¿Guzmán lo hace a propósito?: salarios fijos en dólares y más inflación para licuar gasto
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Los detalles del plan económico que la oposición le reclama con insistencia al Gobierno empiezan a revelarse en las entrelíneas de las definiciones que van realizando los funcionarios. En los últimos días, surgieron pistas importantes respecto de cuáles serán los objetivos en materia de precios, salarios y tipo de cambio.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, blanqueó que la meta con la que se trabajará oficialmente en las paritarias será el 40%. Con esa cifra en mente se definirá la actualización del salario mínimo -que, a su vez, influye en los programas de asistencia social- y, sobre todo, será la referencia a la hora de ajustar los salarios públicos -que, por su parte, influyen sobre la fórmula de indexación jubilatoria-.
Y, en sugestiva coincidencia, desde el Banco Central se aceleró la tasa devaluatoria a un ritmo que, si se proyecta anualmente, se ubica en torno al 40%. En otras palabras, se deja entrever que un objetivo estratégico será el de mantener esas erogaciones incambiadas en términos de dólares, uno de los datos fundamentales en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Esa estrategia gana importancia después de que en 2021 se registró una "inflación en dólares" del 25%, como consecuencia de haber recurrido a la clásica herramienta del ancla cambiaria en un intento de moderar las subas de precios.
Ahora, el FMI ha recomendado especialmente que no haya un agravamiento del atraso cambiario. Pero las estimaciones de los economistas apuntan a que será difícil que el deslizamiento de la cotización del dólar pueda acelerarse demasiado sin generar a su vez una escalada en la inflación.
De manera que el escenario que aparece posible para el equipo económico es de una parte del gasto público evolucionando a la par del tipo de cambio, mientras la recaudación tributaria lo hace en consonancia con una inflación más alta.
El Gobierno aspira a repetir, gracias a los altos precios de commodities a nivel global, un holgado superávit de la balanza comercial, en torno de los u$s10.000 millones, que a su vez impactará en la recaudación fiscal, dada la creciente importancia de las retenciones a la exportación agrícola en la caja de la AFIP.
Buscando el ancla salarial
Para lograr ese objetivo, resulta clave que no haya "desbordes" en las negociaciones salariales, en particular las de los empleados estatales. No por casualidad, el ministro Martín Guzmán enfatiza en la necesidad de un acuerdo de precios y salarios que sirva como ancla de las expectativas inflacionarias. Y, en ese marco, el ministro no ha ahorrado elogios hacia la "actitud responsable" de los dirigentes sindicales que han mantenido sus reclamos dentro de los márgenes sugeridos por el Gobierno.
Pero esa contención resulta cada vez más difícil. Guzmán cuenta en su contra la experiencia del 2021, cuando convenció a los sindicatos de cerrar acuerdos en torno al 35% porque la meta oficial de inflación era de 29%. Cuando quedó en evidencia lo errado del pronóstico oficial -algo que ocurrió antes que terminara el primer semestre, ya empezaron los reclamos para las reaperturas de las negociaciones, con casos donde hubo hasta dos revisiones por inflación.
En el caso particular de los empleados públicos, que venían de una pérdida salarial real de 24% acumulado en los dos años previos, el Gobierno prometió que no volverían a ser la variable de ajuste. Y como garantía de ello, el ministro Moroni garantizó que habría revisiones cuando la meta inflacionaria oficial fuera superada.
La realidad, sin embargo, marca que hubo una pérdida. Porque si bien en la medición "de punta a punta" los estatales tuvieron una recuperación de 2,7%, cuando se mide el promedio anual -que es el que marca en términos reales la capacidad de compra- hubo una caída. Según estima la consultora Ecolatina, la caída llegó a 2,7%, lo que implica una pérdida en los ingresos por cuarto año consecutivo.
Peor fue la situación de las jubilaciones, que pese a una mejora nominal que superó la inflación, tuvieron en realidad una mejora promedio del 38%, lo que implica una caída del 9%.
El costo oculto de bajar la inflación
Esta es la situación por la que, tanto desde la ortodoxia económica como desde el kirchnerismo, se ha acusado a Guzmán de utilizar la inflación como uno de sus principales rubros de recaudación de impuestos. Dicho en otras palabras, que aprovechó el efecto de "licuación" sobre el gasto público.
