El Gobierno analiza aplicar más impuestos a las viviendas vacías para bajar precio de alquileres
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En medio de una disparada de los precios de alquileres, el Gobierno analiza diferentes medidas para incrementar la oferta de propiedades y así contener los valores de los alquileres.
En este contexto, este miércoles se realizó la primera reunión de la mesa de trabajo para abordar la situación de los alquileres en el país, que encabezó el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, y contó con la participaron representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de diversas áreas. Y una de las medidas que más resonó fue la posiblidad de aplicar más impuestos a las viviendas ociosas.
Según trascendió, en la Ciudad de Buenos Aires se constataron aumentos de hasta el 70% a partir de 2022 en los nuevos contratos de alquiler.
En paralelo, un informe de Reporte Inmobiliario consignó que mientras el índice de precios se incrementó un 50,7% en los últimos doce meses, el valor de los alquileres subieron, en promedio, casi 8 puntos por encima.
Todo esto, como consecuencia de la Ley de Alquileres 27.551, que fue sancionada a mediados del 2020 por el Senado con la finalidad de proteger a los inquilinos de posibles abusos pero que terminó jugándoles totalmente en contra.
De hecho, desde el Colegio de Martilleros porteño pidieron al Gobierno la revisión urgente de la Ley de Alquileres y su inmediato tratamiento en las sesiones ordinarias de marzo.
Alquileres: falta oferta y previsibilidad
Para Feletti, el escenario actual se caracteriza por el hecho de que "el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar, y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato".
Con ese fin, el objetivo de la reunión fue plantear diferentes iniciativas para intentar resolver las principales problemáticas que enfrentan hoy los inquilinos: la falta de oferta de viviendas y la incertidumbre existente sobre el precio de los alquileres.
Uno de los presentes, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, informó a iProfesional que "lo que busca el Gobierno es agregar oferta al mercado de alquileres". Y explicó que, ese tren, se contempla la posibilidad firme de aplicar nuevos impuestos a aquellos propietarios que tienen viviendas vacías sin alquilar, mientras que, por otro lado, se estudia también la posibilidad de dar beneficios tributarios a aquellos que sí las tienen rentadas.
Según el último censo Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), que se realizó en 2010, había 570.000 propiedades vacías en la Argentina sobre un universo total de 4 millones existentes y, aunque se esperan los datos del próximo relevamiento pobalcional que se realizará este año para actualizar el estado de situación, este dato se cruza con una situación de escasa oferta de alquileres que registran inquilinos, el sector de real estate y las inmobiliarias en Argentina.
El pedido concreto surgió de Inquilinos Agrupados, que exigió la aplicación de un impuesto a la vivienda vacía, particularmente para quienes tengan más de una propiedad. Además, solicitaron la creación de un programa de alquiler social.
En ese sentido, se propuso realizar análisis de la cantidad de inmuebles que tenga cada propietario y estudiar las razones por las cuales no les da uso. Una vez realizada esa evaluación, se determinaría si tiene que pagar cargas extras por esas propiedades o terrenos ociosos o no.
Bennazar dijo que "otra de las cuestiones que se analiza es la posibilidad de lanzar un blanqueo de las unidades usadas y también se prevé la posibilidad de que se firmen contratos de alquiler por un año en el caso de unidades nuevas, lo que soluciona en un principio la variable de incertidumbre para el propietario". De esta manera, se bajaría el plazo mínimo que fijó la última ley, que es de tres años.
Asimismo otro de los objetivos del Gobierno es construir casas sin que el sistema financiero sea el eje para resolver la cuestión de la adjudicación de la vivienda, sino que ahora sea el Estado el que lo haga, con programas como Casa Propia.
Feletti pidió colaboración al sector inmobiliario
Feletti pidió a todas las organizaciones y asociaciones presentes que envíen a la brevedad sus propuestas. Una vez que las mismas sean recibidas por la Secretaría de Comercio Interior, "vamos a procesarlas, las vamos a circular entre todos y todas, se las vamos a comunicar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y luego vamos a volver a convocar a una reunión" manifestó.
Por otra parte, el funcionario resaltó que "una vez alcanzado el consenso entre las partes sobre el conjunto de propuestas a implementar, la Secretaría las va a viabilizar, trabajando con las autoridades pertinentes, siempre con el objetivo de incrementar la cantidad de viviendas y facilitar el acceso a las inquilinas y los inquilinos". Y destacó que "el alquiler es una parte de la política de vivienda y tiene que ser accesible".
En este sentido, Bennazar señaló que "no hay que tocar más el mercado tirando cuestiones sin analizar; por eso, es muy importante la convocatoria y que los equipos técnicos analicen bien las propuestas para poner en práctica lo mejor para inquilinos, propietarios y todas las partes del mercado".
Cabe recordar que esta iniciativa va de la mano con la revisión que se busca realizar de la Ley de Alquileres, que data de 2020 y, según explicó el representante del sector inmobiliario, "fue el principal motivo que trabó la construcción de viviendas para alquiler porque los inversores de nuevas unidades no lo ven más como un negocio".
Uno de los problemas principales es la baja rentabilidad anual, que hace que siete de cada diez propietarios no respeten la ley y apliquen incrementos que se ubican por encima de la inflación.
Así, queda claro que, al revés de lo que se esperaba, la Ley de Alquileres no ayudó a que los precios se estabilizaran y la normativa resultó de muy difícil aplicación, sobre todo teniendo en cuenta que, según las asociaciones de inquilinos, hay cerca de 4 millones de viviendas rentadas y en AFIP solo hay inscriptas alrededor de 200.000.
Esto hizo que el precio de los alquileres continuara en aumento, con incrementos registrados muy por encima de la inflación. En ese contexto, desde el año pasado, el Gobierno nacional comenzó a analizar una medida para evitar subas desproporcionadas e injustificadas y lo primero de lo que se habló fue de la implementación de un impuesto alto a los que tienen una vivienda ociosa.