Próximas subastas para las comunicaciones 5G y muchos "cabos sueltos"
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Mientras países vecinos como Chile o Brasil ya tienen en funcionamiento servicios celulares 5G plenos, Argentina continúa enfrentándose a cabos sueltos e incertidumbres.
Frente a la proyectada licitación (subasta) de espectro para hacer posible esta nueva tecnología en el país (sin fecha precisa, pese que el ente regulador ENACOM la anunció para el actual trimestre), las novedades son el dictado de un reglamento al que muchos califican como demasiado básico, a la vez que se ha definido una sola banda de las múltiples posibles para su prestación.
No resulta claro todavía si el gobierno se decidirá por un modelo de subasta meramente fiscalista (asignar frecuencias primordialmente a quien oferte más dinero).
O, por el contrario, si se buscará con mayor énfasis que los interesados "paguen" el espectro no solo con dinero sino también con compromisos de inversión y cobertura. Esto favorecería más a los usuarios, aunque el fisco recaude menos (hipótesis esta última a la que menos aspira el gobierno debido a sus urgencias económicas).
Tampoco hay certezas sobre cómo se resolverán los inconvenientes para acceder a divisas, lo que no es menor para que las empresas adquieran los equipos necesarios y para pagar la propia subasta. Las expectativas de recaudación que calcula el gobierno han sido calificadas como desmesuradas por las empresas y especialistas.
Por otra parte, continúa el rechazo generalizado del decreto de control de precios (DNU 690), que según la inmensa mayoría de la industria perjudica la inversión. Mientras, una nueva cámara empresaria lanzada hace poco tiempo y que se suma a las existentes ha puesto de relieve una suerte de "grieta" en el sector.
La situación de los "cabos sueltos" apuntados ya fue repasada en una nota anterior de iProfesional. El modo y oportunidad en que se resuelvan ahora comprometen los tiempos, pero también la solidez necesaria del proceso de implantación de esta nueva tecnología.
Como si lo anterior fuera poco, Argentina presenta evidentes problemas macroeconómicos (inflación, pobreza) y políticos (un gobierno débil y en retirada con poco margen de acción, que proclama incluso que no cumplirá con los fallos de la Corte Suprema si los considera inconvenientes).
El 5G no sólo incidirá en una mayor velocidad y estabilidad de las comunicaciones celulares sino que —más importante aún— permitirá implantar en forma generalizada el IoT (Internet de las Cosas), con la posibilidad de controlar, facilitar y automatizar múltiples procesos productivos, así como desarrollar la inteligencia artificial y la big data en las comunicaciones.
El 5G ofrece enormes anchos de banda, mientras su reducción al mínimo de la latencia (delay) resulta indispensable para mejorar respuestas de telecomando y telecontrol. Por ejemplo, y entre muchas otras cosas, para facilitar la conducción remota de vehículos, videoconferencias o aplicaciones de telemedicina.
El Reglamento y la banda
El recientemente aprobado reglamento del 5G (llamado, en la siempre inigualable jerga burocrática de los funcionarios, Reglamento General del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes - STeFI), dice en realidad muy poco.
Por un lado, señala obviedades o principios ya consagrados en la normativa general argentina y de cualquier país del mundo (como que se debe interconectar con los usuarios del 4G, como si a algún prestador se le pudiera ocurrir lo contrario) (artículo 5.1.e) o bien tener capacidad de itinerancia (roaming) "mundial" (artículo 5.1.f), condición ya impuesta en el mercado.
También señala que la velocidad del 5G debe ser de un mínimo de 2 Gbps (para las radiobases -antenas-) y de 150 Mbps (para los dispositivos del usuario). Asimismo, determina que ofrezca una latencia menor a 15 milisegundos. Se trata de parámetros que son más o menos utilizados en todo el mundo.
Posiblemente la única decisión real de este reglamento es especificar el uso de la tecnología TDD, considerada más eficiente que la otra utilizada, la llamada FDD.
Aunque es un tema muy técnico, puede señalarse que la requerida TDD usa la misma frecuencia para cada dirección. Es decir, para la "bajada" (desde la antena al dispositivo del usuario) y la "subida" (viceversa), pero con distintos slots ultrarrápidos secuenciales de tiempo, asignados según se trate de comunicaciones que provengan de la antena o bien del equipo del usuario.
Así, se ajusta el ancho de banda de acuerdo a las necesidades y se ahorra uso del siempre escaso espectro.
La FDD, en cambio, usa para ambas direcciones canales diferentes con distintas velocidades preestablecidas (el dispositivo del usuario transmite más lento que la descarga desde la antena).
La tendencia es que la demanda de transmisión de los usuarios requiere cada vez más ancho de banda (nube, videos y uso de big data). Como la FDD limita asimétricamente la velocidad de "subida" y ofrece mayor rapidez para la "bajada" (de la misma forma que el Internet fijo actual que no se presta por fibra óptica) el TDD se convierte en una opción más eficiente y por eso es la que se va imponiendo.
