Los profundos cambios en el sector de las comunicaciones que propone el proyecto de "ley ómnibus" de Milei
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El proyecto de "ley ómnibus" denominado —con reminiscencias alberdianas— "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", impulsa una revolución desregulatoria y de reformas de corte liberal, incluyendo las comunicaciones.
Sus cambios pueden verse como una ambiciosa refundación jurídica, económica y política del país, enmarcada en un clima de época y consenso social que avala la reducción del gasto público, la eliminación de normas burocráticas que coartan el libre desarrollo de actividades y la conveniencia de privatizar.
Pero, demás de los apoyos, el proyecto suscita críticas por su delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo —y en múltiples temas de importancia—, calificada por algunos como "suma del poder público"
Hay quienes ven irónico que se quejen de autoritarismo quienes usaron profusamente los DNU en su momento, trataron al Congreso como una escribanía sin admitir debates o cambios a proyectos, actuaron activamente para deslegitimar o perseguir desde el Estado a la oposición o al periodismo crítico, o bien simpatizan activamente con regímenes autoritarios externos.
Otras críticas apuntan al inmenso número de reformas del proyecto sin haber sido explicadas o fundamentadas, ni tampoco debatidas. Y existe la reacción de algunos grupos o sectores cuyas posiciones indebidas o privilegios se ven afectados.
Esta nota se limitará a realizar una descripción analítica y comentada de los puntos del proyecto relacionados con las comunicaciones.
Medidas: positividades e inconsistencias
Como en el DNU anterior, las medidas sobre comunicaciones pueden considerase en general positivas, quizás con algunas excepciones en temas de promoción cultural.
La profundidad y audacia de las reformas en algunos puntos es notable, pero en otros es muy limitada. Esto puede deberse al trabajo de personas con distintos criterios o con grados dispares de conocimiento de normas o los diferentes rubros.
En este contexto, aparecen inconsistencias. Si se derogaron o cambiaron normas medianamente "intervencionistas", ¿por qué no se eliminaron o reformularon otras evidentemente más restrictivas?
En el DNU anterior se cambiaban topes de redes de emisoras o se liberaba el mercado de comunicación satelital. Pero ni en aquella norma ni en este proyecto de ley se modifican los mecanismos de adjudicación de licencias de radio y TV o regulaciones burocráticas de contenidos.
Por ejemplo, no se puede abrir un nuevo canal de TV aéreo en CABA; debe pedirse permiso para transmitir en red programas de Córdoba a Buenos Aires y la música o películas están sujetas a ciertos porcentajes.
Para concursar por una emisora legal de radio o TV (en un lugar y momento decididos unilateralmente por la autoridad) debe presentarse una "propuesta comunicacional" (compromisos de programación en teoría inamovibles). Y las publicidades deben ser autorizadas conforme a constatar su "producción nacional".
Todas estas disposiciones subsistentes —algunas posiblemente inconstitucionales en términos de libertad de expresión— alcanzan a radio, TV de aire y ciertas señales de cable, pero no a las plataformas (OTT o streamings). Con miles de opciones para elegir, en aire, TV Paga o Internet, hay quienes creen que esto tiene poco sentido.
En todo caso puede beneficiarse impositivamente a quienes ofrezcan contenidos originales o locales, aspectos que ni el DNU ni el proyecto plantean.
Otro tipo de inconsistencia son reformas que alteran la arquitectura jurídica y pueden provocar inesperados vacíos normativos. Por ejemplo, el proyecto deroga la Ley 23727 (1989), que convalidó el uso de antenas satelitales privadas.
Como ninguna ley posterior trató explícitamente este tema, puede interpretarse que tras esta derogación se restablece la disposición de la Ley de Telecomunicaciones del general Lanusse (1972), que prohibía dichas antenas satelitales particulares.
Insólitamente y a pesar de haber un DNU desregulatorio de 2001 y dos leyes generales de Medios (2009) y de Telecomunicaciones (2014), varias veces modificadas, no se derogó nunca la citada ley de Lanusse, que sigue vigente, confundiendo el marco regulatorio general con disposiciones obsoletas.
Y aunque es obvio que no se lo aplicará, tampoco se deroga el cuestionado DNU 690 de 2020 que declaró "servicio público" a las telecomunicaciones y estableció un (deficiente) control de precios.
Empresas a privatizar
El proyecto menciona 41 empresas a privatizar, de las cuales casi el 25% del total tiene que ver con las comunicaciones o las TIC.
