Guzmán ratificó que financiará la ayuda estatal con la propia inflación y dejó al kirchnerismo con "gusto a poco"
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/532313.jpg)
La expectativa previa le terminó jugando en contra al Gobierno: la primera impresión en el ámbito político es que los anuncios del ministro de economía, Martín Guzmán, dejaron "gusto a poco". La ayuda de $12.000 para los jubilados y la de $18.000 para los monotributistas y trabajadores de la economía informal no califica ni siquiera para ser catalogada como "mini IFE" sino que supone un bono más en la larga saga con la que el Gobierno intenta reparar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más desfavorecidos.
De hecho, los propios funcionarios del equipo económico insistían en que sería incorrecta la comparación de esta ayuda con aquel programa de emergencia, que si se intentara aplicar nuevamente, actualizado por inflación, tendría un costo fiscal de $200.000 millones por cada pago.
En cambio, las medidas que acaban de anunciarse supondrán menos de un tercio de aquella cifra, y en un momento en el que la recaudación tributaria crece en términos reales.
¿Y de dónde saldrán los recursos para pagar esa mejora temporaria? Tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández dieron una pista clara al respecto: la propia inflación será la clave. Más incluso que el nuevo impuesto a la "renta inesperada", sobre el cual se dieron pocos detalles y, hasta ahora, parece más una iniciativa de tipo declarativo destinado calmar los ánimos en la interna de la coalición gobernante.
El Presidente dijo que se podía dar la ayuda gracias al aumento en la recaudación tributaria. Y Guzmán ratificó que la ayuda social no puede implicar un sacrificio a la meta de ajuste fiscal. Se mostró satisfecho, además, de que el déficit para el primer trimestre haya sido de apenas 0,25% del PBI.
Más allá de lo que ocurra con el nuevo impuesto -suponiendo que pudiera pasar la valla del Congreso y de la justicia-, tanto el Presidente como Guzmán dejaron en claro que la ayuda social saldrá de la mejora en la posición fiscal. Y concluyeron que, justamente por eso, es que no se puede poner en riesgo esa senda de equilibrio de las cuentas.
Kirchnerismo con "gusto a poco"
Si el propósito del Gobierno era cortar las críticas del kirchnerismo, el eventual nuevo impuesto a la renta inesperada no parece haber logrado el objetivo.
El anuncio de que se llegaría a un "mecanismo de consenso" para determinar de qué manera las empresas con renta superior a $1.000 millones pueden contribuir al fisco -presuntamente con una mayor alícuota del impuesto a las Ganancias- resultó demasiado difuso como para que el ala más radicalizada del Frente de Todos considere que se trata de un enfrentamiento a los "poderes concentrados".
Es cierto que Guzmán procuró usar en su favor el hecho de que el FMI está recomendando a los gobiernos la suba temporaria de impuestos para empresas con grandes niveles de renta. Pero, por lo que se ha visto hasta el momento, no parece que pueda ser comparable al aporte de las grandes fortunas que se aplicó el año pasado -y con el cual se estuvo especulando en los últimos días-.
Gracias a ese ingreso, Guzmán pudo mantenerse firme en su polémica pública con Cristina Kirchner, cuando tras la derrota de las PASO para las elecciones legislativas, el ministro le contestó que no era cierto que se hubiese recortado gasto público.
El argumento de Guzmán era que, gracias a la reactivación económica, el déficit fiscal decrecía en términos de PBI al mismo tiempo que el gasto público subía para seguir cubriendo las necesidades sociales y financiando obra pública. Una fórmula virtuosa que implicaba ajustar y expandir al mismo tiempo, pero que Cristina nunca terminó de "comprar".
Guzmán y los parches de la caja fiscal
Guzmán sabe que el FMI sólo será inflexible en tres puntos: el refuerzo en las reservas, la reducción del déficit fiscal, el recorte en la financiación monetaria del déficit por parte del Banco Central.
En cambio, puntos como la reducción de la inflación o el recorte en los subsidios a la energía son sugerencias pero no metas propiamente dichas. En otras palabras, no habrá una denuncia de incumplimiento del acuerdo si alguna de esas partes se incumple, y ambas se incumplirán.
Guzmán dirá que su plan original fue alterado por el nuevo escenario global provocado por la guerra en Ucrania, y el FMI le dirá que tiene razón y que deberá "recalibrar" políticas.
La parte que ninguno de los dos admitirá es que la inflación no puede bajar drásticamente porque es el garante de que se pueda cumplir objetivos que interesan a ambas partes. La inflación será lo que ayudará a la reducción del déficit fiscal, como ya lo fue en 2021, cuando ejerció su poder de "licuación" sobre el gasto público -en particular, el gasto jubilatorio-.
