Un megabanco de desarrollo, la propuesta de Alberto Fernández para blindar los fondos de ANSES
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Los millonarios fondos de la ANSES podrían convertirse, una vez más, en una palanca para impulsar el crédito y el consumo. Alberto Fernández tiene en sus manos un proyecto para crear un banco social y comercial, financiado en principio con las inversiones por u$s22.000 millones acumuladas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
La idea en estudio es que esta cartera de acciones, bonos, plazos fijos y préstamos se utilicen para mejorar los haberes, otorgar créditos hipotecarios y financiar la obra pública, así como proyectos privados.
Los que le hicieron llegar la iniciativa fueron el abogado previsionalista Christian D' Alessandro y, por otra parte, Miguel Ángel Fernández Pastor, exdirector de la ANSES durante la gestión de Sergio Massa. Ambos podrían llegar a ocupar algunas de las áreas clave del sistema previsional el 10 de diciembre.
En la campaña, los especialistas integraron la comisión de seguridad social del Frente de Todos junto a Federico De Marziani y Mónica Roque, exfuncionarios del PAMI y miembros del Instituto Patria. También participaron técnicos del Grupo Callao, sindicalistas de ANSES y la diputada electa Luana Volnovich, quien impulsa una reforma del FGS.
En esos debates surgió la propuesta de crear un "Fondo de protección del futuro", que terminó siendo incorporada a la plataforma electoral junto con el acceso gratuito a los medicamentos por parte de los jubilados del PAMI, la reducción de las tasas de los créditos de ANSES y la revisión de la fórmula de movilidad.
De concretarse, una de las funciones del nuevo banco será la de engrosar los fondos destinados a los haberes. Fernández prometió en campaña una suba del 20%. Hoy la jubilación mínima es de $12.937 y en diciembre pasará a $14.067, un 51% de aumento en el año que estará por debajo de una inflación del 55%.
Para recapitalizarse, el directorio de la nueva entidad dependiente de la ANSES deberá generar nuevos recursos. La apuesta es desarrollar un perfil comercial con inversiones similares a las realizadas por los bancos privados, cuyas carteras incluyen títulos públicos, créditos y las Leliq que el presidente electo busca desactivar.
"Es preciso la creación de un banco de desarrollo de la seguridad social para que, con dichos fondos, se pueden financiar créditos para el desarrollo a la productividad de las pyme, al campo, a las innovaciones tecnológicas, hipotecarios para la construccion de viviendas sociales, créditos para las economías regionales; con tasas accesibles para que el mismo invierta en la sociedad, sostenga la produccion nacional y genere dividiendos para el sostén de las jubilaciones presentes y futuras", reza el proyecto de D´Alessandro.
El abogado del Sindicato de Trabajadores Pasivos le entregó el documento de 17 páginas a los asesores de Fernández, Santiago Cafiero y Nicolás Trotta, y se lo envío al propio presidente electo a través de WhatsApp.
El antedecente inmediato es la experiencia del Banco Ecuatoriano de la Seguridad Social (BIESS), creado en el 2009 bajo el gobierno de Rafael Correa. La institución capitalizada en cerca de u$s18.000 millones maneja fuertes inversiones en proyectos públicos y privados y de infraestructura, así como en bonos y acciones, y es la mayor entidad de ese país en el mercado hipotecario, con más del 52% de los préstamos.
Un banco para la reactivación
Al igual que el modelo ecuatoriano, los técnicos de Fernández creen que el nuevo organismo podría cumplir un rol "estratégico" frente a la crisis. Además de servir como reaseguro de las prestaciones, el flamante banco permitiría al gobierno entrante expandir el crédito en aquellos sectores que aporten dólares, empleo y consumo, y suavizar así la caída de la actividad esperada para 2020.
"Sería como cualquier banco y se distribuirían los ingresos entre los beneficiarios, el único banco que perdió plata fue la ANSES, todos los demás ganaron miles de millones", dijo Pastor a este medio.
Fernández necesita generar nuevas fuentes de apalancamiento para compensar las restricciones del gasto público y la escasez de financiamiento privado, que se redujo casi a la mitad en los últimos cuatro años. De un rango de 16% del PBI en 2016 cayó a 9,1% del PBI en el tercer trimestre de 2019.
