residentes que posean bienes en el país y que ejerzan su propiedad a partir de una persona jurídica. "Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades (…) pertenecen de manera indirecta a personas humanas residentes en el exterior", dice la propuesta de redacción.
Para esos casos, "ese sujeto deberá designar ante la AFIP un responsable por el ingreso del aporte", y en caso de no hacerlo, "el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones".
Luciano Laspina (Pro) reprobó la propuesta. "En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país", se quejó.
Por último, Heller confirmó que las personas con bienes declarados en el exterior que acepten repatriar el 30% quedarán exentas del diferencial del 50% que deberían pagar por esos bienes. Los fondos deberán permanecer "hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo".
Nuevo Impuesto a la Riqueza: puntos de conflicto
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, señaló los puntos de conflicto más importantes del proyecto de ley del nuevo Impuesto a la Riqueza que comienza a tratarse el martes:
1. Que se denomine "Aporte Solidario y Extraordinario"
En realidad no es un "aporte solidario" sino un tributo y más específicamente un impuesto.
Ello por cuanto es exigido a los sujetos que se hallan en las circunstancias señaladas por la ley como hecho generador de la obligación jurídico tributaria. Recordemos que la jurisprudencia tiene dicho que más allá de la denominación de los tributos lo que define su tipificación es su naturaleza jurídica y en el caso en cuestión sin lugar a dudas se trata de impuesto, tal vez disfrazado con otro nombre para disminuir el impacto negativo. Al ser un tributo debe respetar las garantías constitucionales.
2. Que se establezca que es de carácter de Emergencia y por única vez
En nuestro país los impuestos directos casi siempre han nacido como gravámenes de emergencia, que luego de pasada la referida emergencia, se instalan de manera permanente en el sistema tributario.
Sin perjuicio que nuestra propia Constitución Nacional dice claramente que la Nación puede imponer impuestos directos "... por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan". Lo cual casi nunca se cumple, por cierto.
3. Que el aspecto objetivo del hecho imponible este dado por los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019.
Todo tributo grava una de las manifestaciones de la capacidad contributiva: renta, patrimonio o consumo.
En el caso, estamos frente a un impuesto patrimonial, que implica un doble supuesto de imposición jurídica con el Impuesto sobre los Bienes Personales que ya grava la misma base. Y esto es inédito, dado que en la esfera de la tributación nacional existirán dos impuestos de naturaleza patrimonial gravando a los mismos contribuyentes y la misma base. Ambos tributos tendrán el mismo efecto nocivo sobre la inversión, el ahorro y además alentará la fuga de emprendedores con capacidad de generar empleo.
4. Que el hecho imponible se perfeccione al 31 de diciembre de 2019
La doctrina tributaria lo ha remarcado desde sus orígenes que el hecho imponible de todo tributo puede ser: de ejercicio (como es el caso del Impuesto a las Ganancias) o instantáneo (como sucede con el Impuesto sobre los Bienes Personales).
En el caso de nuestro supuesto "Aporte Solidario" el hecho imponible es instantáneo dado que, al igual que bienes personales, considera la famosa foto de los activos existentes al 31 de diciembre de 2019. Y es aquí donde surge lo interesante: ¿no es un tributo retroactivo?
Traigamos a la memoria que la retroactividad es la aplicación de nuevas normas a actos o hechos jurídicos anteriores.
Dichos en otros términos y en materia tributaria, es la aplicación de un tributo a un hecho imponible que ya se perfeccionó. Lo que sucedería en el caso, ya que ni siquiera se sancionó la ley y se pretende gravar un hecho imponible instantáneo que se perfeccionó el 31 de diciembre de 2019. Esto es lo que se denomina en materia tributaria como retroactividad propia.
En consecuencia, es un tema altamente cuestionable porque vulnera la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha dicho en diferentes causas, entre ellas, "Sambrizzi, Eduardo A", de fecha 31 de octubre de 1989, que "sólo existe retroactividad si el hecho imponible, incluida su dimensión temporal, se ha realizado íntegramente antes de entrar en vigor la ley que lo convierte en imponible", lo cual se da en el caso de marras.
Al tomar en consideración bienes a una fecha anterior al dictado de una ley, puede ocurrir que los mismos hayan disminuido o ser inexistentes (bajan las cotizaciones, donaciones, entre otros) afectando el principio de Capacidad Contributiva. El Principio de Igualdad se pulveriza cuando se grava a dos sujetos con el mismo monto de impuesto a pesar de detentar diferente capacidad económica.
Sin dejar de mencionar el Código Civil y Comercial de la Nación que establece en la parte pertinente del artículo 7 que: "las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales".
