Acosado por fondos de inversión y el campo, Guzmán prepara más medidas para evitar una devaluación
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En medio de fuertes tironeos con el empresariado y desinteligencias internas, el Gobierno avanzará esta semana en un combo de medidas para obtener divisas y contener las presiones devaluatorias que golpean las reservas del Banco Central y ya impactan en diferentes actividades.
El paquete incluye la licitación de bonos en pesos atados al dólar (para darle "salida" a los fondos de inversión) y medidas destinadas a acelerar la liquidación de exportaciones en el campo por hasta u$s7.000 millones. El objetivo es controlar la inestabilidad en el frente financiero y el comercial reflejada en la brecha cambiaria.
Pese a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene que el blue no impacta en precios, los laboratorios aumentaron más de un 1000% las drogas para pacientes de Covid, según las prepagas. En la industria, por otra parte, alertan que las importaciones están cada vez más restringidas y empiezan a faltar insumos.
La creciente incertidumbre sobre el dólar motivó este lunes la intervención de Alberto Fernández, al advertir que la devaluación es "una máquina de generar pobreza" y rechazar "el precio (del dólar) que algunos necesitan". Mientras Cristina Kirchner denunció en una carta una "evidente extorsión devaluatoria".
La vicepresidenta también apuntó contra los "funcionarios o funcionarias que no funcionan" y reconoció "desaciertos", una frase que fogoneó de nuevo los rumores de un cambio de Gabinete, los mismos que la semana pasada hicieron circular los nombres de Sergio Massa y Roberto Lavagna.
En ese marco de intrigas palaciegas, el Ejecutivo se reunirá a partir de este martes con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para avanzar en nuevos beneficios, como la reducción gradual de retenciones, incentivos a las inversiones, mayores reintegros a las economías regionales y la eliminación de controles para exportar.
La idea es avanzar en esas cuatro mesas de trabajo de cara a la reunión prevista para el 4 de noviembre con el gabinete económico, en donde se espera la definición de nuevas medidas. La entidad liderada por las principales cerealeras busca concretar su proyecto de ley que a largo plazo ambiciona con "retenciones 0%".
En el corto plazo, mientras tanto, se conforman con una disminución "paulatina" de esos impuestos, en vistas de la preocupación oficial por sostener la recaudación y el empleo. El Gobierno también está atento al impacto eventual sobre los precios de los alimentos y el abastecimiento del mercado interno.
"Vamos a tener reuniones virtuales desde mañana hasta el 4 de noviembre", confirmó a iProfesional Gustavo Idígoras, el titular de la Cámara Aceitera y la de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que a su vez lidera el Consejo Agroindustrial.
Según el borrador, las alícuotas del complejo sojero deberán iniciar en 25% para llegar al 15% a partir de 2026 y, posteriormente, un esquema de rebajas hasta concluir en 0%. Los derechos de exportación no deberían superar el 8% en cereales y el 5% en carnes.
Medidas inminentes
El sector ya obtuvo una primera victoria a principios de octubre, cuando la Rosada concedió una baja temporal de las retenciones para la soja sin procesar del 33% a 30% y en los subproductos del 33% a 27%, valores que subirán en noviembre y diciembre para retornar al 33% en enero.
Las medidas tenían como meta facilitar la venta de las 17 millones de toneladas en silobolsas, pero el Presidente reconoció semanas atrás su fracaso. Por la brecha con el dólar oficial, los productores prefieren stockearse de granos y esperar a que la soja siga subiendo o el Gobierno devalúe.
De esa manera, la liquidación de exportaciones de harina y aceite de soja por 1,5 millones de toneladas en la semana siguiente a las medidas se debió en buena parte a la soja que ya estaba en poder de las cerealeras y solo un tercio de ese volumen a las ventas de los productores.
Eso significa que de $620 millones ingresados en 7 días, solo $200 millones fueron por la entrega de porotos retenidos por los ruralistas. El monto total de la liquidación de "agrodólares" solo alcanzan a compensar las pérdidas del Banco Central en las tres últimas ruedas, incluida la de este lunes, en la que el blue bajó a $190.
Según LCG, el gobierno asumió con u$s6.000 millones de reservas de rápida disponibilidad y actualmente está en cero. "Hoy ya no hay con qué batallar (el saldo negativo al 22 de octubre supera supera los u$s600 millones)", advirtó la consultora.
Lo más llamativo del plan fallido para domar el dólar es la virtual suspensión de la medida más importante del paquete anunciado al campo: las compensaciones a 41.000 productores por $12.000 millones. Fuentes oficiales aseguran que su aplicación "sería inminente".
El programa preveía estímulos por un volumen de 10 millones de toneladas a los productores inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) con una facturación de hasta 20 millones de toneladas y un tope de 400 hectáreas declaradas en 2019.
Para esta devolución se iba a tomar la soja a u$s315 la tonelada con un valor de 70 pesos por dólar, un valor alejado de los $180 del paralelo con el que los productores dicen que calculan sus costos. "No se ha avanzado en compensaciones, estamos a la espera", reconocen en Coninagro y Federación Agraria.
El decreto 786 publicado el 2 de octubre encomendó al Ministerio de Agritulura y el de Economía "el diseño y puesta en marcha de los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Programa", que podría incluir "segmentaciones". Pero nunca se puso en práctica ¿Quién dio la orden de frenar la medida?
Internas en el Gabinete
La demora de 25 días obedece a las internas en el Gabinete. Después de los roces con el titular del BCRA, Miguel Pesce, se abrió un nuevo capítulo con la decisión de Guzmán de no autorizar el pago de incentivos a los productores. Uno de los puntos en discusión es el volumen de toneladas a compensar.
"Esta por salir decreto en el Boletín Oficial, se está esperando", dicen en la Rosada.
Detrás de las desinteligencias, asoma la relación cada vez más tensa con la Mesa de Enlace, un actor con un papel protagónico en los últimos banderazos contra el Gobierno y ahora en el conflicto por las tierras de la familia Etchevehere en Entre Ríos con una agrupación vinculada a Juan Grabois.
Pese a su carta de tono "confrontativo", Cristina Kirchner vería con buenos ojos el acercamiento con el ala más dialoguista del bloque agrario. En esa línea, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en forma virtual la semana pasada con Coninagro y el Consejo Agroindustrial.
El titular de la entidad que aglutina cooperativas, Carlos Ianizzoto, solicitó el permiso para el traslado de trabajadores jornaleros desde el norte del país hacia otras regiones para las cosechas, un movimiento hoy está restringido, y lanzar un Procrear Rural.
Coninagro integra la Mesa de Enlace y además participa de la Mesa del Hambre, el espacio creado por el Gobierno a principio de año para involucrar al sector privado, religioso y social en medidas "solidarias" de contención social, luego interrumpidas por la pandemia.
Los exportadores, en tanto, le presentaron a Kicillof sus propuestas para mejorar las ventas externas a través de rebajas impositivas y la Provincia les planteó incorporar variables como el empleo, el valor agregado y un tipo de cambio considerado "competitivo". También los créditos a tasa baja otorgados en 2020.
En medio de los esfuerzos por ordenar la economía, en las últimas horas asomó un conflicto inesperado: los productores no solo retienen granos, algunos de ellos también se los llevarían en forma irregular a países límitrofes para obtener dólares sin pagar impuestos.
Las autoridades incautaron 8 camiones repletos de soja transportada de manera ilegal en Misiones, con destino aparente a Brasil. El operativo expuso así un mecanismo para sortear las retenciones, que dejan $55 por dólar exportado a los sojeros, y hacerse de divisas intercambiables a $190 en el mercado negro.