El ejemplo "exitoso" más citado por los técnicos es el crédito de u$s70 millones de ANSES en 120 cuotas a General Motors durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2009. Su casa matriz en Estados Unidos se encontraba en plena reestructuración por la crisis internacional y al año siguiente devolvió el préstamo en forma anticipada.
El otro objetivo del eventual banco son las inversiones a largo plazo en infraestructura y desarrollo. "La idea es transformar el FGS en un banco social y sumar nuevos recursos", explicó Pastor a iProfesional.
El previsionalista reconoció que la propuesta fue "muy conversada" durante la campaña y que "Alberto Fernández está al tanto", a la vez que destacó su potencial impacto sobre la economía.
"El FGS tuvo u$s66.000 millones en 2015, tres veces el capital del Banco Nación, imaginate el poder económico que tiene", señaló. El exdirector de ANSES fue uno de los que denunció la desvalorización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyo capital se redujo de los mencionados u$s66.000 millones en 2015 a un tercio en la actualidad, medido en dólares.
También hicieron lo propio Volnivich y D´Alessandro, con denuncias ante la Justicia. En el último caso, tal como reveló iProfesional, el Juzgado N°1 de la Seguridad Social ordenó a la ANSES que brinde información sobre los fondos, luego del amparo del previsionalista para "blindarlos" frente a la creciente colocación de deuda en letras del Tesoro.
Los equipos de Fernández cuestionan además el récord de créditos Argenta a más de 7,7 millones de jubilados y titulares de la AUH para pagar deudas, comprar alimentos y cancelar impuestos. En 2016, se convirtió dicho programa en un sistema de préstamos con descuento de los haberes.
El desafío del financiamiento
En caso de avanzar en la creación de un nuevo banco estatal, una de las discusiones dentro del Frente de Todos es cómo se va a financiar. Los técnicos de Alberto comparten la necesidad de modificar el actual esquema de cargas patronales, que alimentan las arcas de la ANSES.
Alertan que su rebaja progresiva dipuesta en la reforma fiscal, sumado a la merma de contribuciones y aportes por la caída del empleo y los salarios, ponen en riesgo la sustentabilidad de la seguridad social. En efecto, los ingresos al fisco por ese concepto aumentaron un 29,5% interanual en octubre, por debajo de la inflación estimada del 55% en ese período.
"Este fuerte desfinanciamiento va a generar un hueco muy grande, lo cual es paradójico porque hace que el organismo se financie cada vez más por rentas generales, en lugar del sistema contributivo", explicó a título personal el economista Roberto Arias, quien asesora en materia previsional a Volnovich, la candidata de La Cámpora a presidir el PAMI.
El exdirector de estudios de la seguridad social del organismo es de los que respalda una reforma del FGS mediante la creación de un banco de inversión público administrado por fuera del organismo, una propuesta similar a la de Pastor.
En su opinión, los cambios deben apuntar a fortalecer la función de estabilización económica a través de la generación de nuevos fondos. El interés está puesto en los recursos extraordinarios que obtiene el Estado por la explotación de no renovables. Ese podría ser el caso de los impuestos nacionales provenientes del yacimiento de Vaca Muerta o las ganancias de empresas estatales como YPF.
En cualquier caso, los fondos podrían colocarse en activos líquidos desvinculados del ciclo de las commodities y utilizarse en el actual período de recesión para ejecutar políticas anticíclicas, señaló el economista en un artículo publicado en Página/12.
Por otra parte, la nueva entidad tendría prohibido liquidar activos sin autorización previa del Congreso, lo que representa un cambio respecto de la política de Macri. El Gobierno, a través de la Ley de Reparación Histórica y el acuerdo firmado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional, habilitó el uso de activos del FGS para pagar prestaciones corrientes, como ocurrió con la venta de acciones de la petrolera Petrobras a Pampa Energía y de la química Indupa a la brasileña Unipar Carboclor.
Otro cambio que analizan en el Frente de Todos es el rol de los directores estatales en las empresas privadas con acciones en manos de la ANSES. Un tema que durante el gobierno de Cristina Kirchner desató fuertes tensiones y que ahora el "círculo rojo" sigue de cerca.