La Provincia prorrogó su canje, advirtió a acreedores que "el litigio no es el camino" y busca solución consensuada
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El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, a cargo de Pablo López, extendió el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el próximo 23 de abril. El canje, de esta manera, tiene su décimo cuarta prórroga en media de litigios en tribunales internacionales contra la administración de Axel Kicillof.
"A pesar de la decisión de un grupo de acreedores de presentar demandas de pago en los tribunales de Nueva York, la Provincia sigue comprometida a realizar una negociación de buena fe a fin de reformular los términos y condiciones de los bonos elegibles", dijo la PBA mediante un comunicado.
Se extiende la negociación y crecen las dudas
El equipo económico de la Provincia que está llevando adelante el proceso de reestructuración de deuda, dice, "está convencido de que el litigio en los tribunales no es el camino, porque no resuelve el problema de sostenibilidad de la deuda de la Provincia ni aumenta la capacidad de pago existente, por eso la solución debe ser consensuada y compartida".
La Provincia afirma que se mantiene abierta al diálogo con sus bonistas sobre posibles enmiendas a los términos de la propuesta establecidos en la invitación al canje de deuda, incluidos los informados en el comunicado emitido el pasado 21 de marzo.
La administración de Kicillof ya tiene juicios activos en Nueva York por u$s366 millones. Las dos demandas presentadas por acreedores de la PBA suman un total de tenencias por u$s2.100 millones (29% del total a reestructurar).
"Nuestros principios básicos piden transparencia, buena fe, una evaluación adecuada de la capacidad de pago y esfuerzos razonables por parte de los gobiernos. 8 provincias cerraron acuerdos así. Mientras tanto, PBA ha fallado 12 veces en su oferta de canje", dicen los acreedores.
La estrategia del juicio
"Las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que el liderazgo provincial haya optado por seguir un curso de confrontación e incumplimiento con sus tenedores de bonos internacionales en lugar de un camino de negociación y compromiso. A largo plazo, el costo verdadero de tal curso no constructivo será asimilado por su población y sus empresas. Sin acceso a capital y con un ambiente de inversión hostil, la creación de empleo, la actividad empresarial y el crecimiento económico seguirán sufriendo", advierten los acreedores.
"Esta lamentable situación ha dejado a los miembros del Grupo, que tienen deberes fiduciarios para con sus propios inversores, sin más opción que ejercer acciones contractuales a su alcance a través de los tribunales de Nueva York", remarca.
"El gobernador Kicillof entiende que, si elige luchar contra los acreedores en Nueva York, disfrutará de una gracia de por lo menos tres años en intereses y pagos de capital antes de que un juez emita un fallo final", afirma un informe de Research For Traders escrito por Sebastián Maril.
El especialista sostiene que las leyes y normas de práctica civil del estado de Nueva York establecen una tasa de interés "atractiva" del 9% para todos los fallos. "Poner fin a un incumplimiento mediante un litigio fue una estrategia utilizada por el gobernador Kicillof cuando era ministro de Economía de Argentina en 2014. ¿Realmente fracasó?", esbozó el paper de RfT.