Evaluación mundial de libertad de Internet: como quedó Argentina
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Argentina quedó en cuarto lugar entre 11 países del hemisferio americano en una evaluación de parámetros de libertad en Internet.
Esa posición figura en el informe anual de 2022 elaborado por la ONG Freedom House denominado Freedom on the Net y que es considerado el principal reporte global sobre la materia, dado a conocer esta semana, aunque no aún en su versión en español.
La posición argentina sitúa al Internet del país en la categoría de "libre", en una categoría máxima posible de 100 puntos (= Internet completamente libre). La lista para el hemisferio Occidental (las Américas) es liderada por Costa Rica (88 puntos) seguida por Canadá (87), Estados Unidos (76) y Argentina (71). Las tres primeras puntuaciones también corresponden a un Internet "libre".
En la siguiente franja, cuya puntuación determina países con Internet "parcialmente libre", vienen Brasil (65), Colombia (64), Ecuador (64), México (61) y Nicaragua (45). Con Internet "no libre" continúan Venezuela (30) y, en último lugar en el continente, Cuba (20).
El resto de los países del continente (Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, las naciones del Caribe, las otras centroamericanas y las guayanas) no están evaluadas. Se presume que Chile y Uruguay podrían ocupar posiciones altas en cuanto a parámetros de libertad, tales como son definidos por Freedom House.
Evaluación general
"El entorno de Internet de Argentina permaneció libre [entre mediados 2021 – mediados 2022], ya que los usuarios en general experimentaron un acceso sin restricciones al contenido online y pudieron participar libremente en las redes sociales", dice la evaluación general de Freedom on the Net.
Agrega que "no se presentaron tantas denuncias penales contra los usuarios por contenido sobre COVID-19 como cuando comenzó la pandemia" y que "los activistas continuaron usando herramientas digitales para movilizarse en torno a cuestiones de género" y otras.
Afirma también que "el gobierno tomó decisiones que favorecieron la privacidad del usuario frente a prácticas potencialmente expoliadoras de empresas de redes sociales", refiriéndose a una resolución que impidió a WhatsApp poner en vigor términos abusivos sobre compartición de datos.
"A pesar de estos desarrollos positivos, continúan surgiendo informes de vigilancia gubernamental ilegal, mientras que los ataques técnicos han continuado dirigidos a entidades gubernamentales y al menos a un sitio web que aloja reportajes de investigación", alerta.
La puntuación de Argentina de "libre", con 71 puntos, la coloca sin embargo a dos puntos de la categoría "parcialmente libre" que comienza en la escala a partir del número 69. Puntuaciones entre 0 y 39 determinan que Internet sea considerado "no libre", posición en la que sólo se ubican dos naciones americanas evaluadas: Cuba y Venezuela.
Freedom House considera tres grandes ejes para componer el puntaje y la evaluación final de cada país, en donde cada eje contribuye con un máximo: a) Obstáculos al acceso (25 de los 100 puntos posibles), b) Límites en los contenidos (35), y c) Violación de derechos de los usuarios (40). Cuando más alto es el puntaje, más positiva (libre) es la evaluación.
De esta forma se advierte que se trata de un concepto amplio de libertad, no meramente negativo ni que corresponda exclusivamente a acciones restrictivas del Estado: al final se termina repasando la situación general de Internet de cada país.
Así, por ejemplo, considera como obstáculos al acceso la existencia de tarifas altas o infraestructura deficiente o como violación de derechos de los usuarios las actividades de hackers privados.
Además de las naciones americanas se evalúan 59 países más, es decir, un total de 70 en el mundo, en donde Argentina queda en la posición 17, entre Serbia (posición 16, libre, con 72 puntos) y Hungría (posición 18, parcialmente libre, con 69 puntos).
Los países con el Internet más libre, en las tres primeras posiciones, son Islandia (95), Estonia (93) y Costa Rica (88). Y los que poseen el internet menos libre son Irán (16), Myanmar (12) y China (10).
El informe se da a conocer anualmente desde 2011 por Freedom House, una ONG independiente con sede en Washington DC, que "investiga y promueve la democracia, la libertad política y los derechos humanos".
