El caso Chano reavivó el debate: ¿el problema es realmente la Ley de Salud Mental?
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El caso de Chano despertó una gran cantidad de interrogantes, opiniones y sentimientos, tanto a nivel individual como a nivel general, como sociedad. Los hechos, que excepto los protagonistas, todos desconocen, trascendieron muy rápidamente y con la misma velocidad aparecieron las respuestas, posturas y posiciones de distintos actores de dicha sociedad.
En este contexto, no tardaron en aparecer los detractores de la Ley Nacional de Salud Mental, identificada con el número 26.657, que fue sancionada en el año 2010. Se leyeron y escucharon diversas posturas entre las que resonaba la idea de que la ley no sirve, no funciona, está mal hecha, hay que reemplazarla. De hecho, uno de los desencadenantes fue una afirmación de la propia madre de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, quien abiertamente dijo "Hagan algo con la ley de salud mental".
¿Qué es ese "algo"? ¿Hay realmente algo por hacer con la ley? ¿O primero hay que ver qué dice la ley y si está realmente aplicado en el tratamiento de pacientes con adicciones o padecimientos de salud mental?
El primer elemento que se debe tener en cuenta cuando se habla de esta norma es que se titula "Ley de Salud Mental y Adicciones", algo que se deja de lado en muchos casos y se habla únicamente de una norma que hace referencia a la salud mental. Sin embargo, en el espíritu de la ley está la idea de contemplar las adicciones como un padecimiento de este orden y de contemplar a los pacientes dentro de esta norma, con todos los protocolos y nuevos paradigmas que ella trae.
Así lo explica Gustavo Zbuczynski, psicólogo y presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA).
El profesional se declara "defensor" de la Ley Nacional de Salud Mental porque afirma que contrastó mucho con las normas que regían la problemática de las adicciones antes de que ella existiera y que el problema de su falta de aplicación no está en la letra de la ley. En otras palabras, hubo y todavía hay intereses que se interponen entre lo que indica la ley y la efectiva implementación de políticas y creación de dispositivos.
"Entendemos que siempre debieron haber estado las adicciones dentro de las problemáticas de salud mental", explica el Lic. Zbuczynski, quien a su vez agrega que "las leyes de drogas anteriores, con un espíritu tutelar y paternalista, consideraban al adicto como una persona incapaz de tomar sus decisiones y se los encerraba".
Cabe mencionar que el profesional estaba haciendo referencia a la ley 23.737, la actual ley de drogas, que continúa vigente y que choca, en muchos aspectos, con lo detallado por la Ley de Salud Mental de 2010.
En este sentido, destaca que "la ley de salud mental fue un gran avance porque cambió el paradigma tutelar por uno basado en derechos humanos", algo que "no solamente fue para todo el campo de las patologías de salud mental, sino también para el tema de las adicciones". Fue entonces cuando se pudo empezar a plantear la discusión sobre consumos y ahí apareció la cuestión del consumo problemático, que "nos permite pensar en que también hay consumos no problemáticos, cosa que antes no pasaban porque todo consumidor de drogas era pensado como un adicto y se encerraba como tal", menciona el presidente de ARDA.
Por su parte, el psicólogo Carlos Herbón, afirma que "la ley [de salud mental] en principio ordena algunas cuestiones relacionadas con un principio básico, que es reconocer a la persona con padecimiento de salud mental como un sujeto con derecho. Reinstala una posición que nunca debería haber perdido pero que las legislaciones tutelares habían socavado".
En este sentido y consultada por iProfesional, la Lic. en Psicología Carla Boveri señala que "la mirada anterior era muy punitiva, tenía que ver con la persecución, con el encierro". En ese contexto, la Ley "viene a traer la idea de que la adicción debe estar contemplada dentro de la salud mental, que a la vez es salud integral".
La profesional, que se especializa en Derechos Humanos y Género, considera que este aspecto es muy importante, porque "no sólo se debe tratar al paciente en cuanto a su padecimiento farmacológico, sino también desde la contención social".
Algunos puntos clave de la Ley de Salud Mental
Otro de los aspectos que destaca el Lic. Herbón acerca de esta norma es que "empieza a darle protagonismo a la voluntad del sujeto, no planteando que siempre sea correcta o incorrecta, no es un esquema jurídico moral, sino que trata de poner en el centro la autonomía del sujeto y que tome las decisiones desde esa autonomía".
