Bienes Personales: el Gobierno salvó su "matriz tributaria progresiva" y ¿ahora festeja Uruguay?
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La votación de la Cámara de Diputados sobre el impuesto a los Bienes Personales tuvo un gusto a revancha para el Gobierno, no tanto en términos económicos como en el político, porque ahora puede defender con más solidez el discurso sobre el mayor castigo a los individuos de mayores ingresos.
Más concretamente, el aproximadamente 16.000 "ricos" que pagará mayores alícuotas del impuesto mientras unos 445.000 contribuyentes de clase media quedarán exentos del pago si tienen bienes por menos de $6 millones -u$s30.000 al tipo de cambio paralelo-.
En realidad, el debate de Bienes Personales siempre significó, para el kirchnerismo, algo que trascendió una mera cuestión de caja tributaria: conllevó, además, una carga ideológica. Porque este es el impuesto sobre el cual se basa la "matriz tributaria progresiva" con la que insistieron los candidatos oficialistas en la campaña para las últimas legislativas.
"En el Gobierno siempre piensan primero en Bienes Personales cuando hablan de progresividad. Somos uno de los únicos países con impuesto al patrimonio basado en los bienes; en el mundo debe haber unos 15 países que lo aplican. Otros gravarán la herencia. Y no se aplica mucho en el mundo porque se supone que es un impuesto que castiga la inversión", apunta uno contador de lo que más consultas reciben por parte de contribuyentes de alto patrimonio.
La previsión oficial en el rechazado proyecto presupuestario de Martín Guzmán era que, por esta vía, se recaudaran en 2022 unos $411.000 millones.
¿Es mucho o es poco? Según cómo se mire: en el total de la "torta" que recauda la AFIP es una cifra relativamente menor, porque significa un 3,4% de los recursos tributarios -sin contar las cargas del sistema de seguridad social-. Eso lo transforma en una suma pequeña frente a rubros como el IVA -que se proyecta como un 37% del total- o de Ganancias, que aporta un 28%, o de las retenciones a la exportación agrícola, que deja en las arcas estatales el 9,5% del total recaudado.
Sin embargo, tampoco es un impuesto para menospreciar. De hecho, es el que, en el cálculo de Guzmán, tenía previsto una de las mayores tasas de crecimiento, con un 57%, bien por encima del promedio de 42%. Como el ministro está proyectando una inflación de 33%, esto implica que Bienes Personales estaba pensado como uno de los rubros de mayor crecimiento en términos reales, con un 18% de suba.
Entre el "shock redistributivo" y la confiscación
Pero tal vez la mayor importancia de Bienes Personales era que, para el Gobierno, suponía una forma de compensar el hecho de que el año próximo no se podrá volver a aplicar el aporte extraordinario a las Grandes Fortunas. Ese impuesto de única vez, aprobado con el argumento de la emergencia social que imponía la pandemia, le dejó a la AFIP $242.000 millones, con lo cual el fisco tuvo un "oxígeno" equivalente a medio punto del PBI.
Fue tan importante ese aporte que, en un momento, se llegó a insinuar que en el Gobierno se quería reeditar el aporte para 2022. Pero finalmente se desechó la idea, ante el rechazo de los expertos tributaristas que señalaron que, además de la pésima señal política a los inversores, la medida sería pasible de ser recurrida en la justicia.
Fue en ese marco que, en el debate interno del Gobierno sobre cómo financiar el gasto público, hubo sectores que reclamaron una "mayor progresividad". La argumentación era la necesidad de generar un "shock redistributivo", de manera de evitar que se repitiera la situación de 2021, cuando pese a una recuperación de la economía del 10%, los sectores de bajos ingresos no lograron incrementar sus niveles de consumo.
La creación de nuevos impuestos a tal efecto lucía complicada desde el punto de vista político y jurídico. De hecho, ya la implantación del aporte a las Grandes Fortunas había sido cuestionada con el argumento de que se duplicaba con el impuesto a los Bienes Personales, y que los países que habían implantado tributos especiales por la pandemia no contaban con impuestos que gravaran el patrimonio.
Ante esa situación, había dos impuestos que aparecían como los grandes candidatos para incrementar la recaudación y ayudar a esos efectos redistributivos: Bienes Personales y las retenciones a la exportación de sectores que estaban viviendo un boom de precios en el mercado global-.
Era algo que se veía venir desde hacía tiempo. Y no por casualidad, los contadores de los estudios más relevantes comentaban que el tema de mayor insistencia en las consultas de los clientes era qué ocurriría con Bienes Personales.
Era una preocupación de los que habían sufrido la suba de la alícuota desde 1,25% hasta 2,25% para los bienes radicados en el exterior. Y, aunque la norma tendría dos años de duración, todos daban por obvio que el Gobierno trataría de extenderla, lo que efectivamente ocurrió en el proyecto original de presupuesto que confeccionó Guzmán.