Se trata de RTA (Radio Nacional y TV Publica), los medios de las universidades de Córdoba (SRT) y en Santa Fe (RUNL), Contenidos Públicos SE (Encuentro y otras señales), la agencia Télam, Arsat (telecomunicaciones), Correo Argentino, Educ.ar, EANA (navegación aérea) y Polo Tecnológico Constituyentes SA.
A efectos de concretar esas privatizaciones, el proyecto remite a la Ley 23696 (1989), que establece los mecanismos a utilizar: licitación, concurso, remate o venta de acciones en bolsa.
Pero también permite la "contratación (adjudicación) directa" si se hace en favor de empleados o "usuarios" de la empresa. Así se podría, por ejemplo y tal como se habló, ceder Aerolíneas Argentinas (o cualquiera otra) a su personal por un peso.
La privatización "parcial" o "total", mencionada en la citada Ley 23696, podría interpretarse como que una misma empresa puede ser dividida en partes o unidades para su enajenación.
Esto es lo que posiblemente ocurra con RTA, que son 40 emisoras AM/FM de Radio Nacional, el canal TV Pública en Buenos Aires (con cobertura nacional) y otro e Trenque Lauquen (ex canal privado).
Es casi imposible que alguien quiera comprar RTA entera. La disparidad entre sus numerosas emisoras (desde el imponente canal 7 de la Avenida Figueroa Alcorta hasta la modesta emisora radial de Chos Malal) hace inevitable el déficit, aun con saneamientos de todo tipo.
Hay situaciones igualmente incongruentes; emisoras duplicadas de Radio Nacional en Mendoza (LRA6 y LV8) o Comodoro Rivadavia (LRA11 y LV4) que transmiten frecuentemente lo mismo.
Lo que seguramente ocurrirá es que se privatizarán algunas frecuencias, pero no todas. Predios o terrenos quizás sean descartados o vendidos por los nuevos titulares. Y hasta podría ser que solo les interese el edificio, como el caso de la TV Publica en Buenos Aires.
Contenidos Públicos SE está a cargo de señales de cable como Encuentro, Paka Paka y otras parecidas. Estas señales con toda probabilidad tampoco podrán ser privatizadas.
Sus funciones son más parecidas a un anexo de la Secretaría de Cultura o Educación (más allá de su pasado uso propagandístico) que a otra cosa. Enajenarlas sería algo parecido a conseguir interesados para privatizar un museo o una biblioteca.
Posiblemente la red de medios públicos se vea reducida, pero algunos de ellos quizás terminen mantenidos inercialmente por falta de interesados, ante un gobierno que podría no querer cerrarlos completamente. Ya no sería tan rara ante un Milei que descartó su prometida dolarización o clausura del Banco Central.
¿Una opción más creativa?
Podría haber otra opción, más creativa y que preserva un sector de la comunicación con objetivos culturales al margen del mercado, como existe en muchos lados. Se trata de privatizar los medios públicos en favor de una fundación no gubernamental, con independencia programática y de gestión.
Sin propaganda, sin carga astronómica para el erario, sin acomodados y con profesionales. Y que además puedan beneficiarse con archivos o de algún personal competente actual.
Este modelo implica un entramado de alianzas público-privadas, incluso con un aspecto competitivo (propuestas, etc.) para desarrollar contenidos educativos, culturales y artísticos, con ingresos propios y algunos aportes del Tesoro, pero también con donaciones, auspicios deducibles o venta de programas.
No es el modelo de la BBC de Londres, tantas veces citado sin conocimiento y quizás impracticable en la realidad argentina. Pero sí es el modelo de la TV Pública norteamericana, que ofrece a ese país medios públicos acotados pero de calidad cultural, con participación privada e ingresos genuinos
La agencia Télam, en cambio, no parece tener destino como entidad gubernamental. Hasta el presidente de izquierda mexicano, Andrés López Obrador cerró su equivalente, Notimex, por su propaganda, malos servicios y alto déficits.
Télam fue fundada en 1945 por la inteligencia del Ejército para intervenir en las elecciones y desde allí comenzó su carrera casi ininterrumpida de propaganda y manipulación, con "servicios" o personal militante y como caja de altos costos.
Gran parte de países carece de agencias estatales de periodismo general: Chile, Uruguay o Colombia son ejemplos cercanos. En otros, hay agencias privadas, si bien lejos de sus días de esplendor: globalmente, AP y Reuters; en Argentina, NA.
