Argentina "planera": cuántos argentinos reciben un cheque del Estado y quiénes manejan los planes sociales
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Este jueves, un anuncio del Gobierno generó un shock en los movimientos sociales. El ministro de Desarrollo Social, Juan "Juanchi" Zabaleta, confirmó que "no habrá más altas de planes sociales" solventados por el Estado Nacional. Además, antes movilizaciones que reclaman mayor asistencia social, subrayó que su administración no permitirá "extorsiones" y aseguró que los planes se transformarán en "trabajo genuino". En este contexto, cabe preguntarse cuántos planes sociales se pagan en la Argentina y con qué presupuesto cuentan los diferentes programas.
La asistencia que el Estado da a millones de argentinos, viene siendo cuestionada ya desde fines del año pasado, cuando la pandemia empezó claramente a aflojar. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había afirmado que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción. De acuedo con Massa, el nuevo esquema permitirá emplear a "casi un millón de argentinos y argentinas".
"Los planes sociales son un invento argentino, como el dulce de leche o el colectivo", grafica el director del instituto IDESA, Jorge Colina, quien explica que ese esquema de subsidios que llega mensualmente a un piso de 3 millones de personas, no existe en otros lugares del mundo.
En medio de la polémica, el Gobierno busca transformarlos en empleo genuino. Es una intención compartida por casi todos los sectores políticos, pero su implementación, en un escenario dramático con 40% de pobreza, parece imposible.
"Los planes sociales rondan los 3 millones y el objetivo de transformarlos en empleo es muy complicado, porque la mayoría de los beneficiados no pudo completar la escolaridad, y esto hace que sean imposible de emplear por el sector privado", advierte Colina, en diálogo con iProfesional.
Y lamenta que en dos décadas de existencia, el Ministerio de Desarrollo Social "se especializó en distribuir planes asistenciales discrecionalmente. Sirvió sólo para fomentar movilizaciones y usar la pobreza con fines electorales. Para dejar de manipular a los pobres y aportar soluciones, hay que cambiar estructuralmente la estrategia".
De acuerdo con un reciente estudio de IDESA, publicado a fines de 2021, en el universo de planes, los dos centrales son el Potenciar Trabajo, con 1.100.000 beneficiarios, y los alimentarios, que superan los 1.700.000. No son las únicas ayudas directas que otorga el Estado, pero sí las que, según los especialistas, constituyen "planes sociales" puros, en buena medida porque pueden eliminarse en cualquier momento y son muchas veces materia de negociación con las organizaciones sociales o piqueteras.
Durante el año pasado, unos 28 millones de ciudadanos recibieron ingresos monetarios directos de parte del Estado nacional. De ese total, más de 12 millones reciben prestaciones sociales.
Unas 9 millones las paga la ANSES, e incluyen la asignación por hijo (AUH), que ronda los 4,5 millones de beneficiarios, las jubilaciones otorgadas sin respaldo de aportes, 3,5 millones; y las pensiones no contributivas, con un millón de beneficiarios.
Colina señala que "los planes sociales, que comenzaron siendo 800 mil hace dos décadas, hoy son 3 millones".
Las transferencias directas que mensualmente realiza el Estado terminan superando los 20 millones, si se suman más de 4 millones de empleados públicos y unos 3 millones de jubilaciones contributivas.
Plan social por trabajo
El presidente Alberto Fernández también ratificó en 2021 la pretensión de convertir a los planes sociales en empleo. Con ese objetivo, la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun presentó el proyecto de "Programa integral más y mejor trabajo argentino".
El objetivo es promover nuevos puestos laborales "incentivando la contratación de trabajadores que reciben programas sociales".
El texto promueve que el Estado otorgue el monto total de cada programa social al empleador de la totalidad de trabajadores registrados de manera directa y automática.
La iniciativa alcanzaría a quienes perciben programas del Ministerio de Trabajo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo y/o los que en el futuro los modifiquen o reemplacen.
También incluye entre los beneficiarios a quienes perciben el Programa Progresar, Potenciar o programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social, y a quienes estén inscriptos en el marco de ferias de empleo y hayan participado de un proyecto de Entrenamiento para el Trabajo.
Colina es pesimista sobre ese tipo de iniciativas: "Con los adultos será muy difícil que obtengan empleo, hay que apuntar a los hijos para que no repitan la historia", dice.
El especialista alerta además sobre las dificultades que tienen las empresas para contratar empleados en la Argentina.
"Por un lado, muchos no han terminado la secundaria, un requisito esencial para la empleabilidad, como se vio recientemente con el caso de la automotriz Toyota. Por el otro, emplear una persona es muy caro. Contratar un trabajador en blanco cuesta unos 70 mil pesos mensuales. Y si el trabajador no rinde, indemnizarlo sale carísimo. Al cuarto mes hay que pagarle dos salarios y medio. Por eso las empresas son tan selectivas", explica.
Por eso, Colina cree que los planes sociales actuales "llegaron para quedarse" y recomienda apuntar a que los hijos de quienes perciben esos beneficios "puedan completar su educación formal, para no repetir la historia".