Obstáculos al acceso
En cuanto a obstáculos al acceso, Argentina llega en el informe a 19 de los 25 puntos posibles (25 = sin obstáculos), lo que significa que existen varios obstáculos.
La tasa de penetración de Internet en Argentina se encuentra entre las más altas de América Latina (85% de la población accede a Internet fijo o móvil según la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2020, últimos datos disponibles).
Pero hay diferencias geográficas: Internet fijo llega a más del 80% de los hogares en provincias como La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego y Córdoba, y por debajo del 40% en otras, como San Juan y Formosa.
Los costos de conectividad del país son bajos al compararse con otras naciones de la región. Sin embargo, la "alta inflación hace que los precios de Internet sean relativamente caros, especialmente para sectores de bajos ingresos".
El informe ofrece un cuadro mixto acerca de esos precios (para enero de 2022). Dice que el precio promedio de "un gigabyte" (GB) de datos móviles es más caro que en la mayoría de los países de la región: 188,7 pesos argentinos (1,87 dólares al cambio oficial de entonces, pero —aunque el informe no lo indica— menos de 1 dólar al cambio blue de la época).
En cambio, el costo promedio mensual de banda ancha de Argentina es de 2321 pesos (20,92 dólares al cambio oficial, pero —tampoco lo indica el informe—casi 15 dólares blue de la época). Es el segundo precio más bajo de la región (en términos nominales, aunque no necesariamente en función de horas/trabajo para reunir ese dinero, lo que no es tenido en cuenta en el estudio).
También señala que "el gobierno no ejerce control sobre la infraestructura de telecomunicaciones" y que "no se han informado casos en los que el gobierno haya cortado la conexión a Internet durante protestas". Esto se ha hecho —como consigna el informe en otras secciones— en Cuba o Venezuela e incluso hasta en Ecuador, con el gobierno de Lenin Moreno.
Menciona que Argentina tiene uno de los mayores números de proveedores de Internet en la región: 234. Para febrero de 2021 el share de mercado era: el hoy Telecom/Flow (ex Cablevisión/Telecom) (46%), seguido por Telefónica (15%), Telecentro (12%), Supercanal (7%), Los pequeños ISP en conjunto poseen el 20% restante del mercado de banda ancha.
En Internet móvil, en el mismo mes y año, el market share, indica el estudio, era: Claro (América Móvil), 36,8%; Personal (Telecom Argentina), 33,9% y Movistar (Telefónica), 29,4%.
Hace referencia también a los efectos del DNU 690 de 2020 que declaró a Internet "servicio público" y estableció el control de precios, consignando también fallos judiciales que declararon suspendidos estos controles para varias compañías. distinguiendo entre las importantes y las pymes o cooperativas.
Limitaciones en los contenidos
Acerca de limitaciones en los contenidos Argentina consigue 27 de los 35 puntos posibles (35 = sin limitaciones), lo que significa que existen pocas limitaciones significativas.
Los usuarios de Internet en Argentina, afirma Freedom on the Net, tienen acceso a una amplia gama de contenidos. Sin embargo, los tribunales pueden ordenar el bloqueo de sitios web para proteger derechos de autor y limitar el acceso a sitios de juegos de azar prohibidos por legislaciones provinciales.
Destaca que el regulador ENACOM publica una lista de sitios web bloqueados por órdenes judiciales. Sin embargo, no especifica los criterios por los cuales se adoptaron esos bloqueos, si bien "la gran mayoría se refieren al juego online (con más de 30 casos en el primer trimestre de 2022), que se regula de forma diferente en cada provincia", señala.
Cita el caso de un fallo judicial para suspender la aplicación y el sitio de Uber en Córdoba en 2019, por lo cual la compañía cesó operaciones allí. Pero reanudó sus actividades en diciembre de 2020, después de que la ciudad no cumpliera con una orden judicial previa que le exigía promulgar regulaciones sobre "viajes compartidos" en 30 días.
Los jueces, asimismo, ordenaron a buscadores y redes sociales retirar contenidos que afectaban el derecho al honor y la intimidad, "garantizado en el artículo 52 del Código Civil" y que permite a los ciudadanos prevenir o reparar cualquier daño a su reputación.
