Importante empresa intentó cambiar de convenio laboral a los empleados y le pararon dos plantas

La emblemática fabricante de Margarina Dánica volvió a ser epicentro de un nuevo conflicto por una medida de fuerza que paralizó su planta de Lavallol (Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis). Con el objetivo de reducir sus costos laborales, la empresa intimó a los empleados a que abandonen el convenio aceitero y se pasen al de la alimentación o que de lo contrario firmen su renuncia, aseguró este jueves el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital y Gran Buenos Aires (SOEIA), que en paralelo presentó una denuncia ante las autoridades. 

De inmediato, una asamblea de trabajadores convocada por la organización inició desde este miércoles a las 21 un paro total en el establecimiento de Lavallol, donde trabajan 100 personas, en coincidencia con medidas similares adoptadas más temprano en las instalaciones de la localidad puntana, donde además denuncian despidos. "Apretan a los trabajadores para que acepten el cambio de convenio o retiros voluntarios, ayer les dieron el ultimatum", aseguró a este iProfesional Héctor Ramírez, titular del SEOIA. Mientras que desde la empresa no emitieron comentarios a este medio.

El Grupo Beltrán, una firma cordobesa con ocho frigoríficos, adquirió Dánica en 2018 por u$s50 millonesal grupo brasileño BRF para insertarse en el negocio de las grasas refinadas y margarinas. En sus plantas procesa más de 10.000 toneladas mensuales de margarinas, aceites desodorizados, mayonesas, aderezos y productos para panificación, con las marcas Dánica, Manty, Delicia y D’fiesta, entre otras.

Desde el pase de manos, los nuevos propietarios buscan modificar las condiciones de trabajo. Pero el sindicato sostiene que no le corresponde a la empresa elegir libremente el convenio clectivo de trabajo, sino que este depende de la actividad principal en cada establecimiento, donde se elaboran productos y subproductos oleaginosos. Por ello, afirman, estuvo siempre encuadrada en la industria aceitera.

El gremio liderado a nivel nacional por Daniel Yofra fue de los primeros en cerrar este año un aumento del 25%, uno de los más elevados, detrás del 30% sellado por Camioneros y del 26% por Bancarios. El acuerdo llevó el salario básico inicial a $68.678 desde el 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020, la escala salarial más alta en toda la industria. Un convenio que es visto como un obstáculo por algunos sectores empresarios en medio de la crisis.

Por lo pronto, el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Mara Ruiz Malec, notificó a la empresa de la denuncia gremial. La gestión de Axel Kicillof ya intervino en abril pasado cuando la fábrica de Lavallol bajó la persiana en respuesta a un paro en reclamo de protocolos sanitarios, junto con el rechazo a despidos y a la implementación de jornadas de 12 horas. La Provincia llegó a amenazar a los directivos con multas millonarias para preservar el empleo en la pandemia y respetar la prohibición de despidos.

Finalmente, la empresa fundada en 1936 reanudó sus operaciones una vez que el Gobierno nacional se comprometió a reanudar el procedimiento de crisis iniciado por el grupo en enero, una figura que permite acordar rebajas salariales con los sindicatos si se demuestra una situación de inviabilidad económica por motivos de fuerza mayor.

La tregua incluyó también el compromiso de las autoridades de asistir a la firma con créditos y subsidios para el pago de salarios (Repro). El sindicato, en tanto, acordó suspensiones pero con el pago del 100% del salario neto. Pero las tensiones persisten.

Según el SOEIA, el Grupo Beltrán busca desconocer la representación gremial del sindicato aceitero y ya intentó avanzar sobre los beneficios del convenio laboral vigente mediante despidos sin causa, quita de adicionales, cambios arbitrarios de categoría a la baja y el pago de salarios inferiores a los correspondientes hasta tanto no se homologuen las paritarias. 

Por otra parte, desde el inicio de la pandemia está latente el reclamo por la aplicación de protocolos sanitarios en las plantas de Dánica, una demanda que motoriza muchos de los conflictos laborales en el AMBA. Allí, vienen creciendo las denuncias por la extensión de contagios en los ámbitos de trabajo debido al incumplimiento de medidas de prevención por parte de las empresas, tras el abandono paulatino de la cuarentena.