Jubilados: la nueva fórmula de movilidad no prevé recuperar los puntos perdidos en los últimos cuatro años
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El Gobierno avanza en el diseño de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que estará vigente desde enero. En esa tarea trabajan funcionarios del Ministerio de Economía, Trabajo, ANSES y el Congreso. Si bien cada área lo hace con sus propios criterios, una de las iniciativas consiste en reflotar con algunos cambios el cálculo aplicado entre 2009 y 2017.
Según pudo saber iProfesional, la idea es que los haberes se actualicen por la recaudación tributaria destinada a la seguridad social y la variación de los salarios. La Ley 26.417 aprobada en 2008 preveía una actualización semestral y utilizaba el mejor resultado entre el índice de salarios del INDEC y el de las remuneraciones (RIPTE) publicado por el Ministerio de Trabajo.
El esquema en estudio tendría en cuenta a su vez la inflación, una de las variables exigidas por la oposición. La fórmula aplicada desde la reforma de 2017 hasta su suspensión a fines de 2019 por la Ley de Solidaridad se ajustaba en forma trimestral un 70% por el IPC del INDEC y un 30% por el RIPTE. La propuesta ahora es que los salarios y la recaudación tengan un mayor peso que los precios.
El objetivo es que los haberes le ganen a la inflación de cara a un 2021 que, según el oficialismo, será de mayor actividad y con aumento de los salarios. Pero no se contemplaría un mecanismo para recuperar los casi 20 puntos que perdieron las jubilaciones con la ley 27.426 en 2017, al excluir un trimestre del cómputo (efecto empalme) y considerar la inflación con seis meses de rezago. Ni tampoco la diferencia resultante de hasta 17 puntos por la interrupción de dicha movilidad.
"Entre 2008 y 2015, los haberes le ganaron a los precios por el crecimiento de la actividad y entre 2017 y 2019 se perdió un 19%", explicó a iProfesional Marcelo Cassaretto, diputado del Frente de Todos. Y agregó: "No vamos a pagar las cuentas que dejó Macri mientras está en Suiza ni comparar mes a mes con la fórmula suspendida, sino aumentar las jubilaciones por arriba de la inflación".
Cassaretto preside la comisión bicameral mixta de movilidad previsional creada por los artículos 55 y 56 de la Ley de Solidaridad. Su fin es elaborar un cálculo de actualización que garantice una "adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución" y revisar la "sustentatibilidad" de los regímenes especiales.
En ese marco, el oficialismo propone mantener la base de cálculo de los haberes, cuyos valores hoy se encuentran alejados de la canasta de pobreza de la tercera edad. El 70% de las jubilaciones y pensiones es de entre $12.690 y $18.129, el monto del haber mínimo en septiembre con el aumento del 7,5%. Son 5,9 millones de prestaciones de un total de 8,5 millones.
Dentro de ese universo, hay 1,3 millones de Pensiones No contributivas (PNC) y 167.000 Pensiones Universales al Adulto Mayor (PUAM), de $12.690 y $14.503 desde septiembre, según datos de la ANSES.
Debate por el nivel de los haberes
La preocupación por el nivel de las jubilaciones asomó el lunes pasado en la 16 reunión de la comisión parlamentaria, integrada por legisladores de ambas cámaras y funcionarios del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Economía y ANSES. Allí, dirigentes y técnicos de las centrales obreras invitados propusieron recomponer los ingresos previo al cambio de fórmula, teniendo en cuenta la canasta básica y el "atraso" por la interrupción de la movilidad y los aumentos por decreto.
"El problema de los beneficiarios no está en la fórmula, sino en aumentar el ingreso base que permita superar el umbral de la pobreza en el cual está sumido casi la mitad del sistema", señaló el asesor de la CGT, Federico West Ocampo, quien advirtió que "no hay una fórmula mejor que otra" y destacó los reclamos de la confederación en diferentes escenarios de un aumento de emergencia a los jubilados.
Puestos a elegir, en la central obrera creen que el RIPTE debería tener más peso en la fórmula. Y en tiempos de picos inflacionarios, recurrir al IPC. Pero a su vez advierten que los índices no modifican la relación entre los haberes y los salarios (tasa de sustitución), por lo que hoy un jubilado cobra cerca de un 50% de lo que fue su ingreso en actividad. De ahí, la importancia de elevar el "ingreso base".
En coincidencia con la CGT, el titular de la CTA de los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, dijo en la reunión de comisión que "la revisión de la fórmula debe garantizar que ningún jubilado quede en situación de pobreza". "Esa es la premisa que nos tenemos que plantear como punto de llegada. En la pandemia, más de la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad", aseguró.
El asesor de dicha central, Jorge Molina, destacó que, si bien en 2014 y 2016 los haberes quedaron debajo de la inflación, la mecánica utilizada en 2008 fue la más "adecuada" y cuestionó los cambios del 2017 por entender que implicaron un recorte de $75.000 millones y se redujo el haber mínimo al atarlo al 82% del salario mínimo, vital y móvil, excluyendo de esa garantía a los jubilados por moratoria.
El secretario adjunto de la CTA Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, afirmó por otra parte que "el mecanismo no solo debe estar ligado a los ingresos del sector activo, sino también deberá contemplar que los ingresos no caigan por debajo de niveles inflacionarios o las canastas". Y desde su espacio consideraron que la Ley de Solidaridad "no cumplió sus objetivos" de sostener los haberes en niveles que permitan cubrir las necesidades de los adultos mayores.
"Previo a la vigencia de la nueva ley de movilidad, hay que contemplar el atraso que ha tenido la movilidad por la reforma previsional del 2017 y su suspensión en diciembre de 2019. Deben recomponerse los haberes en las escalas que generaron movilidad y que no fueron respetadas y debe impactar en el haber mínimo, que hoy es un tercio de la canasta del adulto mayor. De lo contrario, será un modelo asistencial y no respetará el sistema de reparto", dijo el abogado de la CTA-A, Horacio González.
La normativa aprobada en diciembre pasado anuló los incrementos devengados y en su lugar el Ejecutivo dispuso tres ajustes por decreto que acumularon una suba de entre el 18% y 28% en septiembre. Estos valores superarían la inflación prevista este año, pero resultaron inferiores a la mejora del 35% en todos los haberes producida por la movilidad suspendida. El Gobierno también otorgó $13.000 en bonos por única vez, es decir, que no impactan en el haber a lo largo del tiempo.
Sin contar esas sumas extraordinarias, los jubilados dejaron de cobrar entre $995 y $18.119 por mes desde marzo, lo que equivale a una pérdida de entre el 7% y el 17% hasta septiembre. El impacto dispar se debe a que los aumentos discrecionales fueron diferenciados por escala, lo que provocó el achatamiento de la pirámide, perjudicando más a los haberes medios y altos.
En términos fiscales, la diferencia con los aumentos por decreto representa un ahorro de $72.000 millones en 2020, según un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).