Sin embargo, en junio de 2022, en el caso promovido por Natalia Denegri contra Google, la Corte falló en contra del "derecho al olvido" por tratarse de contenido de interés público, revirtiendo fallos anteriores. Esto "fue bien recibido por las organizaciones de derechos digitales por su fuerte precedente que favorece el interés público sobre el derecho al olvido", acota el informe.
Varias cámaras (La Plata, Bahía Blanca) revocaron sentencias anteriores que requerían que los buscadores desindexaran información, con especial énfasis en casos de personas acusadas o condenadas por acoso sexual. La justicia enfatizó en estos casos que la libertad de expresión tiene prioridad sobre el daño potencial a la reputación.
Dirigentes políticos solicitaron a la justicia que se investigaran las prácticas de Google de ofrecer un "panel de conocimiento" que da una definición o explicación del tópico buscado, que se basa en una derivación automática de contenidos ya situados en la red.
Durante algunas horas en 2020, Google devolvió la frase "ladrona de la Nación Argentina" en el "panel" cuando se buscaba a la vicepresidenta Cristina Kirchner, recuerda el informe. La expresidenta demandó a Google por "difamación", a la par que la Corte Suprema rechazó en marzo de 2021 una apelación del buscador. La demanda sigue su curso.
Una acción similar fue iniciada por la primera dama, Fabiola Yáñez, que un tribunal aceptó en enero de 2021; alegó que su "panel" de Google mostraba comentarios despectivos y misóginos sobre ella en lugar de su título oficial.
Argentina carece de una ley sobre responsabilidad de los intermediarios (los proveedores de Internet -ISP-, sitios o aplicaciones), pero un fallo de la Corte Suprema de 2014 confirmó que los intermediarios no son responsables del contenido de terceros si no tenían conocimiento de su ilegalidad, señala el estudio.
Los intermediarios, según ese fallo, deben retirar el contenido ilegal solo si son notificados por una orden judicial, consagrándose de esa manera un régimen judicial de "notificación y retiro".
Sin embargo, el tribunal indicó que si el contenido involucra "ilicitud manifiesta", una notificación privada de la persona afectada al intermediario es suficiente para que éste deba retirarlo. Un fallo de la Corte Suprema de 2017 (Gimbutas vs. Google) reafirmó ese criterio, dice el informe.
La autocensura entre blogueros y usuarios de Internet no está muy extendida en Argentina, acota, aunque "algunos episodios aislados de acoso pueden provocar la autocensura en casos particulares".
Freedom House menciona la preocupación que han despertado casos como el observatorio de "desinformación y violencia simbólica", NODIO, creado en 2020 y vinculado a la Defensoría del Público, en razón de su potencial de "control estatal y persecución" del discurso online.
Si bien el informe no lo señala, la creación del NODIO es tanto más irregular—como oportunamente se ha denunciado— dado que las funciones de la Defensoría, establecida en la Ley 26522, solo la habilitan para entender en materias de radio y TV; no en el ámbito de Internet.
Por otro lado, dice Freedom on the Net, ha habido episodios en los últimos años de comportamiento digital aparentemente organizado a través de bots, trolls y cuentas personales conectadas a campañas políticas.
En enero de 2021, recuerda el informe, Facebook eliminó más de 1000 cuentas debido a la amplificación falsa de publicaciones y artículos sobre Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que "Berni pareciera más popular".
Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, sólo el 23% de los fondos de publicidad oficial se asignó a los medios digitales. Indica además que "la distribución continua de fondos según líneas editoriales se evidencia aún más por las asignaciones que no guardan proporción con la audiencia".
Cita el caso de "medios simpatizantes" como El Destape (Roberto Navarro) "que reciben más que otros medios con audiencias notablemente más grandes". Además, agrega, la lista de beneficiarios "principales" de la publicidad incluía "medios partidarios [del gobierno, como] Indalo y Octubre y cientos de sitios web y blogs que apoyan fervientemente a la administración actual".
