En medio de la pandemia, se dispara el déficit fiscal y se encienden las alarmas en el Gobierno
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El Ministerio de Economía divulgó este lunes el resultado fiscal correspondiente al mes de mayo de 2020, que registró un déficit primario de $251.287 millones.
Al sumar a ese monto el pago de intereses de la deuda pública por $ 56.932 millones, el resultado financiero del Sector Público Nacional (SPN) cerró el mes con déficit de $308.219 millones.
Este panorama de números en rojo fue el que generó alarma en el Gobierno y que lo motivó a ensayar una moderación en los gastos: por caso, la reducción de erogaciones para el programa ATP y pago del aguinaldo en cuotas a estatales.
El informe oficial precisó que "en el período bajo análisis, los ingresos totales del SPN sumaron $328.120 millones -con una variación interanual de 2,4%- y explicó que este comportamiento de los recursos se debió a "los efectos contractivos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior".
En mayo, los ingresos tributarios retrocedieron 3,3% respecto a igual mes de 2019, debido a una caída de 36,2% de los derechos de exportación; -7,9% en la recaudación de IVA -neto de reintegros- y -5,1% en el impuesto sobre los débitos y créditos.
La cuarentena y el golpe sobre la economía
Este comportamiento de los recursos estuvo explicado por los efectos contractivos del ASPO sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior.
En cuanto a los recursos de capital, el salto de $8.263 millones, respecto a mayo de 2019, se corresponde mayormente a transferencias con destino a Anses para el financiamiento del programa de Reparación Histórica (artículo 121 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467)
En erogaciones del SPN, el gasto primario ascendió a $579.507 millones -con un crecimiento interanual de 96,8%- debido esencialmente "a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los ingresos de las familias, sostener el empleo y la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales", sostuvo el Ministerio de Economía.
"Consecuentemente, el impulso del gasto primario está explicado casi en su totalidad por las transferencias corrientes, las prestaciones a la seguridad social y la inversión pública de capital", recalcó el informe oficial.
Impacto de los programas de ayuda estatal
Respecto a las transferencias corrientes, el 75% correspondió al bono Anses Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que en total sumaron casi $80.000 millones.
En la misma línea, el programa Alimentar registró un incremento interanual de $8.545,6 millones y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo aumentaron aproximadamente $2.000 millones.
En el marco de la emergencia sanitaria, en mayo también se financiaron erogaciones de la Superintendencia de Salud y del PAMI por casi $12.000 millones.
Por su parte, las transferencias a provincias alcanzaron los $53.327 millones, explicados por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi $11.000 millones, refuerzos alimentarios a comedores y sanitarios a hospitales provinciales por casi $4.500 millones y erogaciones por $3.800 millones destinadas a reforzar las cajas previsionales provinciales no transferidas al SIPA, entre otros conceptos.
Las prestaciones a la seguridad social totalizaron $193.767 millones, marcando así un crecimiento interanual de 43,4% producto de lo establecido en el Decreto Nº 163/2020.
Por último, el gasto de capital registró un incremento cercano al 30% interanual, explicado por transferencias de capital.
La recaudación, con otra caída en junio
La recaudación impositiva de este mes volvería a mostrar una caída histórica: así se puede entrever en lo que sucedió, durante la primera quincena de junio, con la coparticipación impositiva con las provincias. Ese dato se ha convertido en una buena aproximación a la recaudación impositiva a nivel nacional.
La coparticipación se desplomó nada menos que 21,5% en la primera quincena del mes, de acuerdo a los datos recopilados por la consultora Economía & Regiones.
"La coparticipación presentó un aumento del +11,8% respecto a la misma quincena de Junio 2019, totalizando $57.044 millones, con diez días hábiles de recaudación y presentando así una caída real del -21,5%, si se tiene en cuenta una inflación interanual estimada del +42,4%", publicaron los economistas de E&R.
Para los últimos días hábiles del mes, la consultora proyecta una leve mejora de los envíos de fondos a las provincias, que terminarían el mes con una caída -en términos reales- del 16,4 por ciento.
Cabe recordar que en mayo, la caída de la recaudación impositiva fue del 22,4%.
Este retroceso, que estaría dando la pauta de la suerte de la recaudación impositiva a nivel nacional, pone ciertamente en duda el pronóstico oficial de una recuperación incipiente de la actividad en los distritos del interior.
De acuerdo a los informes oficiales, ya hay 15 provincias que operan por encima del 80% tras los levantamientos de las restricciones por la pandemia.
Sin embargo, y siempre teniendo en cuenta el adelanto de E&R, esa quita casi total de las restricciones en varias provincias no se estaría traduciendo en una mejora de la actividad económica. Las especulaciones indican que, aun sin tantas restricciones, los bolsillos de los consumidores quedaron afectados por la caída de los salarios (en valores reales) y también por los comportamientos más conservadores del público.
Desde este punto de vista de desmejora en los números fiscales, y con un agujero de las cuentas públicas que se ensancha, se entiende la preocupación del Gobierno por ponerle límites a ese déficit.
Las medidas del Gobierno para contener el gasto
En concreto, en las últimas horas se conocieron algunas medidas que hablan de una mesura del Estado en cuanto al gasto público.
Ya se anunció que habrá un pago en varias cuotas de los aguinaldos de los salarios estatales que estén por encima de los $80.000 brutos.
También trascendió que habría un recorte en la asistencia del Estado a través del ATP (salarios complementarios), un programa que ayudó este mes a 193.000 empresas para pagar nada menos que 2.040.000 salarios.
La idea es restringir ese plan a los distritos que mantienen la cuarentena, como la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Chaco. Pero eliminarlo en aquellos lugares donde la actividad se está normalizando.
Algo parecido podría suceder con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que cobran unas nueve millones de personas sin ingresos asegurados.
Estos temas formarán parte de la agenda de la reunión del equipo económico que este miércoles se desarrollará en la Casa Rosada, bajo el mando del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.