Sin la modificación de la ley, el fisco iría percibiendo una suma decreciente porque se volvería a las tasas anteriores. Por eso el Frente de Todos puso todo su esfuerzo político -incluyendo el "apriete" a los gobernadores provinciales- para tratar de reflotar las modificaciones en Bienes Personales que habían quedado sin efecto con la caída de la ley de Presupuesto.
Y, tal como se venía advirtiendo, los expertos tributaristas creen que un primer efecto de lo decidido en Diputados -si finalmente es convertido en ley por el Senado- será una ola de recursos legales.
"Bienes Personales con una alícuota del 2,25% es un disparate, porque se vuelve un impuesto confiscatorio, al absorber toda la renta de los bienes que están gravados", comentó el tributarista César Litvin, en referencia a uno de los puntos más controvertidos que introdujo el oficialismo: la extensión de la tasa máxima para los bienes en el exterior cuyo valor supere los $18 millones -u$s180.000 al tipo de cambio oficial-.
Efecto fiscal neutro y… ¿festeja Uruguay?
El argumento central del oficialismo fue la necesidad de compensar la pérdida de ingresos que pondría la suba del "mínimo no imponible" -0,4 puntos del PBI, en los cálculos del Gobierno-, de manera de no comprometer el compromiso de reducción del déficit fiscal.
Pero ese discurso "fiscalista" fue duramente criticado por una oposición que acusa al peronismo de todo lo contrario, es decir de querer fogonear el gasto público y no tener otra herramienta que la presión sobre el sector privado.
Por eso, la argumentación de que habrá un resultado fiscal neutro -la suba de las alícuotas aportarían un monto equivalente al que se perdería por la disminución en la cantidad de contribuyentes- no pareció conmover a la bancada legislativa de Juntos por el Cambio, que se había comprometido a no votar nuevas subas de impuestos.
"No hay ajuste más brutal que el que se produce por la reducción del capital humano y físico. difícilmente haya una medida más reaccionaria y que cree costos mayores a la sociedad que esta brutal suba de impuestos", advirtió el diputado Ricardo López Murphy.
Mientras que su colega Luciano Laspina argumentó que la iniciativa del oficialismo era "una gran noticia para Uruguay, que se está llevando todos los altos patrimonios de la Argentina". La referencia del diputado era al incentivo que el país vecino genera para quienes se cambien de domicilio fiscal -ofrece diez años de exención al patrimonio- y que ya provocó un éxodo de empresarios de alto perfil, como Marcos Galperin y Gustavo Grobocopatel.
Los números parecen darle la razón: una estadística migratoria que se acaba de conocerse en Uruguay indica que la cantidad de argentinos que pidieron la radicación aumentó un 230% en 2020 y otro 73% este año. Los argentinos ya representan el 85% de los pedidos de radicación en el país vecino, cuando hace tres años apenas eran un 13%.
La polémica por el "apriete" de Massa
En realidad, la argumentación fiscalista del Gobierno ya había sido cuestionada por economistas, que afirmaban que la disminución en Bienes Personales podría ser compensada por un mayor nivel de inversiones y actividad económica, lo cual se traduciría en mayores ingresos por el IVA, entre otros tributos.
También fueron objetados los cálculos que había divulgado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien había advertido sobre una disminución de $76.000 millones en el monto coparticipable a las provincias si no se permitía aumentar la alícuota de Bienes Personales.
Expertos del Iaraf habían estimado que el costo fiscal anual sería de $31.500 millones, de los cuales la pérdida para las provincias sería de $18.585 millones.
Pero, más allá de las desavenencias en cuanto a los números, había una discrepancia de fondo: como nadie tomaba como válida la proyección inflacionaria de Guzmán, había una expectativa generalizada de que la recaudación tributaria estaría en 2022 muy por encima del monto oficialmente previsto. Y que, de esa manera, al haber un excedente tributario, la obra pública en las provincias podría realizarse con financiación directa del Poder Ejecutivo, como suele ocurrir en los años donde no hay presupuesto o cuando se realizan agregados y modificaciones en el correr del año.
De todas formas, el Gobierno decidió jugar fuerte en el plano político y les advirtió a las provincias que, de prosperar la postura opositora, tendrían que recortar sus propios presupuestos y dejar de lado planes de infraestructura, una actitud a la que Juntos por el Cambio calificó como "apriete".
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En todo caso, fue sugestivo el "timing" de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con todos los gobernadores aliados del Gobierno, que asistieron a una reunión en Olivos, justo cuando el debate parlamentario por Bienes Personales estaba dando inicio en el Congreso.