Vence el decreto que suspendía los desalojos: millones de inquilinos en riesgo
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El último día de marzo vencerá la vigencia del DNU que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos por falta de pago, que fuera instrumentado por el Gobierno Nacional para evitar una de las consecuencias de la pandemia: la reducción de ingresos familiares y los eventuales problemas para hacer frente al precio de los alquileres.
La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de marzo próximo, y hasta el momento no está previsto que sea extendida, como ocurrió en enero pasado.
Se estima que unas 8 millones de personas alquilan su vivienda en nuestro país, para lo que destinan aproximadamente el 40 por ciento de los ingresos familiares para cubrir los gastos que ello implica.
El protocolo
A través de la Resolución 88/2021 , el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales".
El objetivo es obtener información sobre las personas que incumplieron contratos de locación y podrían ser echadas de sus viviendas.
La medida firmada por el ministro de desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi establece un mecanismo para recopilar datos "sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales" contra determinados inquilinos.
Se busca evitar un posible perjuicio contra aquellos que se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando sucesivamente.
Convocatoria
Se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Asimismo, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
El congelamiento de los alquileres concluirá a fin de mes, tras lo cual propietarios e inquilinos deberán acordar cómo continúan los contratos y el financiamiento si hubiera deuda acumulada.
Pedido de inquilinos
Las organizaciones de inquilinos del país argumentan estar en contra "del abuso del mercado inmobiliario", y también plantean la extensión del decreto que suspende desalojos y congela el precio de los alquileres.
"Desde la Federación de Inquilinos Nacional llevamos adelante varias acciones para que el Gobierno y en particular el ministro de desarrollo territorial y hábitat Jorge Ferraresi revean la decisión de finalizar el decreto y tengan en consideración la situación gravísima que se vive en términos sanitarios por la segunda ola y por la crisis habitacional producto del incumplimiento absoluto de la ley de alquileres y el golpe de precios que lleva adelante el mercado inmobiliario", dijo Gervasio Muños, a cargo de Inquilinos Agrupados.
"Hemos realizado dos pedidos de informes, uno al ministerio de Salud y otro al ministerio de Hábitat para que nos respondan si han tomado esta decisión evaluando sus consecuencias. Además presentamos una carta al presidente Alberto Fernández con las firmas de dirigentes sociales, sindicales y políticos, solicitando que extienda el decreto", aclaró.
Desde Inquilinos Córdoba indicaron que "no se puede dar término al decreto con sólo 30 días de antelación, y esperar que las personas en ese breve lapso se muden, acuerden un nuevo precio y el pago de las deudas, para continuar en esas viviendas. De esta manera, se está dejando a merced del mercado a muchas familias que no tienen a donde ir ni capacidad de pago".
Por esto, le solicitaron al Gobierno que "priorice el derecho a la vivienda de las familias inquilinas por sobre la especulación y la rentabilidad desmedida del sector inmobiliario".
"No nos dieron tiempo para una búsqueda más tranquila, y nos dejaron muy expuestos a subas indiscriminadas de precios. Además, nadie está en condiciones de poder pagar los precios actuales, y menos con los aumentos que se vienen, junto con los pagos de las deudas que se formaron", destacó Emmanuel Canelli, referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario.