La otra gran obsesión de Alberto rumbo a los comicios: bajar la conflictividad social y contener a los gremios
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En la Argentina de la crisis económica extendida -este 2021 podría ser el cuarto año consecutivo de pérdida del poder adquisitivo- el escenario resulta conocido. También muy preocupante, en medio de la pandemia. Miles de personas marchan a diario con sus reclamos para exponer en público su propia crisis, pero con poco respeto hacia el virus. Está claro que el Gobierno perdió todo control de la calle. Que los reclamos se suman semana tras semana.
Muchos de los que convocan a las movilizaciones son ajenos a la órbita del Gobierno: grupos de izquierda o "piqueteros" con poca o nula relación con el oficialismo. Fueron los protagonistas de la concurrida movilización de ayer jueves en el centro porteño.
Otros sectores, que claman descontento, sí son más cercanos. Grupos liderados por Juan Grabois, Emilio Pérsico o Daniel Menéndez que alzaron sus críticas en las últimas dos semanas a pesar de ser funcionarios del oficialismo.
Para atender la demanda de los movimientos sociales, la Casa Rosada mejoró sensiblemente el alcance de la Tarjeta Alimentar. Los jefes de las protestas pusieron el foco en lograr una mayor cantidad de beneficiarios del Potenciar Trabajo, el principal programa de asistencia oficial.
En el mapa también figura la CGT, que hoy en día representa a la "crema" de los trabajadores: obreros sindicalizados, empleados formales, y con los mejores salarios del mundo laboral.
La central obrera, que suele acomodarse políticamente a los distintos gobiernos, también presiona. El Gobierno trabajó en las últimas semanas para contener esas demandas. Que también son numerosas y que, de trasladarse a las calles, podrían convertirse en el faro para el resto de los trabajadores (informales y desempleados).
Alberto Fernández busca que esa foto no exista: que la CGT funcione como un nexo perfecto entre el Gobierno y los trabajadores. Y que los reclamos se mantengan lejos de las calles.
En esa clave debe entenderse el encadenamiento de medidas y guiños que el oficialismo mandó los últimos días a los jefes del sindicalismo. Visto en perspectiva, un verdadero "paquete" de iniciativas para contener a la CGT.
El "paquete" para contener a la CGT y movimientos sociales, incluye:
-Decreto que frena el traspaso de obras sociales
Por un decreto de Alberto Fernández, los trabajadores que inicien un vínculo laboral deberán permanecer un año como mínimo en la obra social de su actividad. Se trata de una medida reclamada desde hace tiempo por la central obrera.
En la práctica significa que cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud.
En simultáneo, los gremios gestionan con el Gobierno un desembolso de $11.000 millones para afrontar los tratamientos médicos a discapacitados.
-Suba del salario mínimo
El Gobierno adelantará cinco meses el aumento del 35% en el salario mínimo. En tres cuotas, y terminará de ajustarse en septiembre. Ese mes se abrirá una nueva instancia de negociación, con la posibilidad de que haya un incremento adicional. De esa forma, el piso salarial referente para el resto de la economía pasará a $29.160.
-Bono a jubilados
Acá también hubo un gesto del Gobierno. Ya se anunció el pago de $5.000 por única vez a jubilados y pensionados que ganan hasta dos haberes mínimos ($46.130). Según la ANSES, el 83% de los jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de $5.000 en sus salarios de agosto.
De todas formas, esta mejora no alcanzará para compensar la pérdida del poder de compra que los jubilados tuvieron en lo que va del año. Aun con los bonos recibidos en abril, mayo y el del mes que viene, los haberes siguen perdiendo contra la inflación.
En septiembre, los jubilados recibirán un nuevo aumento por la Ley de Movilidad que actualizará el conjunto de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según la evolución de la recaudación y los salarios.
-Reapertura de paritarias
Muy atrás quedaron los tiempos en que el Gobierno marcaba un techo salarial de entre 29% y 32%, como forma de alinear las expectativas inflacionarias para este año. El horizonte de pauta salarial para este año, ahora, se acerca al 45%. Más cerca a la estimación de inflación. El último relevamiento del Banco Central entre consultoras económicas dio una expectativa de inflación de 48,3% para este 2021.
Fue el propio Gobierno el que vino marcando la nueva pauta salarial en las últimas semanas. Sucedió con el arreglo del "Personal del Congreso'', que convino un incremento salarial del 46,4%, en tres cuotas acumulativas. También hubo arreglos por arriba del 40% para los trabajadores de la ANSES.
Lo novedoso es que ya está tomada la decisión política para reabrir las paritarias de los trabajadores del Estado, que en marzo cerraron en el 35% y es probable que se ajuste también más cerca del 45%.
Unos 2,3 millones de trabajadores de cuatro gremios distintos tendrán un adelanto en la revisión de sus paritarias en las próximas semanas.
Se trata de los empleados de comercio, que había firmado una recomposición salarial del 32%, que quedó muy lejos de la expectativa inflacionaria y de lo que están haciendo otros gremios grandes.
También la UOCRA, unos 450.000 trabajadores, que habían arreglado un 35,8% en cuatro cuotas.
En el caso de los estatales de UPCN y de ATE, en abril había convenido un incremento del 35% en seis cuotas. Engloban a unos 380.000 empleados públicos.
La UOM cierra la lista de los más grandes que renovarán sus paritarias en las próximas semanas. También habían cerrado por un 35% en cuotas.
Lo que está claro es que el Gobierno pondrá todas las fichas en una recuperación del consumo popular antes de las elecciones. Algo que la aceleración inflacionaria impidió por ahora.
-Ajuste de planes sociales con suba de salario mínimo
Además de ser una referencia para los trabajadores informales, el ajuste del salario mínimo impacta sobre un millón de personas que reciben el Potenciar Trabajo, el programa oficial que equivale a medio salario mínimo.
Justamente, las movilizaciones que se vieron en las calles del centro porteño demandaban un incremento de los montos de los programas y también un aumento en la cantidad de beneficiarios.
¿Alcanzará todo este set de medidas para contener la "calle"? A eso apuesta la Casa Rosada. Incluso habrá más, de acá a las elecciones, prometen funcionarios del equipo económico.
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Toda la atención, descuentan, estará puesta en el conurbano, donde -sostienen- se juega gran parte del activo político del oficialismo.