Y uno de los derechos amparados por la Constitución Nacional es el de propiedad, artículo 17, en consecuencia, no puede haber retroactividad propia en materia tributaria ya que implica un desapoderamiento de una parte de la riqueza (derecho de propiedad) de los particulares.
5. Que la imposición combinada entre el nuevo tributo y el Impuesto sobre los Bienes Personales puede llevar a la confiscatoriedad
Recordemos que por confiscatoriedad se entiende, en general, el efecto que produce un tributo cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del patrimonio. Y cuando ello se produce, se afecta la garantía constitucional de propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución que: "la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".
En este marco, no podemos dejar de advertir que la tasa máxima de imposición del nuevo impuesto puede llegar a 3,5% para bienes situados en el país y 5,25% para bienes situados en el exterior. Mientras que en el Impuesto sobre los Bienes Personales la tasa máxima de imposición puede llegar a 1,25% en el primer caso y a 2,25% en el segundo, respectivamente. Aunque la situación puede variar según exista o no repatriación.
Es importante destacar que tal nivel de imposición puede implicar supuestos de confiscatoriedad.
Todo dependerá del análisis de cada caso particular. Ello por cuanto hay que traer a la memoria que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en la causa "Candy SA" del 3 de Julio de 2009, básicamente, que para que exista confiscatoriedad, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital, siendo su límite relativo ya que puede variar en el tiempo. O sea, que hay que analizar cada caso particular no existiendo a priorí un porcentaje de confiscatoriedad absoluto.
6. Que se agregue la nacionalidad como aspecto subjetivo del hecho imponible
De manera novedosa y llamativa el nuevo tributo agrega como elemento adicional de capacidad contributiva el de nacionalidad, ello por cuanto se establece que estarán alcanzados por los bienes en el país como en el exterior aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de la ley de Impuesto a las Ganancias.
Es importante remarcar que: "Las tentativas de fundamentación del poder de tributar basadas en la idea de nacionalidad, o sea, en una concepción personalista de la soberanía (personalhoheit) no consiguieron imponerse en la doctrina".
7. La base de imposición es más amplia que la del propio Impuesto sobre los Bienes Personales
El nuevo tributo establece, en general que la base imponible se determinará considerando el total de los bienes de los que sean titulares, determinados de acuerdo a los criterios y valuación establecidos en la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales.
En consecuencia, con esta nueva imposición patrimonial se habría de gravar activos que en bienes personales están exentos y que alientan el ahorro nacional como ser; los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales, Los plazos fijos y cajas de ahorro en pesos y en moneda extranjera. Por ende, desalentará aún más el ahorro con el consecuente impacto en la economía.
8. Que se incorpora a la base de imposición a los activos invertidos en vehículos transparentes de una manera imprecisa que dará lugar a zonas grises y, por demás, a controversias con la AFIP
El proyecto establece que se incluye dentro de la base imposición a los aportes a trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo - existentes al 31 de Diciembre de 2019, independientemente del tratamiento exentivo que revistieran en ésta y sin deducción de mínimo no imponible alguno.
Sin una definición precisa de este tipo de imposición, se deja librado a que el decreto delimite su alcance, aumentando el riesgo de que el hecho imponible se extienda aún más de lo que previo la ley, vulnerando el principio de legalidad o reserva de la ley establecido en el artículo 4 y 17 de la Constitución Nacional.
9. Que en la base de imposición se gravarán las acciones y participaciones societarias de empresas del país, desalentando la inversión en compañías locales
De lo expuesto en el punto anterior, también se desprende que la participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo - existentes al 31 de diciembre de 2019, independientemente del tratamiento exentivo que revistieran en ésta y sin deducción de mínimo no imponible alguno; estarán alcanzadas.
Todo esto implica que las acciones y participaciones societarias del país tendrán un importante peso tributario para sus accionistas y socios, los cuales no sólo tributaron el Impuesto sobre los Bienes Personales a la alícuota del 0,5% a través del régimen de responsabilidad sustituta, sino que ahora tendrán en peso de este nuevo gravamen con alícuotas que distan a la que establece el Impuesto sobre los Bienes Personales.
10. Delegación de atribuciones legales a la AFIP
Se faculta a la AFIP a dictar normas esenciales para la valuación de bienes que deben estar contenidas en la propia ley, vulnerando la garantía de legalidad en materia tributaria, en un tema de suma trascendencia en la determinación y cuantía del impuesto
El aporte promedio sería de 33 millones de pesos. Para las 2.774 personas con patrimonios entre 200 y 300 millones, el aporte promedio sería de 6,1 millones, mientras que las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones realizarían una contribución promedio de 600 millones, esto es, la mitad del aporte total