Sale el decreto: Telefónica podrá dar TV paga en 2018 y Cablevisión dará 4G en 2017

Sale nomás. Esta semana el Gobierno publicaría el decreto que introducirá las próximas reformas al mercado de las telecomunicaciones, como previa a la discusión, el año próximo, de la ley de comunicaciones convergentes cuyo anteproyecto estará listo en marzo y ya se encuentra en plena redacción.

Los dos puntos más salientes del decreto es que las empresas de telefonía podrán dar TV paga a partir de 2018, tal como lo viene reclamando especialmente Telefónica desde hace años. A su vez, se le permitirá ingresar a Cablevisión, del grupo Clarín, a dar telefonía 4G a partir de la reasignación del espectro que consiguió con la compra de cinco empresas por medio de Nextel, que es lo que viene pidiendo a lo largo de este 2016, tal como viene informando iProfesional.

De ser así, el próximo año Nextel ingresaría al mercado como cuarto operador de telefonía móvil en una situación de desventaja frente a Movistar, Claro y Personal, que se dividen el mercado de manera casi perfecta. Y en 2018 Telefónica, Telecom, iPlan y otras podrán incursionar en el negocio de la televisión paga que hoy alcanza a casi el 80% de los hogares de la Argentina, y que es ampliamente dominado por Cablevisión (más de 3,5 millones de clientes a septiembre de 2016, según figura en su balance) y DirecTV (con casi 3 millones de abonados según fuentes de la empresa).

En cualquiera de los casos, Telefónica y Clarín, los dos grandes actores que se muestran los dientes de manera frenética desde hace más de una década tendrán que hacer esfuerzos por invertir en infraestructura y conquistar a clientes en mercados maduros. En otras palabras, tendrán que salir a medirse con sus rivales más allá de la tecnología que uno y otro utilice.

La competencia es uno de los grandes pendientes que no se concretaron en el primer año de gestión de la administración macrista, más allá de que se lo estuvo pregonando constantemente. Hasta el propio ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, admitió como una asignatura en deuda: "Todavía está pendiente mejorar las condiciones en que compite el mercado, eso depende de la regulación y hay que lograr que la competencia sea efectiva y no sólo un discurso", sostuvo en declaraciones a la agencia Télam. De ahí su insistencia en ponerse al frente del proceso.

La apertura total del mercado se producirá en 2018. Allí los jugadores actuales competirán todos contra todos en los distintos servicios de telecomunicaciones y a lo largo de todo el país.

Sólo habrá una restricción de competencia para las localidades de menos de 80.000 habitantes con el objetivo de proteger a las pyme de telecomunicaciones de esas zonas. Por ahora, no estaría definido si esa disposición tendrá una fecha límite o no.

A su vez, las pyme de telecomunicaciones que actúen en poblaciones de menos de 50.000 habitantes estarían eximidas de pagar el 1% para el fondo de Servicio Universal (SU) al que están obligadas a fin de que reinviertan ese mismo monto en expandir su infraestructura y mejorar la calidad de sus servicios en las zonas de influencia. Esta determinación se encararía bajo el esquema "pay or play", decir, pagan el porcentaje correspondiente a SU o, con ese mismo monto, concretar inversiones en infraestructura. El SU es un fondo que sirve para llevar las telecomunicaciones a los lugares más alejados del país, a donde no llegan las redes de las grandes empresas.

El decreto avanzará a su vez, en la reasignación del espectro que Clarín obtuvo cuando adquirió las empresas SkyOnline, Callbi, Trixco, Netizen e Infotel, por u$s 140 millones. Se trata de la banda de 2,5 ghz que hoy está asignada a banda ancha inalámbrica fija (servicios fijos de valor agregado en la jerga técnica). Esto le permitirá a la compañía incursionar en el mercado de telefonía móvil 4G.

Mientras a DirecTV se le habilitará la posibilidad de dar internet satelital -y no estaría claro, por el momento, si ocurrirá lo propio en banda ancha fija-, las telefónicas seguirán impedidas de dar televisión paga por satélite. Es uno de los aspectos que más irrita a la compañía de origen español. Básicamente porque su propuesta radica en que le habiliten esa posibilidad durante un tiempo determinado mientras, en paralelo, construyen red de fibra óptica y, así, migrar luego los servicios de una tecnología a otra. Habría desconfianza en que esto realmente ocurriera en el futuro, admitieron fuentes relacionadas con el sector.

El argumento oficial sobre este último punto radica en que la infraestructura de red se compone en un 60% por doble par de cobre (el que utilizan las telefónicas para dar telefonía y ADSL), algo más de un 30% en cable coaxil (el de los cableros) y apenas un 2% en fibra óptica. Es esta última tecnología la que permite incrementar las velocidades de banda ancha de manera exponencial y que, por ejemplo, se consuman en los hogares diversos servicios, como streaming de audio o video, navegación, uso de aplicaciones diversas y demás, con estabilidad pareja aún cuando haya varios dispositivos conectados en simultáneo.

