Tensión por alquileres: inquilinos piden extender el congelamiento, pero el Gobierno aún no se define
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En la cuenta regresiva, los inquilinos comenzaron a ejercer mayor presión para extender hasta fines de marzo el decreto 320 de congelamiento de alquileres, suspensión de los desalojos y refinanciamiento de deudas. Mediante el decreto 766, el Gobierno prorrogó en septiembre las medidas dispuestas en marzo hasta el próximo 31 de enero, pero aún no definió qué ocurrirá a partir de febrero.
"No podemos dar certezas ni que el decreto se vuelve a prorrogar o se termina", confirmaron fuentes del Ministerio de Vivienda, desarrollo territorial y hábitat, encabezado por Jorge Ferraresi. Allí, recibieron en las últimas horas una carta enviada por el titular de la Federación de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, en la que hacen notar su preocupación por la situación de 9 millones de personas sin vivienda propia.
La misiva enviada al Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el titular de Vivienda, solicita que "extiendan cuanto antes el decreto 320, tal y como nos fuera prometido por el Ministro de Hábitat en reunión celebrada el 30 de noviembre pasado". Y advierte sobre "la angustia que padecen quienes no saben qué pasará con sus viviendas cuando, dentro de un mes, venza la vigencia de dicho DNU".
La novedad es que la carta está firmada por el referente del MTE, Juan Grabois, el camionero Pablo Moyano, y el diputado del Frente de Todos por la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. También adhierió el titular de Suteba, Roberto Baradel, el aceitero Daniel Yofra, el referente de La Poderosa, Nacho Levy, y el líder del sindicato de metrodelegados, Roberto Pianelli.
Otros de los firmantes son Daniel Catalano (ATE Capital), Fernando Dondero y Carla Gaudensi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el colectivo feminista Ni Una Menos.
El reclamo apunta a replicar al menos el esquema adoptado con las tarifas. El Ejecutivo extendió en diciembre pasado el congelamiento de los servicios de energía eléctrica y gas natural por otro plazo de 90 días hasta marzo próximo. En ese lapso, mientras tanto, buscará un consenso entre los diferentes sectores concernidos antes de llegar a las audiencias públicas donde se definirá la revisión integral del actual sistema.
En el caso de los alquileres, Muñoz solicitó a mediados de diciembre la continuidad de las medidasdurante una reunión con el jefe de Gabinete de Vivienda, Guillermo Pesce.
"En principio pedimos que se extienda hasta el 31 de marzo, pero sabemos que el decreto se tiene que extender hasta que se recupere situación económica y la se equilibre la relación ingresos – alquiler", dijo a iProfesional el titular de la Federación de Inquilinos Agrupados. "Mientras siga siendo mas de la mitad de los ingresos el alquiler, el congelamiento tiene que seguir extendiéndose", agregó.
En paralelo, las inmobiliarias también vienen manteniendo encuentros con las autoridades para gestionar "incentivos" impositivos para los inversores en compra de departamentos destinados a alquiler y finalizar el congelamiento definido por el Congreso a raíz de la pandemia.
"Buscamos una formula de salida para darle transparencia y claridad a los propietarios y también a los inquilinos sino va a formar ola de conflictos porque van a finalizar de golpe un montón de contratos", dijo a este medio Claudio Vodánovich, secretarío General de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
Crecen los reclamos y suben los precios
Esta semana habrá un nuevo encuentro para "empezar a definir la prórroga o no del decreto (766)", confirmaron las autoridades. A pocas semanas de que venza el decreto, la situación genera incertidumbre. La intención de las organizaciones de inquilinos es evitar que se repita la situación de septiembre cuando el Gobierno se extendió el decreto y lo informó 48 horas antes
Desde la entidad señalan que el decreto de septiembre sirve para evitar una "catástrofe habitacional". Pero a la vez denuncian que los propietarios y las inmobiliarias, se niegan a cumplir con la prórroga de los contratos, la suspensión de desalojos, el congelamiento de precios y el refinanciamiento de las deudas.
