Por el discurso presidencial peligran las inversiones en telecomunicaciones: qué molestó a empresarios
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2021/11/526339.jpg)
El discurso de Alberto Fernández durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación mostró el pensamiento y el plan que busca desarrollar durante sus próximos dos años de mandato. Una frase cosechó críticas y reclamos desde la Justicia y abrió un manto de preocupación e incertidumbre en el mundo de las telecomunicaciones.
Durante su alocución ante la Asamblea Legislativa, el Jefe de Estado hizo referencia a la condena a la "invasión" rusa a Ucrania; la economía argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI); los "tarifazos"; lo que se hizo y lo que dejó la pandemia; las perspectivas para este 2022 y los proyectos e iniciativas de su gobierno para este 2022.
Pero también se refirió a la necesidad de reformar el Poder Judicial para que "recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos".
Y acusó a la Justicia de "complicidad" con las "telcos" al haber dictado medidas cautelares que le permiten a las operadoras de TV paga; Internet y telefonía celular aumentar los precios de sus servicios a pesar del fuerte embate del Gobierno para querer regular las ganancias y los ingresos de estas empresas.
La acusación de Fernández contra la Justicia y las telcos
"Déjenme hacer una observación. En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital", dijo el Presidente en su discurso.
Y a casi dos años de dictadas esas medidas cautelares, Fernández acusó a los tribunales que llevan la causa y a la propia Corte Suprema de dormir los expedientes "en algún armario".
"Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico", aseveró el mandatario como forma de afianzar su embate contra el Poder Judicial y reclamar cambios a partir de una reforma integral del sistema de administración de justicia federal.
Semejante acusación puso en alerta a casi todas las empresas de telecomunicaciones del país, tanto a los grandes operadores como a las pymes y cooperativas por entender que la estrategia presidencial fue la de intentar presionar a los jueces, violando la independencia de los poderes judicial y político.
Las telcos, preocupadas por los dichos del Presidente
En las empresas entienden que las expresiones de Fernández fueron poco respetuosas de esa división de poderes y también llena de contradicciones al cuestionar las decisiones judiciales que suspendieron los efectos del DNU 690/2020 que declaró servicio público a los servicios TIC.
"Imputar de cómplices del poder económico a los jueces que intervinieron en esas causas es, por lo menos, una fuerte descalificación que sólo suma para agrandar la grieta y profundizar las diferencias que tenemos sobre este tema", argumentaron en una de las empresas de mayor peso del sector.
Desde otra importante operadora recordaron que los cuestionamientos al DNU y a la imposibilidad de ajustar tarifas sin autorización del Gobierno no partieron sólo de los principales players ya que los efectos de esta medida también resultan perjudiciales para los pequeños prestadores, incluyendo cooperativas locales y pequeñas empresas de cable e internet.
"Las empresas TIC no pueden competir a pérdida"
De hecho, Antonio Ronncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Feocus), advirtió que los argumentos planteados por el Presidente no tienen en cuenta que los servicios de las empresas TIC no pueden competir a pérdida.
"Tengo mucho respeto por la palabra presidencial pero la solución para salir de este nivel de judicialización no es la confrontación sino el diálogo con todos los sectores, grandes, cooperativas, pymes que somos también parte de la industria TIC", sostuvo el empresario.
El también titular de la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell explica que los aumentos en las facturas de los clientes están en línea con la imposibilidad que tienen las empresas para prestar sus servicios con precios por debajo de los costos.
"No me gusta el congelamiento sufrido, no me gusta la falta de cobro de las deudas que generó el primer año de la pandemia y no estoy de acuerdo que el precio lo fije el Estado por más esencial que sea el servicio si es por debajo de lo que debemos inyectar en fondos para competir", aseguró.
Para Roncoroni está claro que si la situación regresa y las empresas no pueden equilibrar sus gastos con los ingresos "inevitablemente se caerá la inversión y muchas cooperativas van a tener problemas para mantener la prestación de sus servicios".
"El Gobierno parte de un error de diagnóstico sobre el sector de telecomunicaciones"
En el mismo sentido, Marcelo Tulissi, presidente de la Camara Argentina de Cableoperadores Pymes ( Cacpy), aseguró que el Gobierno parte de un error de diagnóstico sobre el sector de las telecomunicaciones.
Para el cableoperador pyme de Correa, provincia de Santa Fe, "ese error arranca con el DNU 690 porque nos igualan con las empresas de luz y gas que son monopólicas, al contrario de las nuestras que compiten y muy fuerte".
El empresario agrega que "es absurdo" que los servicios de TV por cable, internet y telefonía celular sean considerados servicios públicos y recuerda que cualquier puede acudir a la justicia "cuando cree que se vulnera alguno de sus derechos, ya que se trata de una prerrogativa de las democracias y del respeto por la división de poderes".
En el caso de las empresas que su cámara representa, recuerda que la decisión de presentar un amparo se basa en considerar que el DNU 690 es malo.
