Se profundiza la crisis: Gobierno deberá inyectar u$s220 millones adicionales para ayudar a más gente de lo planeado
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El gobernador Axel Kicillof lo mencionó al pasar pero refleja con elocuencia cómo impacta la crisis en los despachos oficiales: "Hay noches que no dormimos", dijo a la salida del Sanatorio Antártida, adonde acompañó a Alberto Fernández a inaugurar las 330 camas que estarán a disposición en plena pandemia.
Los máximos funcionarios de la administración saben que la situación está desbordando el cálculo inicial. En varios sentidos: desde la capacidad instalada de hospitales públicos y sanatorios privados hasta las herramientas para auxiliar a las empresas que hacen malabares para cubrir sus costos. Y ni hablar de la asistencia a los comedores y merenderos.
El dato que sobresaltó y puso en alerta máxima a Alberto Fernández fue el que, dos o tres veces por día, le actualizaba Alejandro Vanoli, titular de la ANSES: la cantidad de gente inscripta para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por 10.000 pesos.
Son casi 11 millones de personas -incluidas en las franjas más postergadas y, a su vez, más golpeadas por el agravamiento de la crisis- que buscan cobrar ese beneficio de excepción.
Alberto F., al momento de hacer el anuncio de esa ayuda extraordinaria había sugerido que alcanzaría a 3,6 millones de personas. Incluía a beneficiarios de la AUH, monotributistas de las categorías más bajas (con ingresos mensuales de hasta $26.100) y trabajadores informales. En estos últimos dos casos se debería dar la condición de poseer un único ingreso en el hogar para percibir la ayuda de 10.000 pesos.
La oleada de inscripciones obligó a la Casa Rosada, y también a Vanoli, a pensar en incrementar el volumen de la ayuda.
De momento, la idea de los funcionarios es que se entreguen no menos de cinco millones de beneficios. La cifra final de receptores se determinará una vez que finalice la tarea de "peinar" el padrón de inscriptos. La sospecha radica en que mucha gente que se anotó no cumple con el perfil indicado para poder percibir los 10.000 pesos.
Aun sin tener a mano el número final que daría esa "limpieza" por el cruce informático del padrón, la decisión es cubrir a la gente que necesita de un socorro estatal en el peor momento económico desde la crisis de 2002.
Un incremento en la cantidad de beneficiarios -de los 3,6 millones a 5 millones- implicaría una erogación del Tesoro por $50.000 millones. Supone unos $14.000 millones adicionales a lo presupuestado al momento del anuncio.
Expresado en dólares, se pasaría de una erogación de u$s550 millones a unos u$s770 millones. Y a esta hora en el Gobierno, nadie descarta que haga falta una extensión de esta ayuda por lo menos un mes adicional. Todo dependerá de la evolución de la crisis sanitaria.
Un cuadro social en deterioro rápido
Que el cuadro de situación es más grave de lo esperado lo perciben la mayoría de los funcionarios. No en el plano sanitario. Pero sí en lo referido al escenario social y económico.
La pandemia puso negro sobre blanco la frágil estructura de la economía argentina y la gravedad social.
El Indec, en las últimas horas, dio testimonio de esa realidad: en la tarde del miércoles anunció un incremento de la pobreza. Ese indicador mostró que en el último año gobernado por Mauricio Macri, la cantidad de pobres se incrementó en un millón y medio de personas, al pasar del 32% al 35,5%.
De ese total, la indigencia (es decir, la gente que no puede pagar una canasta alimentaria) aumentó del 6,7% al 8%, equivalente a 3,2 millones de indigentes urbanos (no incluye al sector rural), nada menos que medio millón de indigentes más que a fines de 2018.
El sensible salto de la pobreza refleja con crudeza la disparada inflacionaria del año pasado, a instancias de una devaluación que llevó la cotización del dólar de $38 a $63. La inflación 2019 totalizó 53,8%, el valor más alto en casi 30 años.
A los alimentos les fue peor: los precios acumularon un incremento de 58,4%, bien por debajo de los aumentos de los ingresos de la mayor parte de la población.
Este histórico salto en la canasta familiar es lo que ahora impacta en los registros de la pobreza.
En el inicio de 2020, la expectativa era diferente a la que puede percibirse hoy en día. El año arrancó con una tendencia a la baja de la inflación y un tipo de cambio estable. Con el posible arreglo de la deuda como el tema económico más crítico.
Pero la aparición del Covid-19 cambió el escenario y las prioridades.
La atención del cuadro social pasó rápidamente al número uno de las necesidades. En ese sentido, la utilización de las Fuerzas Armadas para atender con raciones de comida a la población más necesitada del conurbano es acaso el reflejo más potente de la crisis y de la raquítica situación socioeconómica.
Para muchos, las medidas anunciadas no alcanzan. Por más que se incremente la cantidad de beneficiarios con el auxilio familiar de los $10.000.
Con el transcurrir de los días de cuarentena también aparecen los justos reclamos de los pequeños empresarios. Muchos de ellos con las persianas cerradas de sus locales, y con salarios para abonar.
La suspensión de las cargas patronales sólo para las empresas de los sectores más perjudicados parece no ser suficiente para atender a los comercios caídos de la economía.
También está por verse el volumen de Repro que el Gobierno está dispuesto a emitir para auxiliar a esos pequeños empresarios golpeados. Hace una década, en la anterior crisis global, la administración de aquel entonces subsidió un total de 145.000 puestos de trabajo, el equivalente a un punto de desempleo.
Kicillof no se pelea con los empresarios
En la interna del Gobierno existe un espacio para el seguimiento de la crisis, en los encuentros del equipo económico y social. El mandato del Presidente es ayudar lo máximo posible pero siempre teniendo un diagnóstico detallado de la situación.
La respuesta a la crisis es multi frontal. Desde la Casa Rosada y los ministerios se realizan informes a diario con las novedades que aparecen con la cuarentena. Datos sanitarios y datos económicos.
De ahí hay un nexo permanente con las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, la CABA y la provincia de Buenos Aires no pasan por las mismas urgencias ni necesidades.
Por eso se entiende que Kicillof, a diferencia del Presidente, tire "buena onda" con los empresarios bonaerenses. Son, en muchos casos, las mismas compañías a las que Alberto F. tiene en la mira por los precios, pero que Kicillof necesita para atender en los puntos más frágiles del conurbano.
Empresas multinacionales o gigantes de la alimentación que, en coordinación con el gobernador, funcionan como ruedas de auxilio en plena pandemia. Kicillof necesita mantener el buen diálogo con esas empresas para que nada falte. Lo mismo que la conexión directa con las organizaciones sociales que ayudan a contener e identificar las demandas.
En esa misma línea aparecen los intendentes del conurbano. En los últimos días lideraron el reparto de alimentos en las barriadas más necesitadas. La llegada a los comedores de familias que no suelen concurrir a esas dependencias fue el dato revelador de que la cuarentena golpea, y muy fuerte, sobre la población que antes, al menos, se las arreglaba para subsistir en una economía pálida.
Los próximos diez días serán claves. Desde lo sanitario, la penetración del virus dirá si la durísima estrategia oficial sirvió para salvar a la gran mayoría de la población del desánimo y del horror de contar cadáveres por todos lados, el tenebroso espectáculo que asola a Brasil y hasta a los Estados Unidos.
Sólo una diferenciación notable con esos países podrá hacer digerir un tsunami económico que amenaza con convertirse en un drama social. Y que sólo un Estado muy eficiente puede esquivar. Algo que los argentinos no suelen tener.