Con el calor, ¿volverán los cortes de luz?: este es el plan del Gobierno para evitar una crisis como la de 2021
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El verano del 2021 fue uno de los más calurosos de los últimos años, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el año pasado, se ubicó como el quinto año de mayor temperatura promedio en el país desde 1961, y provocó un incremento en el consumo de energía eléctrica en las grandes ciudades argentinas.
Principalmente, porteños y bonaerenses, fueron los que más sufrieron los cortes y apagones de luz incluso en plena fiesta de fin de año momento en el que dos de las principales distribuidoras del país, Edesur y Edenor, recibieron la mayor cantidad de quejas por los cortes que afectaron a más de un millón de usuarios.
Las fotos de los clientes de estas empresas protestando en las calles oscuras contra el gobierno y por la falta de fluido eléctrico en zonas densamente pobladas y con muchísimas propiedades horizontales que ven afectada, además, el servicio de agua corriente son las imágenes que los funcionarios de Casa Rosada y del Palacio de Hacienda quieren evitar pensando en el calendario electoral del año próximo.
Cortes de luz: ¿cuál es el plan del Gobierno para evitarlos en diciembre?
Para ello, el equipo de la secretaría de Energía que conduce Flavia Royón está atento a los reclamos de las compañías generadoras del sistema eléctrico nacional.
El sistema eléctrico nacional se divide en tres subsistemas principales: generación, transporte y distribución. Las redes de transporte de energía eléctrica conectan las centrales de generación de electricidad con las zonas de consumo, y su configuración, mallada, contribuye a garantizar el suministro fiable de la energía.
Pero, en ese contexto, las empresas que generan tienen mucho para decir y reclamar desde que, en marzo de 2020, bajo la actual administración de Alberto Fernández, se desdolarizaron las tarifas.
Empresas como la italiana Enel, dueña de la distribuidora Edesur que recientemente anunció su decisión de poner en venta sus activos en la Argentina, la estadounidense AES, Orazul Energy o las locales Central Puerto de las familias Escasany, Caputo, Miguens, Reca y Aguirre y Pampa Energía de Marcelo Mindlin, vieron recortados sus ingresos hasta en un 30% tras la decisión de pesificar las tarifas.
Luego de la crisis energética del período estival del año pasado, el Gobierno resolvió mediante la Resolución 238/2022, ajustar y remunerar a las empresas que generan electricidad y que operan con plantas térmicas e hidroeléctricas que son consideradas viejas porque poseen una antigüedad superior a los diez años, para financiar inversiones en mantenimiento y garantizar la disponibilidad de energía de base.
Por estas horas, los funcionarios del Palacio de Hacienda analizan un esquema similar para estas compañías que tienen contratos caídos con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde convergen la oferta y la demanda para la compraventa de energía y que es responsable de abastecer en un 93% a la demanda del sistema eléctrico nacional, y trabajan con centrales amortizadas.
El Gobierno, entre el déficit fiscal y el abastecimiento energético
Un esquema que está condicionado por las pautas suscriptas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el ítem, reducción del déficit fiscal.
En ese sentido, si se quiere evitar el malestar en la población por posibles cortes de luz y se pretende asegurar inversiones para mantener las unidades con más de 10 años de antigüedad para mejorar la disponibilidad de energía ante los momentos de estrés del sistema, producto de las altas temperaturas estivales, se necesitarán cerca de 100.000 millones de pesos más a lo previsto en el Presupuesto para 2023.
Los anteriores ajustes por inflación a favor de las compañías generadoras arrojaron un incremento tarifario del 30% en marzo y del 10% en abril del corriente año. O sea, un módico 43%, lejos del porcentaje acumulado del alza del costo de vida informado por el INDEC hasta el momento.
Con los números que analiza el equipo de Flavia Royón, las compañías terminarían el 2022, con una recomposición de entre el 80% y 85% anual, levemente por delante del registro de 76,6% del acumulado hasta el décimo mes del año.
En contrapartida, los ejecutivos de las empresas quieren negociar los ingresos del próximo año tomando en cuenta el Presupuesto Nacional elaborado por el ministro Sergio Massa que prevé una inflación del 60%.
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Además del acuerdo energético que vinculará a la Argentina con Brasil hasta 2025, suscripto recientemente, que le permitirá sumar un ahorro de 376 millones dólares durante este año según el Gobierno y podrá fortalecer el suministro de alta demanda, recomponer los ingresos de las generadoras eléctricas para que no pospongan los mantenimientos de las unidades, es el otro pilar sobre el que se apoya el plan del gobierno para que los ciudadanos no caceroleen en las calles de Buenos Aires por falta de luz.