Confirmado: así serán los próximos aumentos de telefonía móvil, internet y TV paga
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Después de haberse autorizado aumentos en enero, febrero y marzo para las cooperativas, y en enero y marzo para las grandes operadoras, en abril no abrán nuevas subas de los servicios de internet, telefonía y televisión paga. Los próximos ajustes de los precios de estos servicios podrían producirse en mayo o en junio.
Así lo aseguró el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini que esta semana tuvo a su cargo, junto con el resto del directorio del organismo, la primera muestra de 5G donde los principales proveedores de equipamiento de telecomunicaciones hicieron demostraciones sobre las aplicaciones que tendrá esta tecnología en distintas industrias.
"No vamos a autorizar aumentos en abril. Recién será en mayo o en junio. Estamos buscando perioricidad y una fórmula que contemple la situación y que no tengamos una paritaria mensual con Economía y con las empresas porque es desgastante", dijo a iProfesional, Claudio Ambrosini quien también anticipó que los aumentos continuarán siendo asimétricos, tal como sucedió con el visto bueno que se dio a los incrementos de marzo.
Desde que se inició el proceso de descongelamiento de los precios de las telecomunicaciones, el Gobierno autorizó en enero un incremento de los precios de los servicios de 5% para las grandes prestadoras, es decir, Claro, Telefónica y Telecom, y de 8% para las pymes de telecomunicaciones, porque en su mayoría no habían aplicado ningún tipo de aumento en 2020.
En febrero se les permitió otro incremento a pymes y cooperativas, esta vez, del 7%, mientras que en marzo las alzas autorizadas fueron distintas según el tipo de servicio: la telefonía fija tuvo un incremento de 5%, la móvil de 2,5% y el segmento de internet para empresas, de 7,5%.
La banda ancha y la televisión paga tuvo incrementos que oscilaron entre el 5% y el 7,5% según el tamaño de empresa: de 7% para las prestadoras de menos de 100.000 clientes y hasta 50 mbps, de 5% para los que tienen más de esa cantidad de clientes; y de 7,5% para los servicios premium o bajo demanda.
Aumentos asimétricos
Ambrosini sostuvo que "el esquema de aumento va a ser asimétrico pero tiene que acompañar el proceso económico de la Argentina. Lo dijo Alberto (por el presidente) y lo repito en todos lados porque es la premisa que bajó a cada uno de los reguladores".
Recordó que en 2020 hubo muchas cooperativas que no aumentaron, razón por la que al detectar que en una misma localidad donde opera una cooperativa y un gran prestador la diferencia de espalda entre uno y otro podía inclinar la balanza de manera peligrosa, correr el riesgo de que las cooperativas vuelquen y dejaran sin conectividad a todo un puebo. "Y quedó bien claro que hoy la conectividad es más que esencial", insistió.
Una de las ideas sobre las que se trabaja es que los aumentos se autoricen cada cuatro meses. "Queremos buscarle perioricidad. Esto es, que cada cuatro meses se aumenta, buscar una fórmula y después listo, ya está, como la movilidad jubilatoria. Este es el índice (para aumentar los precios) y listo. Y basta con este tema y laburemos, independiemente de que tengamos juicio con esto o con otro tema", enfatizó el funcionario, que no disimuló algo del hartazgo que significó la discusión durante estos meses.
Esa fórmula tendrá que contemplar todas las variables que entran en juego a la hora de actualizar los precios, teniendo en cuenta el bolsillo de los argentinos por un lado, y la sustentabilidad del sector por el otro. Y salir, así, de la tensión en que ingresó el sector desde que, en agosto de 2020, se emitió el decreto 690 que convirtió a las telecomunicaciones en servicios públicos esenciales y congelo los precios hasta finales de ese año.
En ese marco, Ambrosini explicó que la convocatoria del Enacom a las empresas para que hagan sus demostraciones sobre 5G fue "para salir de la locura que era todos los días sentarme con los operadores y pelear los precios y no mirar para adelante, porque adelante hay otra vida".
Esa otra vida no es sólo 5G sino, y principalmente, otras acciones que se impulsan desde el regulador: más control sobre el cumplimiento de las disposiciones que surgen desde el organismo –como la decisión de que las empresas que aplicaron aumentos por encima de los permitidos en enero devolvieran el dinero a los usaurios- y sobre el otorgamiento de los Aportes No Reembolsables (ANR), destinados a expandir las redes de fibra, para los que ya se otorgaron casi $2.000 millones.
