Gobierno ultima negociaciones con empresarios y sindicatos para avalar recortes salariales a suspendidos

El pedido de los empresarios para que el Gobierno le otorgara un "paraguas legal" a los recortes salariales en aquellos sectores con actividad paralizada y trabajadores suspendidos está a punto de ver plasmada una respuesta positiva.

En las últimas horas se avanzó en un acuerdo tripartito –es decir, con acuerdo sindical-, para que los recortes salariales de hasta 25% sean considerados legales bajo determinadas condiciones.

El anuncio se conocerá de manera inminente.

"El acuerdo es UIA-CGT. Si la UIA y la CGT acordaron que se les va a garantizar el 75% del salario, entonces sería un acuerdo razonable que se homologaría en el Gobierno", anticiparon fuentes del Ministerio de Trabajo.

Además, aclararon que "todavía se está esperando el documento para ver si es así", ya que el Gobierno nacional aún desconoce los detalles del acuerdo.

En ese marco, fuentes de la central obrera afirmaron que "no es una baja salarial", sino que se trata de una "percepción que cobrarán los trabajadores suspendidos, que tiene que ser superior al 75%".

"Es un piso para que los trabajadores suspendidos no cobren menos", resaltaron.

En realidad, estas rebajas ya se venían aplicando en varios sectores, desde líneas aéreas hasta la industria siderúrgica, con un aval implícito por parte del ministerio de Trabajo, que solamente ponía como condición que se aplicara en un marco de acuerdo y no como medida unilateral de la empresa.

Pero su continuidad había sido puesta en duda luego del decreto por el cual el Estado asumió el compromiso de subsidiar hasta la mitad del salario para las empresas afectadas por la cuarentena. Fue allí que dirigentes sindicales dieron marcha atrás y plantearon que, al existir la ayuda estatal, ya no se justificaría que los empresarios insistieran con el recorte de sueldos.

Eso alarmó a empresarios que alegan que la crisis es de tal magnitud que no pueden afrontar el pago ni siquiera con la ayuda gubernamental y que necesitaban un aval explícito para poder recortar salarios como forma de sostener las fuentes de empleo.

El Gobierno, "tironeado" por la crisis

En las últimas semanas, el punto central de la disputa entre gremios y empresas ha venido siendo la idea de aplicar recortes salariales a los trabajadores suspendidos, que no cumplen funciones efectivas en las empresas.

En este sentido, este lunes se conoció que, finalmente, y tras arduas negociaciones entre sindicatos y empresas, se llegó a un acuerdo para aplicar recortes del 25% del sueldo a los suspendidos.

Las negociaciones fueron entabladas ante la cartera de Trabajo por la Unión Industrial Argentina y la CGT.

Tal como anticipó el viernes iProfesional, las empresas venían reclamando al Gobierno un "paraguas" legal que les permitiera aplicar las rebajas de manera unilateral.

Por otra parte, la ayuda estatal a las empresas de hasta dos salarios mínimos ($33.750) envalentonó a la mayoría de los sindicatos, que durante la semana pasada elevaron sus pretensiones. En esa línea, el titular del gremio mercantil, Armando Cavalieri, acordó el jueves suspensiones por tres meses con el pago del 90% del salario neto en los call centers de todo el país, sin contar Córdoba donde rige el convenio del sindicato Attac. Y convino el licenciamiento de 2.922 empleados de Falabella, que percibirán una suma no remunerativa por el 80% del sueldo neto por abril y mayo.

Los crecientes tironeos forzaron la intervención de la CGT, cuya cúpula salió a plantear en las últimas horas el pago del 100% de los salarios a partir de los fondos millonarios dispuestos por el Gobierno al sector privado.

"Dado que el Estado aporta el 50% de los salarios, nosotros decimos que el otro 50% lo paguen los empresarios y esto debería achicar muchísimo el universo de empresas que tratan de suspender o achicar el personal", aseguró a este medio el secretario de prensa, Jorge Solá.

Los reclamos incluyen, además, el pedido al Gobierno de que suspenda los acuerdos individuales de licenciamiento o cese contemplados en el 223 Bis. A eso se suman la liberación de fondos a las obras sociales por $45.000 millones en un escenario en el que los sindicatos enfrentan fuertes dificultades para sostener los salarios de su personal por la interrupción del pago de aportes de los empleadores.

En ese marco, el Gobierno salió a defender el dispositivo oficial vigente para mantener los empleos durante el aislamiento obligatorio. Las autoridades están preocupadas por el estancamiento de los acuerdos de crisis, pero también por las crecientes denuncias de despidos, suspensiones y rebajas salariales definidas en forma unilateral.

"Hay actividades donde el daño es mayor y es probable que estén negociando suspensiones con una reducción salarial. Esto ocurre en un tiempo de crisis, pero no se va a poder hacer sin la participación de los sindicatos y del Estado", dijo ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en El Destape Radio.

Y aseguró que su cartera no homologará rebajas salariales del personal en actividad, mientras que en los sectores sin tareas autorizó el pago de una "compensación no remuneratoria que sea levemente inferior".

De esa forma, el funcionario intentó llevar calma a los empresarios que por estas horas exigen una urgente flexibilización de la cuarentena, mientras por lo bajo algunos sectores evalúan hacer fuertes ajustes a fines de mayo, una vez concluido el decreto que prohibió suspensiones y despidos por fuerza mayor.

En la UIA aseguran que "los muchachos de la CGT corrieron la línea" al bloquear el único canal que tenían habilitado los empleadores para reducir costos laborales. Pero creen que las rebajas unilaterales autorizadas por DNU serían útiles incluso para los sindicatos, ya que les evitaría tener que firmarlas.

"Hay gente que, técnicamente, no trabaja frente a la emergencia y en función de este se han prohibido suspensiones y se permitió el camino del 223 Bis. Pero hoy la industria no está produciendo mayoritariamente, por eso buscamos un consenso", dijo a iProfesional el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.