¿Cuál es el estado actual del régimen nacional del software?
A comienzos de este año mencionamos que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley (N°1838, de fecha 25/11/2009) para introducir ciertas modificaciones en el régimen de la LPS y, entre otras cosas, extender el plazo de vigencia del mismo hasta el año 2019.
Transcurrido poco menos de 6 meses de este anuncio el tránsito de novedades se entrevé lento. Es por eso que crece cada vez más la expectativa con respecto a su aprobación definitiva, una ansiedad para que el anuncio se haga realidad y los beneficios que contiene sean realmente alentadores para las empresas que se encuentren dentro del régimen como para aquellas que quieran incorporarse.
Sabemos que el proyecto sigue conteniendo en su seno el promover a las pymes productoras de software, que con tanto esfuerzo y constante inversión en recursos humanos e innovación, prestan servicios de altísimo valor agregado, que tanto las identifica.
De este modo, muchas empresas están acelerando sus procesos para certificar calidad insertándose en el mundo globalizado con normas de reconocimiento internacional a las que acceden con mucho esfuerzo, constancia e inversión económica.
Otras, están a la espera de los cambios que les permitirán utilizar los beneficios del régimen, sobre todos los relacionados con las exportaciones, dado que a la fecha aquellas empresas netamente exportadoras no pueden aprovechar los beneficios provenientes del 70% de las contribuciones patronales sujetas a beneficio, dado que carecen de I.V.A a pagar.
El régimen de LPS seguirá siendo un impulso necesario para las acciones de estas en cuanto a que guiará sus modelos de negocios, al mismo tiempo que, con la aprobación del proyecto, se les otorgará certeza y seguridad a las que estén en vigencia, permitiéndoles organizar sus modelos en el largo plazo, prever ahorros, realizar inversiones, etc.
De aprobarse, también las empresas obtendrían mayores beneficios con respecto a unos de los temas que más preocupa y de las que más consultas realizan: los Ingresos Brutos (IIBB) e impuestos provinciales.
En la Ciudad de Buenos Aires, con el dictado de la Ley 2511 la misma declaró que "la actividad de producción de software es asimilable a la producción industrial pero a los efectos de la percepción de los beneficios de la industria, deben acreditar tener el beneficio de la Ley Nacional 25.922 de Promoción de la Industria del Software (LPS)" con los consecuentes beneficios que ello acarrea.
La provincia de La Pampa, por su parte, posee un régimen de promoción industrial y minera, y, mediante el dictado de una ley modificatoria, estableció dentro de dicho marco que ciertas actividades promovidas a nivel nacional, tales como "creación, diseño, desarrollo, producción e implementación de software y su documentación técnica asociada realizada por empresas radicadas en el territorio de la mencionada provincia e inscriptas en el registro nacional de productores de software de la Ley Nacional Nº 25922" podrían acceder a los beneficios del mencionado régimen provincial.
En este mismo sentido, con mayor o menor alcance, muchas otras provincias (Bs. As., Chaco, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, entre otras) han adherido por medio de normativas específicas a las Leyes Nacionales 25.922 y 25.856. Dada la expectativa de prórroga del régimen de la Ley 25.922, se encuentran en una incertidumbre sobre si los beneficios contenidos en estas continuarán vigentes para aquellas que deseen incorporarse más delante.
Por último, del texto del proyecto se desprende un convencimiento de que el Régimen de Promoción de la Industria del Software continuará enmarcándose dentro de un plan estratégico para el crecimiento del sector que tanto aporta con su innovación y por eso el interés en su continuidad.
Macarena Pereyra Roza es abogada y trabaja en el estudio Carranza Torres y Asociados.
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