Respecto de los aumentos de enero, Ambrosini recordó que la única empresa que no cumplió con la orden de devolver el dinero a los usuarios fue Telecom. Y que ese proceso se encuentra en las instancias administrativas y judiciales correspondientes.
"Los intimamos judicialmente (a Telecom) y cambiamos el reglamento de sanciones. Si antes la sanción máxima era de $500.000 ahora la multa es de $20 millones, lo multiplicamos por 40. Para que, realmente, si se aplica una sanción, que duela. Independientemente de esta demanda también tenemos una medida judicial porque los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, estamos en eso. Lo peleamos en lo administrativo y en lo judicial pero, a la vez, consensuando cosas, porque yo me tengo que preocupar por la cantidad de usuarios", subrayó.
En ese sentido, se refirió a su doble rol como regulador donde tiene que tanto la calidad de los servicios y el respeto hacia los consumidores, como el buen funcionamiento del sector. "Como regulador les tengo que garantizar a los usuarios que tengan buen servicio. Me interesan más los 20 millones de usuarios de Telecom que Telecom como grupo, y tengo la doble responsbilidad de castigar si la empresa no cumple porque se trata del servicio de los ciudadanos, y también que se pueda seguir hablando por teléfono y tener internet", apuntó.
Este ida y vuelta de tensiones no quita, a su vez, que tenga que haber en paralelo otra mesa de discusión en la que se aborden otros temas. Y acá vuelve otra vez la razón por la que se pusieron en marcha las pruebas de 5G en las que, una vez más, el protagonismo estuvo a cargo de las proveedoras de equipamiento Huawei, Ericsson y Nokia y no de los operadores de telecomunicaciones.
"Toda la batalla legal la estamos dando. Todo dentro de la ley. Los intimo, los multo, les hago juicio. Pero a su vez tengo que tener una mesa de consenso. Si pongo el faro en el 5G es porque tengo que seguir caminando con los operadores que tengo. Y no me doy por vencido y voy a pelear hasta las últimas consecuencias las instancias administrativa para que entiendan que tengan que devolver la plata. Aunque los diálogos sean más ásperos mi diálogo apunta a que tengan que devolver la plata preocupandome por los 20 millones", reiteró.
Control sobre ANR e inversiones
Sobre los ANR, Ambrosini y tras explicar el proceso para que las pymes y cooperativas se hagan de esos aportes para extender redes, que incluyen un seguro de caución, destacó que uno de los cambios que implementó su administración fue que el adelanto del monto que se adjudican es del 30% en vez del 20%, fundamentalmente por la variación que hay con el dólar. Las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones es, básicamente, en esa moneda.
Al ser consultado sobre si la ejecución de esos ARN es controlada, Ambrosini aseguró que a partir de la entrega de la primera parte y la compra de materiales comienza a rendirse cada etapa. "Las delegaciones provinciales del Enacom supervisan los avances de obra", señaló. En relación al cumplimiento el funcionario afirmó que "el único no cumplimiento fue una ANR de 2019 que se otorgó en el último directorio, para Jujuy, que no avanzó más. Estamos intimándolos para ejecutar el seguro de caución".
Se trata del ANR por casi $195 millones a Jujuy Digital SAPEM cuyo objetivo era llevar conectividad a 24 localidades de esa provincia, tal como figura en la misma página del Enacom. Ese aporte se autorizó en la última reunión del regulador de la gestión de Mauricio Macri. Esas averiguaciones se suman a las que también se están realizando sobre la gestión macrista en Arsat.
Respecto del control del regulador sobre la ejecución de las inversiones de las grandes prestadoras en relación a las redes 4G –sobre la que existen obligaciones de cobertura de acuerdo a la licitación de 2014-, el funcionario anticipó que el cumplimiento podría ser una condición para participar de futuras licitaciones de espectro.
"Estamos teniendo otro rol (en relación a cumplimiento de inversiones de privados). Estamos exigiendo a cada una de las empresas a que cumplan y también pensando que una de las condiciones para participar de licitaciones sea que hayan terminado con lo comprometido en términos de despliegue", afirmó.
"Controlamos mucho el dinero público porque es dinero de las empresas prestadoras que con sus impuestos aportan al FSU, entonces yo me debo a Comodoro Py y a rendirle cuentas a las empresas a que no hago cualquier cosa con la plata que ellos aportan. Es un control y una responsabilidad", concluyó.