"Sólo podía servir para el peor momento de la pandemia del Covid-19 para atar los precios a la situación económica de ese momento, pero una medida circunstancial no puede modificar cuestiones de fondo y mucho menos convertir al sector en un servicio público", se queja Tulissi.}
Disparidad de enfoques
A partir de esa postura reclama una discusión en el Parlamento sobre esta actividad a la que califica como básica y esencial pero con la cual el Gobierno no tiene mucho diálogo ni consideración.
"Tampoco se planifica a futuro, como debería pasar y como pasa en otros países, en un mundo cambiante que ya discute otras cuestiones con respecto a las telcos como está ocurriendo en el evento de Barcelona con la 5G y la internet de las cosas mientras nosotros nos empantanamos en un decreto que en vez de ayudar perjudica", describe, crudamente.
Para notar la disparidad de enfoques basta un ejemplo. Mientras el Presidente brindaba este mensaje, la directora de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), Jessica Rosenworcel, anunciaba en Barcelona una nueva subasta de espectro para favorecer la implementación del servicio 5G.
Por eso y al igual que Roncoroni, advierte que el decreto presidencial sigue generando incertidumbre y anticipa que, de caerse las medidas judiciales, habrá un fuerte proceso de desinversión que impedirá tanto el diálogo como proyectar el negocio a largo plazo.
"Los precios no se aumentan para ganar más sino para poder alcanzar la inflación ya que si no lo hacemos nos quedamos sin empresa, sin telecomunicaciones y see cae toda la infraestructura que se necesita para el desarrollo del país", agrega Tulissi a modo de diagnóstico.
Varios de sus colegas coinciden con sus apreciaciones al punto que identifican a la inflación como el principal problema, no sólo para las telcos sino para la economía del país.
"La inflación, las devaluaciones no las causamos nosotros que tenemos nuestras inversiones en dólares, lo cual nos obliga a actualizar los precios", sostiene el titular de Cacpy.
Discutir la prestación básica universal para internet
Como parte del mismo debate abierto por las palabras del presidente Alberto Fernández durante su discurso ante el Congreso, las empresas también piden discutir la prestación básica universal para internet, también decretada por una medida del Gobierno.
Las dudas pasan por saber cómo se implementa y quién la financia por entender que el Estado no puede lanzar un servicio de este tipo con dinero del sector privado.
Para Tulissi, lo esencial es terminar con estas dudas en base al diálogo, "apretar el freno; rever cuestiones polémicas como el Decreto 690 y armar un plan a 10 años, con infraestructura robusta y necesaria para afrontar lo que se viene que es achicar la brecha digital".
Para Juan Mocoroa, experto en Derecho Constitucional y socio a cargo del área de recursos, derecho administrativo y práctica regulatoria de MAG-Abogados, el presidente Alberto Fernández comete "un pecado" al sostener que internet es un servicio público porque, de esta modo, puede llegar a todos los argentinos.
"Como se ha demostrado, lo único que pretende el Gobierno es ejercer un control de precios que distorsiona el mercado, dificulta las inversiones y genera incertidumbre regulatoria en el sector", advierte en un artículo publicado recientemente en el diario cordobés La Voz del Interior.
"Que una actividad sea declarada servicio público no implica que ella pueda ser accesible para todos los más necesitados por lo cual para que la conectividad pueda reducir la brecha digital, el Gobierno debe incentivar las inversiones para mejorar la infraestructura y no ahuyentarlas ni crear mayor incertidumbre", recomienda.
Considera que un gobierno preocupado por universalizar la conectividad, reducir la brecha digital y asegurar el acceso a internet de toda la población, debe garantizar certidumbre regulatoria para generar incentivos adecuados para que existan mayores inversiones.
"Y no, por el contrario, abroquelarse en la potencia retórica de ciertos "conceptos mágicos" que, en verdad, no cambiarán una situación que debe ser modificada o que puede obstaculizar el logro de las finalidades que se pretende", advierte.
Para la Justicia, el decreto presidencial era inoportuno
La justicia entendió el mismo mensaje, que el decreto presidencial era inoportuno e innecesario y mostraba una intervención en los precios para disminuir su impacto inflacionario sobre la economía.
Por eso, jueces de distintas instancias, y con diferente asiento territorial, sostuvieron que la medida altera sustancialmente las condiciones bajo las cuales fueron regulados y organizados los servicios TIC; se desentiende del costo real de organización, instalación, prestación y mantenimiento de esos servicios; y desconoce la posibilidad de obtención de una renta razonable.
Es decir, consideraron que el medio empleado por el Estado era desproporcionado respecto de las finalidades que se propuso alcanzar como el despliegue y ampliación de la red federal de fibra óptica.
Si bien este proceso es una necesidad, también lo son las inversiones privadas que no pueden depender exclusivamente de los recursos estatales sino del dinero que estén dispuestos a inyectar las empresas en un mercado competitivo pero que necesita previsibilidad regulatoria y protección a sus inversiones.