La situación ha llegado al extremo de que algunos expertos han insinuado que las proyecciones del ministro subestiman adrede la inflación prevista, para acentuar ese efecto licuador. Uno de los analistas más explícitos al respecto fue Carlos Melconian, quien afirmó que "el Gobierno necesita a la inflación para que le haga el trabajo sucio de licuar el gasto público que no se anima a recortar". Y en base a esa afirmación insinuó que no hay una verdadera decisión de frenar el ritmo inflacionario, porque eso "le crearía un problema".
Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, le puso números a la táctica de Guzmán: "Con dos tercios del gasto primario indexado, cada 5 puntos de merma en la inflación dispara un aumento de erogaciones de 0,3 puntos del PBI".
Esto implica que si se cumpliera la meta oficial de bajar la inflación hasta el rango de 40%, eso le agregaría al ministro una presión fiscal extra de 0,7 puntos, una cifra enorme si se tiene en cuenta que Guzmán celebró públicamente que el FMI sólo le había exigido un recorte fiscal de medio punto.
Además, los economistas son escépticos en cuanto a la eficacia que una suba de las tasas de interés pueda tener para frenar la inflación en este contexto, y advierten que puede engordar el déficit "cuasifical" -es decir, el del Banco Central-.
Suspicacias sindicales
Claro que para que se cumpla el objetivo, se requiere que por segundo año consecutivo las gremiales confíen en las proyecciones oficiales del Gobierno, algo que se está revelando complicado. Por lo pronto, ya hay gremios que están planteando mejoras superiores al 50% para la nueva paritaria.
En lo que respecta al segmento de los trabajadores estatales -unos 200.000 que dependen de la administración central pero más de tres millones si se computan los empleados de provincias, municipios y entes autónomos-, se acaba de firmar un acuerdo que mejora el 40% de incremento concedido en octubre pasado. De esta manera, se cierra la paritaria de 2021 con una mejora de 54% "entre puntas".
Sin embargo, los sectores críticos de la dirigencia gremial aseguran que se está lejos de haber logrado una "victoria sobre la inflación". Recuerdan que la mejora se aplica sobre un nivel salarial que en mayo pasado estaba en uno de sus puntos históricos más bajos. Y que el efecto de que la mejora haya sido en siete cuotas implica una pérdida de poder de compra en el promedio.
Ahora, con el nuevo acuerdo, la categoría testigo del convenio mayoritario pasará a un sueldo de $58.998, algo que motivó las críticas dentro de la agremiación ATE, por ubicarse un 22% por debajo de la canasta de pobreza que publica el Indec.
De manera que los dirigentes sindicales están recibiendo una presión creciente por parte de sus bases para endurecer el reclamo cuando llegue el momento de reabrir la paritaria. Para mayo próximo, si se cumplen las proyecciones de los economistas privados, la inflación ya habrá superado un acumulado de 21%, lo cual hará parecer como un pequeño parche el 14% en dos cuotas que se acaba de firmar.
El ministro Moroni deberá extremar su capacidad negociadora para seguir sosteniendo su argumentación de que no habrá pérdidas reales contra la inflación si se toma una base del 40%.
Acaparando crédito
Mientras tanto, Guzmán sigue dando señales en otros planos. Por ejemplo, en el de la toma de deuda en el mercado local para financiar el gasto público, uno de los puntos donde también se percibe escepticismo de parte de los economistas, que dudan sobre la capacidad del ministro para reducir bruscamente su dependencia del Banco Central -cuya asistencia al Tesoro pasará en un año desde el 3,7% al 1% del PBI-.
En los últimos días, su llamado a licitación ante un nuevo vencimiento de bonos fue la oportunidad para demostrar que el mercado le respondió positivamente cuando salió a fondearse. En números, logró "rollear" la deuda por un 169% en el arranque del año.
Pero también detrás de las buenas noticias se esconden luces amarillas: los economistas advierten una marcada preferencia por títulos ajustables por CER, lo que deja entrever un empeoramiento en las expectativas inflacionarias por parte de los inversores.
En la última operación, la demanda por estos títulos indexados fue el 70% del dinero que consiguió Guzmán. Otra demostración de que pocos confían en que la "normalización" de la economía bajo el nuevo acuerdo con el FMI tenga como pilar una caída de la inflación. Una inflación que, por ahora, es percibida como la herramienta más eficaz -tanto económica como políticamente- para cumplir la promesa de achicar el rojo fiscal.
Por otra parte, empiezan a escucharse las voces de preocupación en el ámbito empresarial, en el sentido de que el apetito de Guzmán por la deuda en pesos terminará desplazando definitivamente al sector pyme, al que se le dificultará aun más el acceso al crédito bancario.