Nicolás Maduro ordenó bloquear la red social X en Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el jueves sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días, para que la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, presente "recaudos" ante las autoridades del país caribeño.

"La red social que se llamaba Twitter es de Elon Musk y ha violado todas las normas de la propia red social. Twitter, hoy conocida como X, ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos", aseguró el mandatario venezolano en un acto.

Maduro aseguró que la empresa de Musk "ha violado todas las leyes de Venezuela y en Venezuela hay ley, y vamos a hacer respetar la ley". "Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante diez días de circulación en Venezuela".

El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Mora, advirtió el jueves a Maduro que sufrirá una presión internacional "que no podría imaginarse" si arresta a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

"Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente", dijo el embajador en el Atlantic Council, un centro de lobby con sede en Washington.

"Creo que sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que de alguna manera simpatizan y no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela", expresó Mora.

Proceso electoral sin resolución en Venezuela

El embajador advirtió que se podría esperar que los Estados Unidos presente un proyecto de resolución fuerte en la OEA si Maduro detiene a los dos opositores. Los Estados Unidos, la Unión Europea y países de América latina como la Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay, consideran que González Urrutia ganó la elección, e incluso muchos gobiernos aliados de Maduro, como Brasil, le han pedido que entregue las actas de votación.

El mandatario venezolano pidió la detención de González Urrutia y de Machado, y acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al chavismo, para que certifique su victoria, a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente.

González Urrutia, representante de la líder inhabilitada Machado, desacató el miércoles la citación del TSJ. El dirigente denuncia que hubo un fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios. La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas que aseguran prueban su triunfo. El chavismo desestima la validez de esos documentos.

El gobierno estadounidense de Joe Biden no tomó por ahora medidas concretas contra Caracas, mientras los gobiernos de Brasil, Colombia y México buscan mediar una solución ante la crisis en Venezuela.

Washington quiere dar a los tres países "espacio y oportunidad para trabajar y encontrar un modo de avanzar" en este contexto, dijo Mora. Pero insistió que Venezuela es una prioridad para Estados Unidos: "No abandonaremos al pueblo venezolano", afirmó.

Brasil, Colombia y México, que intentan mediar una solución para la crisis en Venezuela, insistieron este jueves en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y no del Tribunal Supremo, a donde supuestamente fueron enviadas.

Reclamo de Brasil, Colombia y México a Maduro

Los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado que "consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación".

Los mandatarios además pidieron "la divulgación transparente de los resultados electorales" y reafirmaron "la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular".