Surgen reclamos y amenazas de amparos por el plan para achatar la "pirámide jubilatoria"
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La intención del Gobierno de otorgar aumentos de suma fija en marzo a los 7,3 millones de jubilados encendió un alerta entre los representantes de la tercera edad.
Luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunciara el lunes que se busca "achatar" la pirámide previsional para favorecer a las escalas más bajas, referentes de los adultos mayores salieron a pedir en las últimas horas la aplicación de la suspendida fórmula de movilidad a la totalidad de los beneficiarios para así evitar una nueva "grieta" dentro del sistema previsional y recuperar los 20 puntos que perdieron los haberes durante la gestión de Mauricio Macri.
El cálculo que estaba vigente antes de suspenderse la Ley de movilidad fijó un aumento de 11,56% en marzo para todos los jubilados. En su lugar, el Ejecutivo prepara ahora un ajuste escalonado con un incremento superior a ese porcentaje para los haberes cercanos a la mínima ($14.067), una suba igual a la suspendida fórmula para los estratos medios y aumentos decrecientes para el resto hasta llegar a la máxima ($103.000), tal como adelantó iProfesional el viernes pasado.
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El jefe de Gabinete confirmó este lunes que las subas serán a través de sumas fijas, por lo que las jubilaciones más bajas le ganarán a la inflación, mientras que el resto de los escalones quedarían rezagados.
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Los cambios podrían entrar en tensión con el denominado principio de proporcionalidad o sustitución presente en la Ley 24.241 de 1993, que establece para quienes acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. También podrían generar fricción con el caracter móvil e integral de los haberes fijado por la Constitución, es decir, que sea actualizado y suficiente para mantener el nivel de vida.
Justamente, el achatamiento de las jubilaciones desde 2002 desató una ola de reclamos judiciales y varios exhortos del máximo Tribunal que finalmente derivaron en la Ley de Movilidad en 2009. "La Corte interpretó que las prestaciones deben mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, lo que no es otra cosa más que la inflación, pero como tuvimos una inflación salvaje siempre se utilizó un mix de índices", explicó a iProfesional el previsionalista Adrián Tróccoli.
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La discusión se reabrió con la modificación del cálculo en 2017, que pasó a ajustarse un 70% por la inflación del INDEC y 30% por los salarios (Ripte) con un retraso de seis meses. Así, por el denominado efecto empalme (no se computó un trimestre), el rezago de un semestre y el impacto de la devaluación, los haberes perdieron un 20% de su poder adquisitivo en los últimos cuatro años.
¿Sumas variables?
El otro argumento es que la medida fue tomada por una situación de emergencia. En rigor, la idea de limitar los aumentos superiores a la inflación a un sector de los jubilados responde a la estrategia de transferir recursos a los sectores más bajos, que son los de mayor propensión al consumo, para salir de la recesión. Pero las medidas también van en línea con los objetivos fiscales del Gobierno.