Gustavo López del Enacom explica por qué declarar las telco como servicio público consagra "un nuevo derecho"
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Gustavo López es abogado y periodista, de origen radical pero militante en las filas del kirchnerismo desde hace casi dos décadas por intermedio de la agrupación Forja. Designado por Alberto Fernández, ejerce a partir de 2020 como el número dos, vicepresidente, del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, el Enacom.
Ha sido uno de los inspiradores y continúa siendo un férreo defensor de la declaración de las telecomunicaciones como "servicio público", no obstante el rechazo y la resistencia que esa categorización ha generado entre casi todos los prestadores debido a la implantación de controles de precios y otras medidas.
"El gobierno puede discutir la implementación, pero no la esencia" de la "declaración de servicio público" por cuanto "consagró un nuevo derecho ciudadano", dijo López a iProfesional. El DNU 690 de 2020, que estableció esa conceptualización, "fue ratificado por la Cámara de Senadores", recordó.
Para López, el DNU no fue una medida de emergencia —se promulgó a cuatro meses y medio del inicio de la pandemia— sino que se trata de un cambio de régimen permanente.
"Era un instrumento necesario en la pandemia y filosóficamente justo hacia futuro", proclamó.
Medios, cultura y regulación TIC
Durante los gobiernos de Cristina Kirchner, López había sido brevemente titular de los medios públicos (sucedido por Tristán Bauer, actual secretario de Cultura). Pero en la mayor parte del tiempo (2008-2015), se desempeñó como subsecretario General de la Presidencia, por debajo de Oscar Parrilli.
Si bien no tenía en ese periodo una función ejecutiva relativa a medios o TIC fue, de todas maneras, uno de los impulsores y activistas en favor de la Ley de Comunicación Audiovisual, convertida por el gobierno cristinista en uno de los ejes de su gestión.
De este entramado surge la vinculación de López con el sector de la actual vicepresidenta, así como sus presentes posiciones sobre TIC y medios. Mucho antes, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, había sido interventor del organismo antecesor del mismo Enacom, el antiguo COMFER.
Asimismo, ocupó cargos de cultura en la ciudad de Buenos Aires en la gestión de Aníbal Ibarra.
"Un nuevo marco regulatorio"
"La pandemia puso negro sobre blanco una realidad: las telecomunicaciones pasaron a ser imprescindibles para la vida cotidiana de cada uno de nosotros y requerían un nuevo marco regulatorio para que ninguno quedara fuera por razones económicas", dijo López a este medio.
Tras imponerse el congelamiento y control de precios en agosto de 2020, se autorizaron sólo aumentos a partir de enero de 2021. Estos incrementos permitidos fueron asimétricos según el tamaño de las empresas.
De acuerdo con información proporcionada por el vicetitular de Enacom, las empresas de menos de 100 mil abonados fueron autorizadas para aumentar un 71,7% y 70,9% (Internet y TV paga/básico) y las de más de 100 mil en un 42,1% y 40% (Internet y TV paga/básico).
La situación de asimetría se genera por la teoría de que las empresas más grandes tendrían una mayor capacidad para afrontar los aumentos que las entidades más pequeñas, aunque esa diferencia impactará en abonados que puedan estar en las mismas condiciones.
Sin embargo, debido a las acciones judiciales presentadas por numerosos prestadores por inconstitucionalidad (todos los grandes como Personal, Movistar, Claro y algunos pequeños) se terminaron dictando cautelares cuyo efecto desembocó en que los controles de precios sólo se apliquen a ciertas pymes y cooperativas.
López aclaró que se han establecido hasta ahora tres cautelares: "una en Córdoba y el resto en la Cámara Contencioso Administrativa Federal". A menos que la Justicia las prorrogue, "el último vencimiento será en octubre 2022", indicó.
Aún no hubo pronunciamiento sobre lo llamado "la cuestión de fondo" (inconstitucionalidad o no de imponer la categorización de "servicio público" y el control de precios a un rubro con competencia).
Pero "cuando venzan las cautelares se aplicará la legislación vigente y siempre se mantendrá un marco de diálogo con el sector", anticipó López.