"No hay dudas de que en el 2021 el Estado tiene que continuar con su voluntad de proteger a todos los que alquilamos viviendas, hoteles y pensiones. Es urgente que el 25% de los hogares que viven bajo techo rentado, reciban el año que comienza con la esperanza y la seguridad de no ser desalojados o hacinados en viviendas familiares", señala la carta enviada hoy a Fernández.
Entre otros puntos, el petitorio plantea "la obligación moral de fomentar y ayudar al desendeudamiento financiero de los millones de inquilinos, con el objetivo de recuperar un mínimo grado de sustentabilidad y tranquilidad para sus familias".
Según el decreto 320, las deudas desde la fecha de entrada en vigencia de la medida y hasta el 30 de septiembre de 2020 por falta de pago,pagos fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales, deberán abonarse entre tres y seis cuotas iguales y consecutivas. Los inquilinos buscan llevarlas a 12 cuotas, es decir hasta el 31 de marzo.
Otro punto que genera debate es la Ley de Alquileres (27.551) aprobada en noviembre pasado. Los inquilinos denuncian el incumplimiento del pago en tranferencias y piden la reglamentación de los contratos de alquiler ante AFIP. Por lo pronto, el organismo ya convocó a las inmobiliarias para discutir ese punto de la normativa.
Los reclamos apuntan además a la creación de un organismo de control y subsidios para la cancelación de deudas por alquileres atrasados, así como la prohibición de oferta en dólares de los inmuebles.
Por la proliferación de contratos dolarizados, el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, impulsó un proyecto de ley para prohibir los contratos de alquileres fijados en esa moneda. La idea apoyada es incorporar a la ley 27.551 un artículo que establezca que "en todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse".
La Cámara Argentina de Inmobiliarias apuesta, en cambio, a llegar a un acuerdo con los inquilinos para abandonar el congelamiento. "Los corredores matriculados tenemos conocimiento y habilidad para ponernos de acuerdo, a ninguno propietario le interesa que un inquilino se le vaya, de hecho dos meses que tarde en alquilarla pierde la magra renta que no llega al 2% anual que esta obteniendo", sostuvo Vodánovich.
En el sector aseguran que los contratos se negocian "por debajo de la inflación", pero reconocen que hay una retracción de la oferta que genera una "pequeña distorsión" en el mercado de alquileres.
Los precios de los nuevos contratos de alquiler acumulan una suba cercana a 60% en lo que va del año, en contraste con la caída de los valores de venta -medidos en dólares- de los inmuebles, en un contexto marcado por la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, los efectos de la pandemia y la crisis económica preexistente.
Según un informe elaborado por el portal especializado Zonaprop, los precios de los nuevos alquileres acumulan una suba de 57% en lo que va del 2020, unos 25 puntos porcentuales por encima de la inflación en el mismo período.
¿Qué va a pasar con los desalojos?
Uno de los mayores temores es una suba explosiva de los alquileres y una ola de "desalojos masivos" en caso de que no se prolonguen las medidas vigentes. En forma preventiva, algunas organizaciones iniciaron la campaña "Prohibido desalojar" en la Ciudad y AMBA para informar los beneficios del decreto 766 y denunciar su incumplimiento durante la pandemia.
"No se suspendieron todos los desalojos, el caso más resonante es el de Guernica, donde fueron a recuperar tierra por ser desalojados en el marco del DNU 766, hay un incumplimiento", advirtió Gigi Krein, integrante de las Consejerías de Vivienda, un espacio que nuclea a movimientos de inquilinos y organizaciones sociales al frente de la campaña para evitar desalojos.
Este sector vinculado a los inquilinos con menores ingresos reclama la aplicación "real" del último decreto, la ampliación de la prohibición de los desalojos a todos los inquilinos -incluyendo a los informales- y mantener sin cambios los alquileres hasta el 31 de diciembre. Asimismo, piden que el diferencial por la no actualización de los valores sea costeada por el Estado.
"Hay un aumento importante de precios de cara a febrero si no se renueva el DNU, más la diferencia por el congelamiento, la deuda con el interés por no haber pagado la totalidad del alquiler, y ya es muy restrictivo el decreto 766 para los inquilinos precarizados, que se ven empujados a hoteles y pensiones en villas, donde no aceptan familias con niños y repercute sobre mujeres y disidencias", aseguró Krein.