Respecto de los recientes números informados por el INDEC sobre pobreza, Colina llama la atención sobre el piso del 40% que se mantuvo: "Es igual que la primera mitad del año pasado cuando la gente estaba confinada, lo que provocó la pérdida de 3 millones de empleos informales. Este año parte de esos empleos se fueron recuperando. Pero eso no los sacó de la pobreza. Obtienen dinero apenas para comprarse el 60% de la canasta básica, ese número no cambia", alerta.
Cada vez más presupuesto
El Gobierno gasta más de $800 millones por día en planes sociales, y en 2021 reforzó partidas destinadas al Ministerio de Desarrollo Social para el Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar.
Se estima que a fines del año pasado se transfirieron unos $ 300.000 millones para hacer frente a estos planes.
Dentro del Ministerio, el área de Políticas Alimentarias maneja más de $120.000 millones anuales, y está a cargo de la secretaria de Inclusión Social, Laura Valeria Alonso, uno de los cuadros políticos de La Cámpora, que coordina también la relación con los comedores escolares.
La Cámpora ya tiene bajo su órbita la estratégica ANSES, a cargo de Fernanda Raverta, una dirigente que estuvo en el grupo de los "renunciantes" tras la derrota en las PASO, pero fue elogiada por Alberto Fernández por su capacidad de trabajo.
El otro plan social clave, Potenciar Trabajo, tiene un presupuesto superior a los $ 110.000 millones. Sobre el manejo de esos fondos talla la Secretaría de Economía Social a cargo del líder piquetero Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita, que lanzó una rápida movilización a Plaza de Mayo en defensa de Alberto Fernández tras la dura carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner que reclamó cambios en el Gobierno hace apenas un par de semanas.
Pérsico considera que la tarjeta Alimentar es "pan para hoy y hambre para mañana", y reclamó programas que promuevan mayor inclusión laboral.
Consultadas por iProfesional, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron que el programa Potenciar Trabajo alcanza a 1.100.000 beneficiarios y aclararon que las trasferencias se hacen "en forma directa" a la CBU bancaria de la caja de ahorro de cada persona, al rechazar de plano que haya manejos políticos.
Y señalaron que entre las entidades que controlan la ejecución de los programas no sólo hay movimientos sociales, sino que también está Cáritas, y gobernaciones y municipios que cuentan con unidades ejecutoras en las que realizan tareas quienes perciben el Potenciar Trabajo. Son tareas de alrededor de 4 horas, muchas vinculadas con pequeñas obras o construcción de materiales.
El gasto destinado a planes sociales subió 30% en octubre de 2021 y luego volvió a ampliarse, dado que está atado al Salario Mínimo, que luego subió.
Según los datos del presupuesto del Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social dispuso para el 2021 de $350 mil millones. La asignación que se hizo de este monto es la siguiente:
• Aproximadamente el 50% se destina a las tarjetas alimentarias con 1,7 millones de beneficios.
• Un 41% se aplica al plan Potenciar Trabajo que cuenta con 1,1 millón de beneficios.
• Del restante 9%, 1% son otros programas asistenciales y el 8% es el gasto administrativo del Ministerio.
"Estos datos muestran que el Ministerio de Desarrollo Social es un administrador marginal de planes sociales. Cuenta con una enorme estructura burocrática, concentrada en CABA, que cuesta unos $23.000 millones anuales en gastos de edificios, salarios y otros insumos. Pero en la selección de los beneficiarios, a diferencia de ANSES, aplica la discrecionalidad y la ´privatización´ de la función en las organizaciones sociales. Por eso, no sorprende que sea una poderosa fuente de movilizaciones y protestas basadas en la manipulación de la gente", cuestiona un informe de IDESA que directamente plantea "cerrar" esa cartera.
¿Qué hacer con los planes?
Según pudo confirmar iProfesional, es la propia vicepresidenta Cristina Kirchner quien está motorizando con fuerza reconvertir parte de los planes sociales en empleo.
"Con los planes no alcanza", se la escuchó advertir en una de las oficinas del Instituto Patria. Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados oficialistas, incluso los considera "agotados". "Hay que reconvertirlos en empleo o no se sale más", es el mensaje que llega desde la oficina del hijo de la vicepresidenta.
Como se mencionó, Massa ya confirmó que el Poder Ejecutivo enviará este jueves al Congreso el proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción.
El programa "A construir" que impulsa el Gobierno tiene como meta "el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados", con prioridad para "beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo".
Una de las claves de que la pobreza no ceda a pesar del abanico de planes, radica en la inflación. Por el alza de precios, el poder de compra de la AUH cayó 23% en los últimos dos años, según un informe de la consultora Invecq.
Así, en la Argentina la carrera ya no sólo es entre precios y salarios, sino que los subsidios sociales también pierden fuerte frente a las remarcaciones, sobre todo teniendo en cuenta que, en la canasta de los sectores más postergados, lo que más pesan son los alimentos, que encabezan las alzas.
- Por José Calero