Y, además, la misma inflación es lo que permite un incremento real en la recaudación tributaria, dado que promueve una suba nominal del ingreso en las arcas de la AFIP -como afirman los economistas opositores, la principal beneficiaria de la "renta inesperada-, sin que el gasto corra a la misma velocidad.
Al respecto, un dato relevado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía indica que mientras el ingreso fiscal crece a un ritmo de 61,5% interanual, los gastos lo hacen al 50%. En términos reales, esto significa que mientras la caja de la AFIP engorda a un ritmo de 6% respecto de un año atrás, los gastos caen un 1,3%.
Lo cual implica que, al mismo tiempo que realiza el ajuste, Guzmán logra hacerse de recursos para reforzar renglones del gasto público ligados a la asistencia social, algo que le permita aliviar las tensiones internas en la coalición gobernante.
La realidad es que no es la primera vez que Guzmán apela a esta estrategia de hacer un ajuste fiscal por la vía inflacionaria y luego mejorar los planes asistenciales con parte del mismo ingreso fiscal que generó.
De hecho, esa fue la tónica del primer semestre del año pasado, cuando el ministro logró terminar en una situación de cuasi equilibrio fiscal -un rojo de apenas 0,5% del PBI-, mientras la caja de la AFIP engordaba a un ritmo de 68% contra una inflación de "apenas" 50%.
Claro, este año hay una diferencia importante: ahora rige el acuerdo con el FMI, y el trato implica que toda mejora tributaria adicional a la prevista por el Gobierno deba ser usada para avanzar en el equilibrio fiscal y no para financiar gasto público. De manera que, ante la nueva emergencia social generada por la inflación, uno de los objetivos de Guzmán en la negociación con los técnicos del Fondo es que esa cláusula sea flexibilizada, de manera de hacer más sustentable políticamente el programa de ajuste.
El nuevo impuesto nace con fórceps
Es cierto que Guzmán tuvo en 2021 una gran ayuda para mejorar el plano fiscal, en el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que pese a las críticas y amenazas de judicialización terminó recaudando una cifra equivalente a medio punto del PBI.
A pesar de que en el kirchnerismo estuvieron tentados con reeditarlo este año -e incluso hubo un proyecto del diputado Pablo Carro, del Frente de Todos, para dejarlo establecido como impuesto extraordinario durante 10 años para ayudar a repagar la deuda externa-, las probabilidades de aprobación en el Congreso son nulas y, aun cuando fuera aprobado, corre alto riesgo de estancarse en una batalla judicial.
Es por eso que ya desde que se empezó a preparar la estrategia para aprobar el presupuesto -finalmente rechazado- a fines de 2021, se barajaron alternativas que, sin reeditar formalmente el aporte de las grandes fortunas, cumpliera un rol similar.
Luego, el estallido de la guerra en Ucrania y su correlato de alza en los precios de las materias primas reverdeció el reclamo del kirchnerismo por la instauración de un esquema de retenciones móviles.
Pero Guzmán se había comprometido con el FMI a no tomar medidas que resultaran en un desincentivo a la exportación. Sería algo que iría en contra de una de las medidas innegociables del Fondo: la del refuerzo a las reservas del Banco Central, algo que requiere la consecución de un holgado superávit en la balanza comercial.
Fue por eso que -ante la crisis política por las quejas de Cristina Kirchner por un Gobierno que no adopta medidas en situaciones de urgencia- surgió la idea del nuevo impuesto a las "rentas inesperadas".
En principio, sería un impuesto que nace con varios obstáculos a sortear. El primero es el del Congreso, donde la oposición ya anunció que no acompañará ninguna iniciativa que incremente la presión tributaria. El segundo es el de la Justicia, dado que puede haber planteos de inconstitucionalidad basados en que las alícuotas constituirán una confiscación por parte del Estado.
Y luego vendrá el obstáculo que impondrá la propia realidad: ¿el impuesto apuntará realmente a las rentas o a las subas nominales de ingresos? Porque los altos precios del mercado global incrementaron la facturación, pero también los costos de las empresas. Y, además, los productores ya sufren una exacción por la diferencia entre el tipo de cambio oficial -al cual deben liquidarle sus dólares al Banco Central- y el paralelo -con el cual vuelven a fondearse para importar insumos-.
De manera que los anuncios oficiales, al menos hasta ahora, dejan en claro lo que muchos sospechaban: que Guzmán no se apartará de la línea fiscalista a la que se comprometió con el FMI, que usará la misma inflación con la que licúa el gasto para pagar bonos que no resuelven el problema estructural de ingresos. Y que Cristina Kirchner difícilmente haya cambiado de opinión respecto de su último discurso, en el cual advirtió sobre el poco poder que tiene un presidente, "sobre todo si no hacés las cosas que tenés que hacer".