Con el nuevo esquema de tarifas, ¿otra vez el mayor beneficio será para la clase media?
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Con la audiencia sobre el ajuste tarifario del gas, el Gobierno dio inicio a uno de los debates fundamentales del año. Más de 40 oradores, representantes de las empresas, de los usuarios y del Estado expondrán sus razones por las cuales, básicamente, se decidirá de qué bolsillo saldrá una cifra aproximada de $56.000 millones -que es el subsidio adicional requerido para afrontar la suba de costos.
Según las estimaciones oficiales, reveladas por la subsecretaria de hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, en la actualidad un 60% del costo del gas natural de afrontado por el Estado nacional, y la única forma de no incrementar el costo presupuestario en ese tema es que las tarifas tengan un incremento de entre 17% y 35%. Es decir, valores no aceptables bajo el actual contexto político.
De manera que lo que está en juego en estos días es saber cuánto será el subsidio estatal y a cuánta gente abarcará. Así como cuánto de la demanda local será cubierto por las empresas argentinas y cuánto por la importación. Y todo en un contexto en el cual hay empresas como Metrogas -donde el Estado posee indirectamene un 70% del capital accionario- que registra en su balance una pérdida operativa de $64.000 millones y cuando se vuelve a hablar en el mercado del riesgo de default corporativo.
Pero, además de la cuestión técnica, está la decisión política -en definitiva, la que primará, ya que estas audiencias, aunque deben realizarse obligatoriamente, no tienen carácter vinculante-. Y ahí el tema central es el mensaje que se enviará al mercado:
-si se priorizará la "racionalidad" del ministro Martín Guzmán, que no quiere que los subsidios superen al 1,7% del PBI y necesita que se mantenga la confianza en su plan fiscal, sobre todo cuando tiene dificultades con la inflación;
- o si, por el contrario, se decide ratificar el congelamiento tarifario como centro de la estrategia política del Gobierno en el año electoral, aun cuando esto pueda implicar un desequilibrio fiscal o la necesidad de castigar a otros sectores de la sociedad para compensar el mayor gasto.
"Ajuste, pero por debajo del salario"
Lo más probable, de acuerdo con los que los empresarios y los funcionarios del Gobierno han dejado entrever es que se explore un camino intermedio en el cual se prosiga con el retraso tarifario pero en una medida atenuada, y que se realice en forma escalonada un inicio de puesta a punto con los costos.
Pero no resulta fácil, claro. El propio Alberto Fernández reconoció que un nuevo esquema en el cual se pueda diferenciar correctamente a los usuarios, de forma tal que no se subsidie a quien sí está en condiciones de pagar "es un trabajo que demandará siete u ocho meses".
Es decir, un tiempo demasiado largo si se lo considera bajo la lógica de un calendario electoral. Y adelantó que una de las posibilidades es que, en el mientras tanto, se autorice un esquema transitorio en el cual los incrementos vayan en línea con los incrementos salariales.
El Presidente recordó que, si se hubiese mantenido el cronograma tarifario de Mauricio Macri, el gas debería haber subido un 80% en octubre pasado y un 120% al inicio de 2021, algo que no es factible bajo las actuales circunstancias sociales.
Otros connotados kirchneristas, como la diputada Fernanda Vallejos -que habitualmente expresa las posturas de la propia Cristina Kirchner en los temas más espinosos- sostuvo que durante las audiencias "debe ponerse en juego que son las empresas, que se han beneficiado de las políticas de tarifazos de Macri, las que tienen que hacer el mayor esfuerzo".
No obstante lo cual, admitió que ese criterio debe cumplir dentro de un esquema racional, que garantice "tarifas justas y razonables". Y que eso implicaba que "también el esfuerzo lo sostiene el Estado argentinos, subsidiando una parte del costo de la energía". Y que eso será así hasta que los ingresos de los argentinos se recuperen.
Si se considera que a fin de mes se dará a conocer la medición de pobreza e indigencia de Indec, que probablemente dará por encima de 40%, y en pleno contexto electoral, todo indica que ese período de recuperación al cual se refiere la cúpula gubernamental durará al menos todo el año.
