Dura polémica en España por el control de Internet

El responsable de Comunicación del Partido Popular español (PP), Esteban González Pons, acusó al Gobierno de proponer la creación de "una policí­a cultural" encargada de cerrar páginas web y a la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, de ser "la 'gran hermano' de Internet".

Pons, a través de un comunicado de prensa, citado por la agencia Efe, añadió que con la nueva regulación del uso de la red por la que aboga la norma, el Ejecutivo "tira por la ventana la protección de las garantí­as de los derechos civiles".

El dirigente popular se refirió de esta manera a la disposición de la Ley de Economí­a Sostenible que introduce la protección de la propiedad intelectual como un requisito más para cortar el acceso a Internet.

Hasta ahora, en virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual, un juez puede restringir el uso de la red a un ciudadano si no respeta el orden público, la seguridad, la defensa nacional, la dignidad de la persona, el principio de no discriminación y la protección de la salud, la infancia o la juventud.

La inclusión de ese nuevo factor, para González Pons, genera consecuencias en la garantí­a de derechos como la intimidad o las libertades de expresión, de conocimiento y de información, así­ como la presunción de inocencia o la igualdad de condiciones para acceder a contenidos educativos.

La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, dejó claro que la norma no restringirá el uso de Internet, sino que sentará las bases para actuaciones judiciales contra quienes exploten los derechos de obras ajenas. Insistió además en que siempre será un juez el que curse la prohibición.

Sin embargo, González Pons opinó en su comunicado de prensa que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y la propia González-Sinde "han mentido deliberadamente diciendo que en ningún caso se iba a cortar Internet, y menos sin autorización judicial".

A su entender, "la realidad es bien distinta", como lo demuestra la propuesta de creación de la Comisión de Propiedad Intelectual en el seno del Ministerio de Cultura.

Según sostiene el diputado valenciano del PP, la única función de ese hipotético nuevo organismo consistirá en restringir el acceso a Internet cuando considere que se ha vulnerado "la salvaguarda de la propiedad intelectual".

Tras advertir de la "limitación" que la medida supone para los jóvenes creadores, Pons ha exigido a la ministra que retire la disposición del anteproyecto de Ley de Economí­a Sostenible.

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