Por qué la Empresa Nacional de Alimentos nace con muy pocas chances de bajar la inflación
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La Empresa Nacional de Alimentos todavía no fue oficialmente anunciada, y hasta hay dudas sobre su concreción. De hecho, nace con muy pocas chances de bajar la inflación, pero ya está cumpliendo objetivos políticamente importantes para el Gobierno.
El primero de ellos es satisfacer un reclamo de su propia base de apoyo político. El célebre pedido "hagan algo" que se popularizó durante la gestión de Mauricio Macri se transformó en boomerang para el gobierno peronista, que ha sentido la crítica interna por no animarse a tomar medidas radicales que afectaran a los "poderes concentrados".
No es el primer intento, claro está. Ya ocurrió con las subas impositivas de diciembre de 2019, con el frustrado intento de estatización de la cerealera Vicentin, con la promoción de cortes de carne a precio popular, con la aprobación de la contribución especial de las grandes fortunas, con las amenazas de aplicación de la ley de abastecimiento, con los cupos y cierres exportadores de maíz y de carne, y con los múltiples programas de precios máximos con fabricantes de productos de consumo y con cadenas de supermercados. Sin contar, claro, con las insinuaciones respecto de estatizaciones en diversas áreas de actividad privada, como la energía.
Ninguna de esas medidas logró resolver los problemas para los que habían sido pensadas, más allá de un efecto mediático de corto plazo. Pero, desde el punto de vista político, logró calmar el nerviosismo de las bases al demostrar que se estaba "haciendo algo"
El segundo objetivo logrado es el de "marcar agenda" y mostrar una recuperación de la iniciativa política, algo que muchas veces el Gobierno perdió por la imposición de los problemas económicos que obligaron a reaccionar ante situaciones de crisis.
Un tercer "logro" de esta iniciativa es el de generar un nuevo mecanismo de presión sobre el sector industrial alimenticio, cuando los métodos tradicionales de acuerdo y contralor de precios parecían ya desgastados, al punto que el propio secretario de Comercio, Roberto Feletti, se lamentó públicamente de que las mismas empresas que firmaban los acuerdos luego no los cumplían.
Lo cierto es que la efectividad de los controles de precios está en uno de sus momentos de mínima credibilidad. Desde la ortodoxia liberal se los ridiculiza con el argumento de que desde que se los aplicó por primera vez en la antigua Roma han fracasado sistemáticamente por querer forzar la ley de oferta y demanda. Y desde la izquierda se los critica por ingenuos, dado que se los ve como una forma poco eficaz de presión sobre los "formadores de precios".
Empresa Nacional de Alimentos, una fórmula vieja
Ahora, tras el impacto de la inflación de enero, que con su 3,9% general y su 4,9% en alimentos parece confirmar los peores pronósticos para el 2022, es el propio Gobierno el que admite que lo que se está haciendo hasta ahora no ha dado el resultado esperado. El propio Feletti fue gráfico al respecto al admitir que "estamos perdiendo la batalla de los productos frescos".
La situación no difiere demasiado de la que se registraba hace un año, pero en ese momento el Gobierno tenía argumentos que hoy son más difíciles de esgrimir: se planteaba que lo que ocurría en Argentina era la "maldición del país exportador de alimentos" que, ante un shock externo por una suba en los precios de las materias primas, sufría el efecto de la "inflación importada".
Ese tema fue uno de los principales debates del verano pasado, y dio lugar finalmente a medidas intervencionistas sobre el sector agropecuario, principalmente el cierre de la exportación de carne.
Pero esa medida, que al principio fue celebrada por el presidente Alberto Fernández y por la vice Cristina Kirchner como el camino correcto para hacer el consumo más accesible a los segmentos de bajos ingresos, se reveló como una mala política. La baja inicial de precios fue transitoria y causada por motivos estacionales, al tiempo que los productores alertaban que hacia fin de año se produciría escasez y una inflación acelerada.
Pero ese argumento fue desechado: "Obvio que si yo tengo vacas quiero poder venderlas a precio dólar, ¿pero qué hacemos entonces, dejamos que nadie coma carne? ¿Les decimos a la gente que no van a poder comer más carne hasta que no tengan los sueldos como en 2015?", se preguntaba Cristina en el acto de cierre del Frente de Todos.
Tres meses más tarde, las profecías de los productores se cumplían: el consumo continuaba en mínimos históricos -por debajo de 50 kilos anuales per capita- mientras los productores calculaban que el stock de vacas bajaba a un ritmo de casi dos millones de cabezas por año, porque los ganaderos, con rentabilidad decreciente, mandaban a faenar animales todavía en condiciones de parir.
Luego de ese revés, el Gobierno intentó otra fórmula tradicional, que había sido aplicada al sector del aceite: un esquema de subsidios cruzados, en el cual los productores de trigo y maíz contribuyeran a un fideicomiso con el cual se otorgaran subsidios a los industrializadores locales. El esquema fue rechazado por los exportadores, que lo consideran ineficiente y lo califican como una suba indirecta de retenciones a la exportación.
Con esos antecedentes sobre la mesa, y cuando en el mundo se vuelve a producir un nuevo boom de precios de alimentos, se vuelve a producir la misma paradoja: el mismo fenómeno que por un lado plantea un alivio porque proveerá un holgado superávit comercial para reforzar las reservas del Banco Central, es visto como una amenaza por su potencial de traer "inflación importada".
Pero ahora, con varias de las recetas tradicionales ya aplicadas con escaso éxito, el Gobierno sintió la necesidad de tomar medidas más extremas.