Sin embargo, el uso de esa TDD prescripta por el Reglamento requiere que las redes que operen en una misma área (incluso en las fronteras) estén sincronizadas. Las antenas deben transmitir en las mismas ranuras de tiempo y los dispositivos solo hacerlo en los otros intervalos.
Para lograr esta sincronización debe imponerse un plan técnico al efecto, sobre el cual no hay ningún detalle en el Reglamento: apenas una mera mención que "los prestadores deberán proceder a la sincronización y coordinación de sus redes".
El Reglamento tampoco especifica que la subasta deba hacerse en una o varias bandas que son susceptibles de utilizar en 5G. Menos bandas subastadas significan menos espectro y, por lo tanto, menos velocidad y capacidad general del sistema.
Ya se ha anticipado que, por ahora, solo se subastará la banda de 3.5 GHz. Es una postura quizás lógica por tratarse del inicio del servicio, pero que no deja de ser discrecional de los circunstanciales elaboradores de los pliegos.
Así, estos últimos terminan sustraídos de un control sustancial y detallado —y en cuestiones trascendentes— del propio directorio del ENACOM, donde está representada la oposición.
Otras indefiniciones
Tampoco se ha definido si el área geográfica de explotación podrá ser regional o nacional. Es decir, si los bloques de frecuencias se asignarán para todo el país o por zonas. Esto determina si puede haber un cuarto operador (descontándose que los tres nacionales existentes se presentarán a la subasta).
No se ha previsto en el Reglamento que exista un "mercado secundario" de frecuencias, lo que permitiría que los operadores existentes puedan venderse entre sí bloques de frecuencias (o incluso transferirlos a un nuevo operador). Este procedimiento agiliza y dota a la gestión del servicio de una gran flexibilidad.
Finalmente, todas estas decisiones y "detalles" (no menores) irresueltos terminarán siendo develados a partir de los pliegos de la subasta, lo que constituye un procedimiento opaco, ya que se conocerán por trascendidos o cuando se den a conocer esos mismos pliegos.
Es decir, los interesados —en teoría— se enterarán casi en el momento y no podrán prepararse adecuadamente para tomar decisiones con una prudente antelación.
El ingeniero Miguel Ángel Pesado, titular del colegio de ingenieros COPITEC, opina también que los pasos son insuficientes: "La banda de 3.5 GHz es solo una parte de 5G. La planificación debería abarcar todas las bandas" del 5G, acotó en su blog.
Para el experto "se necesitaría un Reglamento (…) que involucre tanto a las bandas de 4G como de UHF que no han sido totalmente migradas, y que hoy todavía presentan posibilidad de interferencias con el servicio de TV codificada".
Agregó que "bandas de otros servicios necesitan también ser reformadas y actualizadas acorde a lo publicado actualmente en el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina del ENACOM".
Las observaciones de Pesado son interesantes si se considera que fue director de ARSAT (2007-2015) en la etapa kirchnerista, a la vez que asesor en ENACOM durante el segundo tramo del macrismo (2017-2019).
¿Banda limpia?
Precisamente, existen dudas sobre si la banda de 3.5 GHz que se subastará (convenida internacionalmente y que venía siendo en Argentina ocupada por otras comunicaciones) se encontraría ya efectivamente "limpia". Es decir, que ningún servicio operativo actual pueda causar interferencias en el 5G.
Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, afirmó en septiembre pasado que "ya hicimos nuestro trabajo, que era limpiar la banda de 3.5 GHz para poder hacer la licitación; ahora depende de otras áreas de gobierno". Pero dos meses después, el presidente del mismo ente, Claudio Ambrosini, dijo que la limpieza de la banda estaba "muy avanzada".
¿Se terminó o no esa limpieza? Más allá de la verdad, lo cierto es que el Estado argentino tiene malos antecedentes al respecto. Cuando se hizo la subasta del 4G en 2014 se adjudicaron bandas que sólo se pudieron usar plenamente años después porque en su momento no estaban vacías.
Y no se trataba de servicios de comunicaciones esotéricos: una de esas bandas estaba ocupada, entre los canales UHF 52 al 69, nada menos que por señales de TV codificada y hasta por la televisora abierta de la Universidad Nacional de La Plata, cuya existencia era pública y notoria.
También funcionaban en esa porción del espectro canales de TV sin licencia del conurbano: sin que muchos usuarios lo supieran, estas emisiones le provocaron más de un problema a los teléfonos celulares en el Gran Buenos Aires.
Misterios espectrales
En Argentina no existe una lista de acceso público y/o fácil para saber qué frecuencias están adjudicadas concretamente en cada zona (en especial las de radiocomunicaciones, ya que si bien las de radiodifusión tampoco están disponibles en su totalidad, muchas son más o menos de conocimiento público: todo el mundo sabe en qué canal opera Canal 9 en Buenos Aires).
Insólitamente, esto se maneja como si fuera información privilegiada: lo más parecido a esta lista, aunque no sea estrictamente igual, es una base de datos del ENACOM llamada sistema Hertz, por la cual se gestionan pedidos de usos y tramites de frecuencias.