De manera que el subsidio no está bajo discusión. Pero sí su forma. La propia definición de Alberto lleva implícita la autocrítica de los errores cometidos en el pasado, cuando muchas veces quienes supuestamente debían ser los más beneficiados terminaban pagando el gas más caro -porque había un mercado de garrafas que estaba desregulado de hecho- mientras que la clase media y alta, con acceso al gas por cañería, se beneficiaba de los subsidios.
De hecho, cuando a finales de 2013 colapsó el sistema eléctrico con los apagones masivos en Buenos Aires, se había llegado a la conclusión de que la distorsión era tal que había fuertes inequidades, por ejemplo según la zona geográfica. Por caso, un porteño pagaba por su factura la octava parte (¡sí, ocho veces menos!) que uno cordobés.
Una estimación del Plan Fénix de 2013 indicaba que sólo un 6,4% del monto que el Estado destina a subsidiar el sistema eléctrico llega al quinto más pobre del país. En contraste, el quinto más rico recibía un impactante 42,6%.
Otro guiño para la clase media
En definitiva, el verdadero dilema al que se enfrenta el Gobierno con el tema energético no es meramente técnico, fiscal ni presupuestario. Es, eminentemente, político: elegir si beneficiar prioritariamente a la clase media o a los segmentos de ingresos bajos afectados por el desempleo.
La iniciativa de Sergio Massa sobre el Impuesto a las Ganancias para beneficiar a los 1,2 millón de asalariados "en blanco" que cobran por encima de $150.000 ya dieron una pista en relación con ese tema: hay una inquietud por la posibilidad de perder a un votante de clase media, y se lo intentará retener aun cuando esta medida vaya a beneficiar mayoritariamente a "crema" de los asalariados.
Aunque en el inicio hubo un conato de debate interno sobre cuál era el sentido de concentrar un beneficio en el sector social donde predomina el voto opositor, finalmente Massa impuso su criterio. Después de todo, uno de los números que más preocupan al Gobierno es el que reflejan las encuestas que marcan que un 20% de los votantes de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner estaría dispuesta a revisar su voto en las próximas legislativas, por la decepción con el manejo de la economía.
Ahora con las tarifas, todo apunta a que se volverá a aplicar una especie de subsidio generalizado, en vez de identificar previamente a los sectores con necesidad real de una tarifa social.
En un artículo titulado con el expresivo título "En camino hacia otro papelón tarifario", el experto Fernando Navajas, de la fundación FIEL, define al sistema tradicional argentino como "el peor en materia de eficiencia y equidad distributiva".
Señala que por los errores de diseño, en 2015 -hacia el final del mandato de Cristina Kirchner- había un desvío del orden del 85% hacia sectores sociales que no necesitaban realmente una ayuda para pagar sus tarifas de servicios públicos. Hablando en números, un 2,5% del déficit fiscal se explicaba por subsidios a sectores de la población que no lo necesitaban.
¿Se repetirá otra vez esa situación? Por lo pronto, lo más concreto que dijo el Gobierno al respecto es, en palabras del secretario de Energía, Darío Martínez, que "vamos a salir del congelamiento" y que la consigna rectora es "que la tarifa evolucione por debajo de la evolución de los ingresos".
"Buscamos que aquel que no puede pagar tenga el subsidio aplicado y aquel que sí puede pagar el costo del servicio, ese sí que empiece a pagar el costo de la energía", anticipa Martínez.
Lo que no está claro es si esos ingresos se tomarán como un promedio, se irán monitoreando en el tiempo o si se atarán a alguno de los índices que mide el Indec.
Porque si se tomara como referente los acuerdos salariales que se están firmando en estos días, que están en línea con el objetivo oficial de inflación de 29%, entonces la conclusión podría ser que cualquier cifra que se ubique por debajo de ese nivel sería tolerable.
Sin embargo, otras encuestas de consultoras privadas que tienen en cuenta a los sectores fuera de convenio están haciendo referencia a que los incrementos salariales del año rondarán el 40%, más en línea con la inflación que espera la mayoría de los economistas y que se expresa en encuestas como el REM.