Alimenticias que se funden en el granero del mundo
El sueño de tener una injerencia directa en el estratégico sector de producción de alimentos había sido acariciado al inicio de la gestión, mediante la intentona de estatizar la cerealera Vicentin, que había caído en default. En aquel momento, Alberto Fernández cometió un error de cálculo político, como él mismo terminó admitiendo: creyó que los pequeños productores perjudicados por Vicentin le agradecerían la creación de la nueva empresa estatal, pero lo que en realidad ocurrió es que la clase media rural sintió amenazado su estilo de vida al ver un avance sobre la propiedad privada.
Lo cierto es que, aun cuando aquella iniciativa se hubiese concretado, el consenso de los expertos indicaba que le habría resultado difícil al Gobierno influir sobre el comercio de granos. Vicentin tenía apenas un 9% de las ventas agroindustriales argentinas al exterior y padecía por un retraso tecnológico en sus instalaciones, lo cual la ponía en situación de desventaja antes los gigantes de capital extranjeros que operan en ese sector.
Pero claro, desde el punto de vista político, la movida tenía su atractivo. En el kirchnerismo duro no faltaban quienes hicieran comparaciones históricas con la Junta Nacional de Granos e incluso con el mítico IAPI con el que Juan Domingo Perón controlaba el comercio exterior. Vicentin fue el sueño frustrado de poner un pie en el negocio agrícola, justo en un momento en el que se acusaba a los productores de guardar en las silobolsas el equivalente a u$s6.000 millones.
El rechazo político hizo naufragar la iniciativa de la estatización pero no trajo respuestas a la gran pregunta: ¿cómo era posible que una empresa alimenticia tuviera semejante crisis financiera en un país que se jacta de ser el "granero del mundo" y que en todos los foros internacionales plantea su capacidad de dar de comer a 400 millones de personas?
Lejos de ser una excepción, la crisis de Vicentin fue apenas un eslabón más en una cadena de situaciones críticas. Antes, habían estado en problemas las lácteas Sancor y Mastellone. Y un gran productor de alimentos como Molinos había vivido en 2017 la situación inédita de mostrar balances en rojo de u$s18 millones por la caída en el consumo del mercado local.
También en esa época hubo números negativos para la azucarera Ledesma, que alegó haber sufrido las consecuencias de la devaluación del peso. Y otro gigante de la alimentación nacional, Arcor, no llegó a tener números rojos en el balance global, pero sí registró déficit en el rubro alimentos en 2018, como consecuencia de la recesión.
Luego, a fines del año pasado, el país se volvía a conmover por la convocatoria de acreedores realizada por Molino Cañuelas, uno de los gigantes del sector harinero y fabricación de alimentos, que no podía hacer frente a una deuda de u$s1.400 millones.
Hubo opiniones variadas respecto de las causas de esas crisis, pero en su mayoría apuntaron a motivos externos a la industria. Es decir, los empresarios siguen argumentando la competitividad de la producción local, pero se quejan del intervencionismo político, que los lleva a reducir márgenes de rentabilidad a través de impuestos altos, desincentivos a la exportación, exceso de regulaciones, volatilidad cambiaria y controles de precios.
Cambiando el foco del debate
Entre los primeros efectos políticos de la Empresa Nacional de Alimentación figuraba también, naturalmente, la reacción de los políticos opositores. Era algo que estaba dentro del cálculo del Gobierno, que ahora entrará en una polémica respecto de si la iniciativa es comparable con la experiencia chavista de la PDVAL, una empresa estatal formada para combatir la escasez y la inflación, un cometido en el que fracasó notablemente.
Por lo pronto, los dirigentes opositores ya están expresando sus mayores temores respecto de la nueva idea del Gobierno. El primer punto fue la creación de una nueva estructura burocrática que implique un mayor costo para las arcas estatales, con nulas chances de operar eficientemente en un segmento en el que hay empresas privadas de larga trayectoria.
El segundo temor planteado es la posibilidad de que la nueva empresa asuma como cometido el trabajar a pérdida -en realidad, que se transforme en un esquema de subsidios a productores- para tratar de combatir la suba de precios con mayor gasto público.
Y también se ha insinuado que, ante la derrota en la lucha contra la inflación, esta empresa pueda servir como forma indirecta de tergiversar las estadísticas, si se fuerza al Indec a tomar como referencia los precios testigo del nuevo ente estatal, por más que la producción sea de distribución limitada.
En definitiva, también esas discusiones son funcionales al objetivo político del Gobierno, porque sacan del centro del debate un tema fundamental: la confusión conceptual entre precios altos e inflación. Hay países muy caros que tienen inflación cero, e incluso deflación, mientras que hay países con alta inflación pero donde los precios son bajos en términos internacionales.
En la Argentina de hoy ocurren los dos fenómenos, pero hubo otras épocas en que la inflación convivió con un alto nivel de consumo, como en el segundo mandato de Cristina Kirchner.
Ahora, el consumo de alimentos en Argentina cae por el bajo poder adquisitivo de los salarios, que a su vez es consecuencia del bajo índice de inversión y crecimiento. Y la inflación es reflejo de la financiación monetaria del gasto público. Sin ir más lejos, en diciembre se emitieron $685.000 millones para cubrir el rojo fiscal, algo que recién ahora se está notando en las góndolas.
Y es difícil que una nueva empresa estatal pueda impactar sobre ese fenómeno monetario. En cambio, sí tiene el potencial de cambiar el eje de la discusión política. Algo que, de hecho, ya está ocurriendo.