Asimismo, menciona que "uno de los mitos que rompe la Ley de Salud Mental (que tiene que ver con las investigaciones hechas previamente) es el concepto de que los usuarios de drogas o las personas con padecimiento mental son peligrosas". Explica que "el concepto de peligrosidad le daba una entidad casi delictiva a las acciones riesgosas de los sujetos", algo que se relaciona directamente con ese "carácter punitivo" que señalaba la Lic. Boveri.
A su vez, esta norma sancionada en el año 2010 llega para "generar un piso de derechos a los usuarios del sistema de salud mental".
En relación a los términos que emplea, el Lic. Herbón dice que "la ley plantea el concepto de padecimiento y sufrimiento mental, no porque quiera eliminar el concepto de patología, sino porque el alcance de los padecimientos puede ir mucho más allá de una patología".
Las internaciones son otro de los aspectos que la norma aborda y que apunta a modificar en relación al esquema jurídico y sanitario que existía anteriormente y que, a criterio del experto, "era uno de los aspectos más críticos". Actualmente, a partir de esta nueva ley, debe haber un control judicial y profesional mucho más cercano en lo que a las internaciones se refiere. En otras palabras, la norma apunta a poner fin a las hospitalizaciones como confinamientos eternos que acaban por ser un espacio de abandono del paciente en todo sentido, tanto desde lo social, como desde lo jurídico, estatal y profesional.
De todas maneras, lejos de prohibir las internaciones involuntarias por causas de salud mental, lo que la Ley establece es un marco para resguardar los derechos del paciente en cuestión. Llega para poder cambiar el enfoque y pensar a las internaciones como una de las posibilidades de tratamiento y no la única, pero no para eliminarlas del mapa.
La Lic. Boveri, en este punto, destaca la necesidad de que exista una evaluación interdisciplinaria para la internación de un paciente, así como para el control durante su pasaje por un centro de salud mental.
Otro de los puntos centrales, que ya se ha mencionado anteriormente, es el abordaje del paciente desde los derechos humanos. Derechos humanos que están protegidos por muchas otras normas argentinas, pero que fundamentalmente están contemplados en la Constitución Nacional, a partir de la jerarquización e inclusión de los Tratados Internacionales en dicha materia. La integridad y la intimidad, entre otros, son derechos humanos, están protegidos por los Tratados, por la Constitución, y están mencionados en la Ley de Salud Mental, y muchas veces se vulneran. Esto es lo que la Lic. Carla Boveri considera que ha pasado en el caso de Chano, dado que se conoció rápidamente qué pasó, cuándo pasó, qué diagnóstico se supone que se le hizo, entre otros datos sensibles y personales.
En cuanto al diagnóstico, que forma parte de la intimidad de la persona, la experta señala que es un aspecto que se debe proteger y que se debe tratar con la sensibilidad que tiene. "No es lo mismo un brote psicótico que un cuadro de excitación psicomotriz, no sólo para quien lo padece, sino también para quien lo lee y se informa de esa manera", amplía.
La ley y el protocolo de actuación de la fuerza policial
En este sentido, la Lic. Carla Boveri destaca que hay un protocolo en la reglamentación de la Ley que indica cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales en casos como el que terminó con Chano herido de bala e internado.
La profesional señala que "lo que sucede es que cuando hay un caso como el de Chano, donde corre peligro él y los terceros, se llama a la policía. La policía tiene que dar aviso a una institución hospitalaria y bajo ningún punto de vista se debe intervenir de una manera violenta, ni con armas de fuego ni capturando a la persona". Por el contrario, "se trabaja con profesionales de la salud para apercibir y convencer a la persona de que se interne o de ir a una guardia", indica la Lic. Boveri. Esto fue precisamente todo lo contrario a lo que parece haber sucedido con el caso de Chano.
En este sentido, el Lic. Carlos Herbón indica que "dentro de los protocolos de intervención policial la actividad fundamental es la contención y dentro de esa contención se incluye el llamado inmediato a los profesionales de la salud para que puedan diagnosticar qué pasa y qué hacer". En este sentido, agrega que "un policía no puede emitir un diagnóstico, por lo que tampoco puede saber qué hacer".
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Por su parte, la Lic. Boveri coincide: "El personal policial tiene que estar ahí acompañando la situación, pero muchas veces se toma a la persona como un delincuente". A continuación, concluye claramente: "En este caso se violó el protocolo".