Pero a esa base de datos resulta engorroso acceder y debe hacerse con registro previo y declarando un interés, lo que resulta parcialmente violatorio de los principios que rigen la información pública. Es como si hubiera trabas para acceder a un registro de la propiedad inmueble para conocer cuáles son los propietarios de parcelas de tierra, en el campo o la ciudad.
Sería relativamente fácil lograr que esa información sobre frecuencias pudiera confeccionarse y hacerse accesible por Internet en 10 segundos por parte de cualquier habitante del país, sin habilitaciones especiales. Para esto debe existir decisión política y de transparencia informativa.
Sin embargo, el tema tampoco se agota en esto: como ocurrió con las interferencias 4G en el Gran Buenos Aires, existen numerosos servicios no autorizados que ocupan frecuencias y que no siempre son "registrados".
Tan solo si se repara en el hecho que hay emisoras de FM que hace más de 30 años funcionan sin licencia —ocasionalmente clausuradas cuando interfieren con las comunicaciones de los aeropuertos o, a veces, por cuestiones políticas— se tendrá idea de la magnitud del problema.
Pero no se trata sólo de radiodifusión. Hay servicios de radiocomunicaciones no autorizados en muchas bandas de los cuales no hay mayores detalles. Aunque las estaciones de monitoreo oficiales los detecten, su rastro de registro y control se pierde en los senderos de la burocracia.
Por todas estas razones un inventario de frecuencias legales accesible y actualizado tampoco sería la solución completa del problema sino también relevar cuidadosamente los servicios ilegales.
¿Quién da más?
Más allá de esto, existe la cuestión de los valores del espectro. El gobierno, urgido por problemas de caja y cambiarios, ve a las subastas para el 5G no sólo como un avance en las comunicaciones, sino también como una forma de recaudar los tan ansiados dólares.
Las autoridades manejaron cifras de ingresos por 1400 o 1200 millones de dólares, consideradas desproporcionadas por expertos en el sector.
Las empresas dicen en voz baja que no esperan desembolsar más de 200 o 300 millones de dólares, ya que montos superiores no guardan relación con la valuación de las compañías, afectadas por la alicaída relación de sus ingresos en pesos, cada vez devaluados con respecto al dólar.
Aun si en las hipótesis más optimistas se ofertara más del doble de estas cifras —expresan fuentes del sector que solicitan anonimato— se afectaría la rentabilidad de la inversión a corto y mediano plazo.
La asociación internacional que reúne a los operadores móviles y otros "stakeholders de la industria" (aquí es la no menos inigualable jerga corporativa), la GSMA, alertó en un documento sobre que "las condiciones macroeconómicas únicas del país han multiplicado por cinco la incidencia de los costos del espectro sobre el ingreso recurrente de la industria, llevándolos al doble de la mediana regional".
Se ha dejado saber que los actuales prestadores estarían reuniéndose con el ENACOM para opinar sobre la confección de los pliegos. Muchos se preguntan si no sería adecuado también llamar a audiencias públicas para que cualquier grupo o ciudadano expresen su parecer al respecto.
Es decir, que no se trate solo de una cuestión entre empresas "conocidas" y el gobierno, por más que esas empresas sean las principales interesadas y figuren entre las muy posibles prestatarias del nuevo servicio.
Como el Reglamento determina que se asignarán bloques de 100 MHz y la banda de 3,5 GHz posee 300 MHz en total, se deduce forzosamente que habrá licencia para tres empresas si se decidiera la adjudicación por bloques de frecuencia nacionales.
No obstante, puede haber una posibilidad de cuarto prestador pero sólo en regiones determinadas, siempre que se hiciera una subdivisión espectral por zonas geográficas. Esto aún se desconoce, aunque se trate de un escenario poco probable.
IDA y vuelta
Finalmente, una entidad de empresas de telecomunicaciones de reciente formación, Infraestructura Digital Argentina (IDA), en donde se destaca con peso Movistar-Telefónica, dijo que la inminente subasta para 5G "carece de una visión integral" y por tanto "compromete" la implementación de ese servicio.
La fundación de IDA fue mal recibida por CABASE (Cámara Argentina de Internet), una de las asociaciones históricamente más representativas y que incluye a los principales prestadores e interesados del sector, numerosas pymes y varias cooperativas. (Movistar-Telefónica continúa figurando como una asociada en su sitio web.)
Al igual que IDA, CABASE es también crítica con la política gubernamental y con el DNU 690 de control de precios, pero opina que "es momento de unir fuerzas (...), en lugar de generar una nueva división", según dijo su titular Ariel Graizer en un comunicado.
Es imposible no pensar que estos movimientos no tienen que ver con el 5G, definiendo dos polos: el de Movistar-Telefónica, que considera inconveniente por completo realizar la subasta en estas condiciones y el de Personal-Telecom que estaría más dispuesto a acelerar los plazos, aun con los problemas actuales.
Claro Argentina y Personal-Telecom no han hecho comentarios públicos tan terminantes como los de IDA sobre la futura subasta-licitación, en la cual —por lo demás— se especula que también podría presentase Telecentro, el operador de TV cable e Internet originado en La Matanza, a cargo de Alberto Pierri.