Aguad quiere que la infraestructura de fibra óptica alcance a al menos un 20% de la población en los próximos años. Esto, en el marco del Plan Nacional de Banda Ancha que también prevé que se suba de manera exponencial la velocidad promedio de las conexiones a los 10 MB. En la actualidad, se ubican en torno a 4 MB o 5 MB según el tipo de estudio de que se trate.

El texto podría avanzar, asimismo, en la protección de la inversión de quienes construyan redes de próxima generación (NGN). Aquellos que inviertan en esta infraestructura tendrán que abrir su red sólo para transportar contenidos y telefonía de terceros. Por ejemplo, si Telefónica invierte en una red NGN que llega al hogar debería permitir a Cablevisión, previo acuerdo, a ofrecer su servicio Flow de contenidos en streaming a los clientes que así lo deseen. Y, al revés, si Cablevisión llega con fibra óptica al hogar tendría que habilitar a Telefónica a brindar su servicio On Video a los clientes que lo contraten. Esto se podría replicar entre las distintas empresas, sea que sean dueñas de redes y/o que brinden prestaciones de valor agregado de cualquier tipo: música, seguridad, monitoreo, y demás.

El decreto también definiría un plan plurianual de espectro, es decir, se evaluarán qué bandas se identificarán para avanzar con 5G. Si bien la Unión Internacional de las Telecomunicaciones UIT) tiene en estudio 11 bandas para 5G y recién en 2019 se definirá cuáles se destinarán a esa tecnología, estaría descontado que en la Argentina se usará la porción de 24 Ghz para ello.

En la actualidad, esa banda está asignada para brindar internet fija, datos y voz de manera inalámbrica, y hay cuatro empresas que poseen espectro en esa frecuencia: Daltel, Alphatel (DirecTV), el Grupo Vila y la ex Diveo, adquirida hace 8 años por Telecom Argentina.

La cuestión del espectro, aunque técnica, resulta fundamental para habilitar la competencia entre los distintos jugadores y, así, abaratar los precios de los servicios de telecomunicaciones de la Argentina que resultan caros respecto de la calidad que ofrecen. Esa será una de las próximas disputas.

Las empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, Telecom y Claro, se quejan porque Clarín se hizo de espectro a un valor mucho menor que el que pagaron en la última licitación. Entre u$s 400 millones y u$s 600 millones por las bandas 4G que se adjudicaron en diciembre de 2014 contra, según el cálculo que ellas hacen, u$s 150 millones que abonó el multimedios para la compra de las cinco empresas.

Desde el multimedios argumentaron que se trató de una adquisición realizada en el mercado secundario y a riesgo de que la inversión encarada no prospere. "Pagamos el costo de que Telefónica diseñe la política de comunicaciones de este país, y en seis meses no pudimos poner ni una antena. Nuestro espectro tiene menos cobertura que el que pagaron los otros jugadores del mercado. Y de la única manera que podemos acceder a espectro es comprando empresas porque no hay licitaciones. Como si fuera un pecado invertir en la Argentina", dijo a iProfesional una alta fuente de Cablevisión.

Esta es una de las grandes disputas que se vienen librando en las últimas semanas en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. Y que puso en evidencia conflictos de intereses ya no sólo entre empresas sino, inclusive, entre algunos integrantes de las segundas líneas de esa cartera.

Esas internas son, de alguna manera, las que han venido frenando la toma de decisiones finales más allá de los conflictos de intereses propios que surgen entre los distintos jugadores.

El mercado de las telecomunicaciones, desde su apertura, allá por el año 2000, encaró una incipiente competencia. Pero luego de la crisis de 2001 y con la llegada del kirchnerismo quedaron muchos aspectos pendientes por resolver. La competencia apenas se produjo en algunas zonas más densamente pobladas o de mayor poder adquisitivo y no por impulso del Estado sino por interés propio de las empresas que veían la posibilidad de su rédito económico.

El beneficio de la competencia, básicamente mejor calidad de servicio a precios accesibles, no llegó a los sectores socioeconómicos medios o bajos, que deberían ser los principales beneficiarios de un mercado más abierto en todos los segmentos de las telecomunicaciones.

Si el decreto sale, como se prevé, se concretará un nuevo paso en ese sentido. Será inevitable afectar los intereses de los distintos jugadores. Será el Estado, a través de sus organismos de control, el que deba resolver esos conflictos, incluyendo las cuestiones que surjan por la concentración económica, pues en el medio siempre hay argentinos que necesitan tener mejores servicios de telecomunicaciones a mejores precios. Sea que se hable de espectro, de Servicio Universal, de banda ancha, de competencia. Al final de la cadena son los consumidores los afectados, y a ellos es a los que el Estado debe cuidar.