Uruguay ya había "reperfilado" su deuda, tal como lo hará Argentina: ¿cuál fue el resultado?
La propuesta del Gobierno con respecto a lo que será el reperfilamiento de la deuda tiene un antecedente del otro lado del Río de la Plata: el caso del Uruguay.
Sin quita de capital ni intereses, y en forma amigable bajo el paraguas del Fondo, es el antecedente en el cual se habría inspirado el equipo económico de Hernán Lacunza.
Un interesante informe de LCG consultores recordó esta operación. A comienzo de los 2000, la economía uruguaya iba perdiendo cada vez más dinamismo, en un contexto de crisis de los países de la región que, por efecto contagio, culminó en el cierre de los mercados de capitales. Esto exacerbó su vulnerabilidad en medio de fuertes necesidades de financiamiento, producto de la concentración de vencimientos y de un creciente desequilibrio fiscal.
La devaluación producida luego de la flotación del tipo de cambio (junio 2002) repercutió negativamente en la capacidad de pago de la deuda uruguaya, casi completamente denominada en dólares. A fines de marzo de 2002 Uruguay recibe la ayuda financiera del FMI por un crédito Stand-By a 24 meses por u$s769 millones, que fue aumentado en u$s1.500 millones en la segunda parte del año.
En el año 2003 el ratio deuda pública ascendía a 112% del PBI, de los cuales un 49% eran títulos públicos y un 44% refería a deuda con organismos internacionales. Uruguay enfrentaba problemas de solvencia que, al sospechar de su capacidad de pago, se tradujeron en problemas de liquidez, Una reestructuración de la deuda que implicara un alargamiento de plazos le permitiría resolver el futuro inmediato. A la vez resultaba clave conservar su buena reputación de cumplidor, para así recuperar de manera rápida el acceso a los mercados de capitales.El esquema de reestructuración de la deuda uruguaya contó con el respaldo del FMI. En el diseño de la propuesta de canje el gobierno consideró fundamental dar lugar a la consulta de un comité de acreedores, que incluía a inversores locales, del exterior, institucionales y corredores de bolsa. El proceso de consulta comenzó en marzo de 2003. El gobierno no hacía propuestas, sino que escuchaba las inquietudes de los acreedores. Todos coincidían en un trato equitativo. El objetivo principal del canje era reducir la brecha de financiamiento en el mediano plazo.
El procedimiento utilizado por Uruguay fue novedoso, exitoso y recomendable como mecanismo para experiencias similares. El respaldo explícito del FMI en la elaboración de la propuesta y la cooperación con la comunidad de acreedores para diseñar el programa de canje jugó un papel clave. Además, le permitió al país acceder al mercado de deuda, mediante la emisión de títulos públicos, que se fueron transformando en su mayor fuente de financiamiento.
¿Cómo fue el canje a la uruguaya? Características y resultados del proceso de reestructuración son los siguientes:
-Se establecieron umbrales muy altos para la aceptación del canje por parte del Gobierno: con al menos un 90% de participación en el total de bonos sometidos al canje, el gobierno debía aceptar las ofertas de sus acreedores; con una participación entre 80% y 90%, el gobierno se reservaba el derecho de aceptar la propuesta; y en caso de una adhesión menor al 80%, podría devolver a los acreedores los ofrecimientos.
-Se ofrecieron dos modalidades: una de extensión (mantenía capital, cupón y moneda original, modificando sólo el plazo, en general se extendía cinco años) y otra de liquidez (apuntaba a concentrar las series en pocos títulos para garantizar mayor liquidez en el mercado secundario).
-Se emplearon cláusulas de acción colectiva, que resultaron muy útiles en el canje voluntario.
-La adhesión alcanzó una participación de 93% en el conjunto de los bonos ofrecidos en canje (99% de participación de los bonos locales y 89% de los bonos externos),
-Se realizó sin suspender pagos de capital e intereses durante el período de la oferta.
-La mayor parte prefirió por la opción de liquidez. No hubo quita de deuda.
-El canje de deuda permitió a Uruguay reducir la brecha de financiamiento en los siguientes cinco años.