El Gobierno vuelca casi $40.000 millones al consumo antes de las elecciones

El paquete de medidas que tiene previsto anunciar el Gobierno el miércoles para apuntalar el poder adquisitivo puede terminar de volcar unos $40 mil millones a consumo.

Parte de esa cifra ya se puso en marcha con los aumentos de AUH –se anticipó la suba de 46% anual a marzo–, lo que sumado a la primera cuota de la movilidad para jubilaciones (11%) garantiza más de $ 20 mil millones.

En el caso de las jubilaciones, sin embargo, la primera suba solo permite compensar lo perdido el año pasado. La novedad es el relanzamiento de los créditos Anses.

Hoy el nivel de créditos (los ex Argenta) representa el 4% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo y  ronda los $ 3 mil millones, según los datos al 11 de marzo.

En total, Anses está autorizada a prestar por hasta el 20% del fondo. Eso representaría unos $ 12 mil millones más sobre el nivel actual, con lo que el volumen de créditos se acercaría al pico que mostraron durante 2017, indicó el diario Perfil.

En agosto de ese año, se llegó a un pico de 900 mil créditos otorgados por unos $15 mil millones. El anuncio que se iba a realizar el martes 9 pero se postergó para esta semana, en tanto, incluye una ampliación de los límites de los créditos –hoy en $ 80 mil como máximo para jubilaciones y $ 6.500 para la AUH–.

A pesar de ello y de las paritarias los economistas estiman que el consumo volverá a cerrar a la baja este 2019.

El último informe de la consultora Scentia marca que las ventas en los autoservicios y supermercados cierran el primer trimestre del año con una retracción de volumen de -8,7% frente a marzo de 2018.

En lo que va del año, acumulan una caída del 7,3%. Los precios, en tanto, acumulan una suba del 51,8% a marzo, agregó el citado matutino.

Por eso uno de los focos del Gobierno será la nueva canasta de Precios Preferenciales, un complemento a Precios Cuidados en 12 categorías para cubrir los bienes más básicos y con la idea de que mantengan el mismo precio por seis meses. Hasta ahí, el paquete, no tiene costo fiscal.

Por un lado, el financiamiento para créditos sale de Anses y los aumentos para AUH y jubilados estaban previstos en el Presupuesto y la cláusula para gasto social del acuerdo con el FMI, que se extendió a 0,3% del PBI en la última evaluación del acuerdo.

A esto se suma el bono acordado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que cerró además un aumento del 3% como compensación parcial por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, ese acuerdo representa un costo para el Estado de $ 3 mil millones más, que el Ejecutivo espera que se vuelquen al consumo.

Por fuera de los aumentos en el bolsillo, las medidas en estudio que podrían anunciarse contemplan descuentos especiales en corralones –para apuntalar la construcción privada–, de la mano de refacciones del hogar, medicamentos, electrodomésticos y gasodomésticos de mejor eficiencia energética.

En el último caso, se presentarán como estímulo para achicar el monto de las facturas de electricidad y gas en el contexto de aumento de tarifas.

Otras de las medidas posibles son nuevos planes de pago de la Administración Federal de Ingresos Públicos, aunque no se trataría de una moratoria con condonaciones de deuda.

Además de los descuentos, en el Gobierno estudian un relanzamiento de Ahora 12 y Ahora 18, los planes para comprar en cuotas. El Ministerio de Producción lo resucitó el mes pasado para "la vuelta al cole", en la edición de 12 pagos sin interés y podrían anunciarlo para otros segmentos.  

En la misma línea, los bancos oficiales volverán a la carga con descuentos, con el Banco Provincia a la cabeza en medio de una serie de anuncios que también pondrá en funciones María Eugenia Vidal.

Además, se presentará una nueva canasta de productos a "precios preferenciales". Daniel Funes de Rioja, el titular de la Copal, la coordinadora de industrias alimenticias, advirtió que "no es un congelamiento sino que es un acuerdo voluntario. La otra cara es tener medidas paralelas para resolver la inflación, que está ligada a otras cuestiones".

"Las empresas todavía están definiendo los productos. El Gobierno habla con las empresas, no con las cámaras", aclaró Funes de Rioja.