Un organismo, un presidente y seis directores
López, quien inicialmente era abogado especializado en derecho administrativo y luego se abocó a temas de regulación de medios, es uno de los seis directores del Enacom (que además cuenta con un presidente).
Este organismo regulador sectorial se caracteriza por tener una conducción colegiada, establecida por la ya citada Ley de Medios de 2009 (reformada por un DNU del ex presidente Mauricio Macri convalidado por el Congreso en 2015).
La conducción colegiada establece un mosaico directivo entre distintas fuerzas políticas (un presidente y tres directores nombrados por el poder ejecutivo nacional y tres directores propuestos por una Comisión Bicameral del Congreso, por la mayoría —o primera minoría— y la segunda y tercera minoría).
Además de este mosaico institucional, existe otro ensamble superpuesto que refleja la interna del grupo gobernante: el presidente Claudio Ambrosini responde al sector massista, al igual que el director por la primera minoría parlamentaria, Alejandro Gigena, del PJ pampeano.
María Florencia Pacheco, en cambio, es una dirigente más allegada al presidente (vía Santiago Cafiero), mientras el salteño Gonzalo Quilodrán es considerado albertista pero sin mala relación con el espacio cristinista. El alineamiento de López con este último sector, en cambio, es claro.
El anterior trío de nombres son directores designados por el poder ejecutivo. Los dos opositores de Enacom, en cambio, corresponden a las nominaciones bicamerales (segunda y tercera minoría) y son parte de Juntos por el Cambio: la dirigente Silvana Giudici (PRO) y el abogado y exintendente de Santa Fe, José Corral (UCR).
El sector gubernamental TIC se completa con una Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad (en realidad, la histórica Secretaría de Comunicaciones -Secom- con otro nombre, destinada a fijar las políticas generales, siempre fue independiente del Enacom y hoy es parte de la Jefatura de Gabinete).
El titular de esta cartera, Mateo Gómez Ortega (recientemente designado y que responde al sector de Juan Manzur) dijo que el DNU "requiere una revisión" para "desjudicializar la situación" ya que "el resultado no fue bueno".
Gómez Ortega llegó a declarar al medio Convergencia Latina: "yo no era funcionario cuando se lanzó el DNU, así que estoy libre de cargo y culpa".
Políticas que "están dando sus frutos"
Sobre esta cuestión, López le dijo a iProfesional que la postura de la Jefatura de Gabinete sobre desjudicialización era "lógica y razonable", pero que los diálogos no continuaron porque las empresas "pedían como condición quitar la declaración de servicio público".
Mas allá de esto, opinó que las políticas "en estos dos años" están "dando sus frutos". Desde un principio "sostuvimos que la comunicación es un derecho humano básico y que la conectividad era imprescindible para la construcción de ciudadanía".
Se pasó de una penetración del "65,79% de los hogares con Internet fija a diciembre de 2019 a otra del 70,46% de los hogares conectados a fines de 2021, es decir, 1 millón de nuevos hogares conectados", afirmó. Entre 2015 a 2019 dicha cifra varió de 52,6% a 65,79%, según los mismos datos oficiales.
Asimismo, "continuamos con el plan de normalización de radios y de canales de la TV digital".
La velocidad promedio de Internet, indica el funcionario, "se duplicó" y pasó de 24 Mbps a 48 Mbps. (De 2015 a 2019 subió de 4,99 a 24 Mbps, siempre de acuerdo a la misma serie de datos oficiales).
"En lo que va de la gestión se aprobaron fondos para inversión en extensión de redes de fibra óptica por más de 12.500 millones de pesos para llegar a barrios populares" o zonas como el Delta del Paraná, la Puna, localidades de menos de 30 mil habitantes o comunidades originarias", añadió.
Por otro lado, indicó: "sancionamos una docena de nuevos programas para llevar la conectividad a donde no llegaba, acortando la brecha digital y estableciendo parámetros de equidad en el acceso a un servicio esencial".
"Nuestro objetivo siempre fue el de consagrar el derecho a las telecomunicaciones y seguiremos trabajando para concretarlo definitivamente", finalizó López.