¿La telefonía celular podría ser un servicio público? Esto dijo Alberto Fernández
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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró este miércoles que "el acceso a la información, es entender también el acceso a internet", al hablar en la conferencia magistral realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde defendió la decisión de declarar como servicio público a la telefonía celular.
"Hoy en día la conectividad tiene que ser un bien público y debe ser tratado como tal, lo mismo que la telefonía celular. En Argentina hay 45 millones de habitantes y 60 millones de celulares. Sin embargo, la telefonía fija es un servicio público y algunos cuestionan que lo sea la celular", indicó Fernández durante su exposición, según indicaron fuentes oficiales.
El decreto 690 del año 2020 establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Asimismo la resolución 1467 del mismo año establece la Prestación Básica Universal y Obligatoria -PBU-, por la cual los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles deben brindar este servicio, a partir del 1 de enero de 2021.
En este sentido se pronunció la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, quien afirmó que "lo que está haciendo la Argentina, no lo hizo nadie" y remarcó "la garantía al derecho humano de acceso a las tecnologías de la información para toda la población".
En esa línea, Bárcena Ibarra valoró la importancia que tiene que Argentina haya declarado "los servicios públicos esenciales y la implementación de la Prestación Básica Universal y Obligatoria para servicios de telefonía fija, móvil e internet".
Internet, Celulares, tarifas: vienen días clave para los aumentos
La semana próxima es posible que empiece a haber definiciones sobre cómo continuarán los aumentos de los precios de los servicios de telecomunicaciones. Después de haberse autorizado el 5% de incremento para la telefonía fija y móvil, internet y la televisión paga, el próximo paso será un análisis de cada una de las prestaciones e, inclusive, de la situación de cada uno de los actores de la industria, compuesta por grandes jugadores, como Telecom, Claro y Telefónica, pymes y cooperativas para evaluar aumentos en unos y otros casos.
Así lo pudo saber iProfesional de altas fuentes involucradas en las negociaciones que dieron a entender que el esquema que se seguirá posiblemente no repita lo que ocurrió con el aumento autorizado de enero. Sin embargo, a esta altura nadie se atreve a dar precisiones por cuanto las conversaciones son más o menos delicadas y están cargadas de más o menos tensión según de qué actor se trate.
La intervención del Gobierno en los precios de los servicios de telecomunicaciones tiene exasperados a los distintos jugadores del sector. Como pocas veces, todos coinciden en el daño que provoca un aumento tan bajo autorizado para enero luego de un 2020 en el que los precios estuvieron congelados y los costos subieron por encima del 30% entre el aumento del dólar y la inflación. Esta situación, señalaron en divesas oportunidades, genera inconvenientes en la ecuación económica de las empresas que, de este modo, pierden capacidad de reinversión.
Esto, en un contexto en donde, por las situaciones restrictivas que genera la pandemia –y en un escenario donde ya se advierte sobre un rebrote importante de los contagios de covid- las telecomunicaciones son la vía para mantener operativas distintas actividades a través de la conectividad y de manera virtual. El teletrabajo es, apenas, un ejemplo de ello. La virtualización y la automatización de los procesos de negocios también exigen de buena conectividad para ser eficientes.
Marcha atrás
Antes de que se conocieron las alzas permitidas para enero, algunas operadoras de telecomunicaciones habían comenzado a comunicar a parte de sus clientes que en enero los aumentos se ubicarían en torno al 20% en promedio. De hecho, muchas de esas facturas llegaron a los domicilios con esos incrementos no autorizados.
Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de las negociaciones vinculadas con estos aumentos, estableció mecanismos para reclamar para muchos clientes resulta más engorroso solicitar una nueva facturación que acceder al crédito que se habilita para el próximo período y, obtener así, un descuento.
El objetivo de los distintos operadores de telecomunicaciones consistía en lograr un ajuste de los precios de los servicios que, si no era posible ajustar en un 20% en enero, avanzara en un esquema paulatino pero ya claro al finalizar 2020.
Una de las ideas que se manejaba en el sector era acceder a un alza de 8% o 9% en enero, un porcentaje un poco menor en febrero, en torno al 4% o 5%, y luego otro 8% o 9% en marzo como modo de alcanzar ese 20% o un poquito más en el primer trimestre y, así, enfrentar las inversiones necesarias a las que se verán obligadas las empresas porque las demandas de conectividad continúan creciendo en distintos puntos del país.
De ahí el malestar cuando se confirmó que el presidente Alberto Fernández autorizaría un incremento de sólo 5% para enero, que alcanzó al 8% a los prestadores más pequeños. Algunas compañías protestaron porque no se entiende que, mientras los combustibles vienen aumentando de manera sostenida a lo largo de los meses con el impacto que provoca en la economía en general, no se tenga una mirada en sentido similar con las telecomunicaciones.
Pretensiones de incrementos
Hasta el último día del año el Gobierno estuvo emitiendo resoluciones vinculadas con el mercado de las telecomunicaciones. En una de ellas, las 1466, que refrendó ese aumento, estableció en su artículo 2 que "cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje superior a los establecidos en el artículo 1° deberá solicitarse con carácter excepcional y fundarse debidamente a a través de documentación fehaciente…"
Este texto motivó que el 30 de diciembre pasado las cooperativas nucleadas en distintas cámaras, como CATEL, COLSECOR, FEDECOBA y FECOSUR mantuvieran una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien expusieron la "delicada" situación del sector.
Previo a ello, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) advirtió que los aumentos autorizados en diciembre "son una sentencia de muerte para las pymes y cooperativas del sector y constituyen el producto del absoluto desconocimiento que tiene el Gobierno de la estructura de costos de estos operadores, así como de la realidad en la que se desenvuelven los más de 1.200 prestadores pymes y cooperativas que hay en nuestro país".
Los pronunciamientos de los distintos sectores fueron ásperos. De ahí que las conversaciones que se encaran en estos días resultan cruciales para encontrar un punto en común que permita a las empresas continuar operando con salud, que los usuarios sigan recibiendo servicios con parámetros de calidad acorde a las crecientes necesidades de conectividad y que, así, se promuevan ambientes de negocios más amables que permitan la inversión. Las decisiones de inversión, tanto las más chicas como las más grandes, vienen postergadas.