La intención del Gobierno de otorgar aumentos de suma fija en marzo a los 7,3 millones de jubilados encendió un alerta entre los representantes de la tercera edad.
Luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunciara el lunes que se busca "achatar" la pirámide previsional para favorecer a las escalas más bajas, referentes de los adultos mayores salieron a pedir en las últimas horas la aplicación de la suspendida fórmula de movilidad a la totalidad de los beneficiarios para así evitar una nueva "grieta" dentro del sistema previsional y recuperar los 20 puntos que perdieron los haberes durante la gestión de Mauricio Macri.
"Hay que aplicar en marzo el 11,56% para todos y si no, le abrís el derecho a reclamar (en la Justicia) a todos los que no se les aplica", advirtió a este medio el defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino. El especialista en materia previsional señaló además que el nuevo esquema es una "flagrante violación de los derechos adquiridos" y anunció que en los primeros días de febrero posteriores a la feria judicial presentará un planteo de inconstitucionalidad en los tribunales.
El cálculo que estaba vigente antes de suspenderse la Ley de movilidad fijó un aumento de 11,56% en marzo para todos los jubilados. En su lugar, el Ejecutivo prepara ahora un ajuste escalonado con un incremento superior a ese porcentaje para los haberes cercanos a la mínima ($14.067), una suba igual a la suspendida fórmula para los estratos medios y aumentos decrecientes para el resto hasta llegar a la máxima ($103.000), tal como adelantó iProfesional el viernes pasado.
El jefe de Gabinete confirmó este lunes que las subas serán a través de sumas fijas, por lo que las jubilaciones más bajas le ganarán a la inflación, mientras que el resto de los escalones quedarían rezagados.
A modo de ejemplo, si el Gobierno fijara el umbral del 11,56% en los haberes de hasta $20.000 y a partir de ese rango otorgara una suba inferior a la movilidad, un 35% de los jubilados se verían perjudicados, lo que equivale a 2,6 millones de personas. Dentro de ese grupo entrarían los haberes que hoy están por arriba de la mínima pero por debajo de la canasta familiar de pobreza, que en diciembre fue de $38.960, según el INDEC.
El nuevo esquema despertó algunas críticas en el ámbito sindical, en donde la CGT mantuvo hasta ahora un cauteloso silencio. El titular del gremio de la alimentación y hermano del cotitular de la central obrera, Rodolfo Daer, aseguró en las últimas horas que "un jubilado que gana 40.000 no es un adinerado", mientras que el titular del Sindicato de Trabajadores Pasivos advirtió a este medio sobre el impacto negativo de las eventuales medidas.
"Con el
aumento de suma fija se va a seguir favoreciendo a la mínima, se va a generar un achatamiento de las otras jubilaciones y una grieta entre los jubilados", dijo Burgos, cuyo gremio aguarda la autorización de la cartera laboral para obtener la inscripción gremial presentada el año pasado.
Los cambios podrían entrar en tensión con el denominado principio de proporcionalidad o sustitución presente en la Ley 24.241 de 1993, que establece para quienes acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. También podrían generar fricción con el caracter móvil e integral de los haberes fijado por la Constitución, es decir, que sea actualizado y suficiente para mantener el nivel de vida.
Justamente, el achatamiento de las jubilaciones desde 2002 desató una ola de reclamos judiciales y varios exhortos del máximo Tribunal que finalmente derivaron en la Ley de Movilidad en 2009. "La Corte interpretó que las prestaciones deben mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, lo que no es otra cosa más que la inflación, pero como tuvimos una inflación salvaje siempre se utilizó un mix de índices", explicó a iProfesional el previsionalista Adrián Tróccoli.
La discusión se reabrió con la modificación del cálculo en 2017, que pasó a ajustarse un 70% por la inflación del INDEC y 30% por los salarios (Ripte) con un retraso de seis meses. Así, por el denominado efecto empalme (no se computó un trimestre), el rezago de un semestre y el impacto de la devaluación, los haberes perdieron un 20% de su poder adquisitivo en los últimos cuatro años.
Como el año pasado la inflación fue del 53,8%, recién ahora la fórmula iba a dar por primera vez aumentos superiores a la evolución de los precios previstos para 2020. Esto es un incremento devengado del 11,5% en marzo y otro del 13% en junio para todos los
jubilados, sin importar el nivel de sus haberes. Pero finalmente el cálculo fue suspendido en diciembre pasado por seis meses.
¿Sumas variables?
En el Gobierno no descartan la posibilidad de otorgar una suma variable además del monto fijo, una variante que está sujeta a herméticas negociaciones. Todo dependerá del mensaje que envíe la Justicia.
En la cámara de la Seguridad Social, por lo pronto, ven poco margen un nuevo fallo Badaro, el caso que gatilló cerca de 300.000 juicios por el deterioro de las prestaciones entre 2002 y 2006. Algunos jueces previsionales sostienen que las sumas fijas por decreto fueron autorizadas en forma "legal" por el Congreso y por un plazo de seis meses, por lo que sería muy raro que la Corte declare dicha norma inconstitucional.
El otro argumento es que la medida fue tomada por una situación de emergencia. En rigor, la idea de limitar los aumentos superiores a la inflación a un sector de los jubilados responde a la estrategia de transferir recursos a los sectores más bajos, que son los de mayor propensión al consumo, para salir de la recesión. Pero las medidas también van en línea con los objetivos fiscales del Gobierno.
Fue en ese marco que en diciembre y enero se otorgó un bono de $5.000 a 4,5 millones de pensionados que perciben la mínima hasta los $19.067. La decisión de fijar un "tope" (y excluir a quienes perciben una pensión además de su haber) se debió a que "no hay (recursos) para todos". Así lo explicó el Presidente la semana pasada en una entrevista en la que aseguró que los futuros aumentos también dependerán de que haya una mejora en las cuentas públicas.
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