Usando la Ley 23696 Télam puede cederse por un peso a sus empleados o aún cerrarla. Es dudoso también que alguien quiera comprarla ¿Qué compraría? ¿Nombre, personal, edificio?
Hay una inconsistencia que es la privatización de las emisoras universitarias de Córdoba (que incluye al importante Canal 10) y de la Universidad del Litoral, pero no al resto de las cerca de 40 radios y televisoras universitarias del país.
Esto ocurre porque la lista de privatizaciones sólo incluye organizaciones constituidas en forma de "empresa" (como las citadas emisoras cordobesa y santefesina), pero no actividades estatales adosadas a la administración central (como por ejemplo las rutas nacionales, que de hecho en algunos casos privatizaron en el pasado). Este es un error importante del proyecto.
Volviendo a las emisoras universitarias, aunque algunas han sido reductos sectarios de propaganda, militancia y negocios políticos, otras han cumplido un rol plural cultural, como la propia Radio UBA (87.9).
No parece justo privar a las universidades de tener medios, como ocurre en casi todo el mundo. Pero no deberían distraer desproporcionadamente recursos educativos y cumplir una función de extensión cultural, no de programación general.
El caso Arsat
La estatal Arsat tiene tres funciones: 1) operar dos satélites en posiciones orbitales reservadas al país, 2) operar una red terrestre interurbana mayorista de fibra óptica que llega zonas apartadas y 3) operar los transmisores de la TV digital (TDA).
Arsat tiene actividades rentables y otras que no lo son. Sus dos satélites (ensamblados en el país con materiales críticos externos y lanzados igualmente desde el exterior) compiten con más de una docena de empresas internacionales, con lo cual su rentabilidad es baja. Sus principales usuarios son organismos estatales (desde canales de TV hasta loterías provinciales).
Quienes compren los satélites de Arsat solo podrán usarlos unos 7-8 años más hasta el fin de su vida útil. Luego deberán lanzar reemplazos (300 millones de dólares cada uno) para competir con múltiples satélites internacionales (desde satélites bolivianos hasta canadienses).
Todos estos artefactos ya operaban en Argentina antes de la desregulación satelital del DNU de Milei. Se trata de satélites de naciones donde recíprocamente puede operar Arsat (aunque en algunas de ellas casi no tiene clientes).
Menos glamoroso que los satélites, pero más relevante, es el caso de la fibra. Arsat tendió una extensa red de fibra óptica interurbana que llega a lugares donde no van empresas privadas (telefónicas u otras) o llegan con vínculos de baja capacidad.
Esa red de Arsat es mayorista: no presta servicios a usuarios finales pero es crucial para que los pequeños proveedores pyme o cooperativos brinden Internet en sus pueblos. Esta es una función de promoción.
La privatización de Arsat podría hacer que se retiren tramos de esos lugares (desde el oeste de Formosa hasta el vínculo a Tierra del Fuego) por su no rentabilidad o bien no continúe avanzando hacia zonas similares.
Durante el menemismo, se les impuso a las telefónicas fijas la meta de funcionar en toda localidad de 500 habitantes o más, lo que llevó la telefonía a muchos pueblos que nunca la habían tenido.
Esas mismas metas de servicio de promoción se le podrían fijar a un futuro titular privado de Arsat para conectar a los proveedores de Internet de localidades aisladas. Arsat mantendría su rentabilidad con los trayectos atractivos de su red.
Casi todos los países del mundo tienen tramos de fibra óptica mayoristas promocionales para hacer llegar la banda ancha a lugares apartados. Pueden ser estatales, cedidos en concesión a privados o subsidiados, aun en naciones tan privatistas como los Estados Unidos.
La red de transmisores de TV digital abierta (TDA) de Arsat puede ser privatizada en favor de una empresa que le cobre a quienes la utilizan. Hoy dia, además de las señales estatales (TV Pública y otras), Arsat aloja "a dedo" y sin costo a señales "invitadas" (desde Rusia Today y la venezolana Telesur hasta C5N, El Destape y aún LN+), al margen de la propia Ley de Medios.
El proyecto contempla más empresas a privatizar, así como otras reformas y desregulaciones. Todas aquellas que estén relacionadas en forma directa o indirecta con las comunicaciones serán analizadas en un próximo artículo.