En abril de 2019, el Senado —recuerda— aprobó una nueva ley de financiamiento de campañas políticas, que ordena que el 60% de los recursos públicos para publicidad digital electoral se destinen a sitios digitales que generen contenido propio (35% a medios con cobertura nacional y 25% a medios provinciales con contenido local).
Violación de derechos de los usuarios
En cuanto a violación de derechos de los usuarios, Argentina obtiene 25 de los 40 puntos posibles (40 = sin violaciones), lo que significa que existe un nivel de moderado a significativo de tales violaciones.
Para Freedom House, los usuarios de Internet no se enfrentan generalmente a arrestos o procesamientos por motivos políticos por actividades online. Pero se ha acusado a periodistas por tales actividades. También usuarios han sido multados o investigados por comentarios en redes sociales.
Cita el caso de Daniel Santoro, periodista de Clarín, quien había solicitado comentarios sobre un artículo a través de un mensaje de WhatsApp. Por ese hecho fue acusado de intento de extorsión en abril de 2021. Un tribunal federal, sin embargo, sentenció luego que el comportamiento de Santoro era parte de su trabajo periodístico y no tenía características delictivas.
En agosto de 2022, la Corte Suprema anuló el fallo previo contra el periodista Diego Masci, quien había publicado en YouTube un video que mostraba a la ministra de Gobierno de San Luis bajo la influencia de la marihuana, a la vez que ordenaba a YouTube a eliminar el video. La Corte Suprema dictaminó que la ministra era una figura pública y la difusión se enmarcaba dentro de la libertad de expresión.
Menciona también los 30 días de arresto domiciliario al bloguero Eduardo Prestofelippo, alias El Presto, por videos de YouTube y un posteo de Facebook en los que formuló "comentarios insultantes" sobre la vida privada de Yáñez
"El gobierno argentino no impone restricciones sobre el anonimato o el cifrado para los usuarios de Internet. Los blogueros y usuarios de Internet no están obligados a registrarse con el gobierno y pueden publicar comentarios anónimos libremente en foros online", destaca Freedom House.
El informe dice que "el Ministerio de Seguridad ha recomendado constantemente (…) desde 2017" que la Policía Federal realice "ciberpatrullaje" para identificar actividades ilícitas, "pero sin medidas de transparencia o salvaguarda".
Una resolución del mismo ministerio, de mayo de 2022 (144/02), publicó un nuevo protocolo de ciberpatrullaje, derogando uno similar de 2017. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) solicitó que el protocolo se cambiara para ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales y el derecho a la privacidad, pero "no está claro si el gobierno ha aceptado las recomendaciones".
El informe menciona el procesamiento del expresidente Mauricio Macri por ordenar la "vigilancia ilegal" de "periodistas, políticos y organizaciones" y de los familiares del submarino ARA San Juan, pero señaló que en julio de 2022 un tribunal federal sobreseyó al exmandatario.
También repasa el caso del retiro de la web del sitio "La Reacción Conservadora", investigación de "periodistas feministas" que provocó controversia "por la inclusión de información personal" y que fue retirado, citándose indistintamente "ataques técnicos" o "sobrecarga de visitas".
Otro caso que menciona fue el de la posible sustracción de la base de datos de 45 millones de argentinos del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) en octubre de 2021.
El hacker anónimo que realizó esta acción ofrecía la información completa por un monto monetario e incluso publicó online una muestra de 60 mil nombres (celebridades y políticos, con fotos y datos personales), pero el gobierno no confirmó si la totalidad de la base había sido intrusada, dice el estudio.
Políticos y funcionarios "también fueron objeto de ataques". En junio de 2021 fue hackeada la cuenta de Twitter del diputado opositor Mario Negri, insertándose contenido violento, racista e insultos.
En abril de 2022, también la cuenta de Twitter del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, fue pirateada y utilizada para tuitear información errónea sobre la vacuna COVID-19, incluida una que alegaba que los destinatarios "se convertirían en robots", relata.
Freedom on the Net consigna, por otro lado, que la Secretaría de Comercio impidió a WhatsApp poner en vigor nuevos términos de servicio que implicarían abuso de posición dominante, limitación de su responsabilidad por daños y restricción de los derechos de usuarios. La compañía fue multada y se abrió una investigación, indica.