Pero también está el amplio sector de los trabajadores de la economía informal, cuya evolución del ingreso es imposible de predecir, y que, según los economistas más escépticos, está con altas chances de evolucionar por debajo de la inflación real.
La dificultad de diseñar el subsidio cruzado
Con semejante disparidad de situaciones, las señales políticas apuntan a que se priorizará un nivel muy bajo de actualización tarifaria, generando de hecho un mayor peso fiscal para los subsidios.
Según Navajas, el Gobierno tiene altas chances de equivocarse si, en vez de focalizarse en los más vulnerables para darles el subsidio, se dedica a identificar a los sectores de ingresos altos para quitarles el beneficio estatal.
Ese fue, de hecho, un intento que la gestión kirchnerista intentó aplicar cuando redujo subsidios en countries, barrios cerrados y edificios-torres de zonas de alto ingreso de la Ciudad de Buenos Aires, así como con una campaña de renuncia voluntaria al subsidio, que terminó en un rotundo fracaso.
Pero aun suponiendo que se quisiera aplicar un modelo de ese tipo, cuenta con dificultades prácticas. Por ejemplo, ¿cómo se implementa un esquema tarifario en el que a un vecino se le sube el equivalente a la inflación pero al del piso de abajo no, porque quedó retrasado?
Implica un desafío en cuanto al manejo de la información a la capacidad administrativa que resulta muy difícil de llevar a cabo en un país como la Argentina. Por otra parte, advierte Navajas, hoy la tecnología permite la búsqueda de alternativas para aquellos que sientan que serán castigados con un sobre costo de la factura.
Un sistema prendido con alfileres
Pero todo apunta a que el Gobierno busca una solución de ese estilo: subsidios generalizados, sobre todo si la inflación se sigue yendo por encima de las previsiones oficiales y entonces se necesita que las tarifas funcionen como un complemento indirecto del salario.
Y luego, con un mecanismo todavía no depurado, la identificación de sectores que por su elevado nivel de ingresos deben ser exentos del subsidio.
En todo caso, cualquiera sea el método elegido, lo que parece claro es que si alguien deberá pagar la factura, esas serán las empresas energéticas, cuyos balances arrojaron pérdidas otra vez durante el 2020 y reclaman actualizaciones tarifarias del orden del 100% para poder continuar su operación sin complicaciones.
Si bien es cierto que durante los años del macrismo las empresas arrojaron resultados positivos, gracias a los cuales pudieron reparar parcialmente su retraso en mantenimiento de infraestructura, los expertos advierten que el riesgo de un colapso energético no está despejado si, como todo indica, la variable de ajuste termina siendo la tasa de inversión.
Por caso, Jorge Lapeña, ex secretario de energía y director del Instituto Mosconi, que escribió: "La capacidad instalada genera la sensación de holgura; pero no es así. En esos días de enero con altas temperaturas hubo cortes de suministro en el AMBA que dejaron sin luz a una cantidad de usuarios de Edenor y Edesur comprendida entre el 5% y el 7% del total su clientela. Eso pone en evidencia serios problemas de calidad en las redes de distribución en la zona más densamente poblada de Argentina imputables a los crónicos congelamientos tarifarios".
Y aporta números contundentes: los subsidios energéticos crecieron un 92,8% en 2020, en el marco de la pandemia. Fue así que Cammesa recibió $293.000 millones para pagar los combustibles para las centrales y cubrir los impagos de las distribuidoras eléctricas. En definitiva, una suba de 145% para tapar agujeros de empresas con problemas de caja.
¿Qué tan grave es la situación? El sistema generador trabaja a pérdida, porque lo que pagan los clientes apenas permiten recuperar el 48% de su costo.
Traducido al lenguaje político, esto implica que el Gobierno deberá definir su sistema de subsidios cruzados entre sectores de la población, para lo cual se deberá hacer una distinción fina entre aquellos sectores que efectivamente hayan mantenido su nivel adquisitivo y puedan recibir una mejora nominal en el marco de las paritarias -esos serían los que podrían acompañar una suba tarifaria- y aquellos que, por estar en el segmento informal o en los sectores más golpeados por la pandemia, no tolerarían el ajuste.
Una salida que no parece fácil, ni desde el punto de vista técnico ni el político.