Las empresas de telecomunicaciones rechazaron el aumento autorizado y lanzaron estas advertencias sobre el sector y la calidad de los servicios

La reacción de las empresas de telecomunicaciones luego de que el Gobierno anunciara que había autorizado un aumento de 5% para la telefonía, internet y TV paga a partir del 1° de enero, fue inmediata. Las empresas más grandes como también las más pequeñas rechazaron el alza permitida y coincidieron en asegurar que se pone en riesgo la sustentabilidad del sector. Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE) fueron más allá y aseveraron que 1.200 pymes de telecomunicaciones están en riesgo de susbsistencia.

El anuncio realizado por el Gobierno se vincula con la reglamentación del DNU 690 de agosto pasado que congeló los precios de los servicios mencionados hasta el próximo 31 de diciembre y que modificó el status del sector al convertirlos en servicio público en competencia. Por esa razón, el acto oficial que presidió este viernes el jefe de Gabinete, Santiago Cafieron, junto con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, hay que observarlo, como el decreto, en dos partes.

Por un lado, se avanzó en la llamada Prestación Básica Universal Obligatoria, es decir, en servicios de telecomunicaciones mínimos a bajos precios para los segmentos de menores ingresos del país, a fin de que continúen accediendo a servicios de telecomunicaciones que, en pandemia, fueron vitales para mantener operativas varias actividades, incluyendo consultas de salud entre los afectados por el covid-19.

Para el Gobierno, la disponibilidad de estos servicios a bajos precios alcanzará a unos 10 millones de argentinos que, para solicitar esos planes económicos, deberán ser beneficiarios de alguno de los planes sociales vigentes o, en el caso de jubilados y pensionados, tener una remuneración igual o menor a dos salarios mínimos. El valor del salario mínimo vital y móvil a partir del 1° de diciembre se ubicó en $20.587,50.

Por el otro, se autorizó el aumento de 5% para el grueso de las operadoras de telecomunicaciones, con Movistar, Claro y Personal a la cabeza, y de 8% para los prestadores que atienden a menos de 100.000 abonados y que no hayan aplicado ningún aumento a lo largo de 2020. En este último grupo quedan comprendidas gran parte de las empresas pyme que, aún así, consideraron que el incremento autorizado es insuficiente. Desde el lado oficial argumentaron que de este modo se atendió el pedido de regulación asimétrica de las operadoras más pequeñas.

"La actualización de precios autorizada por ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), que impone un tope máximo del 5% para los servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga a partir de enero 2021, resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria. Dicho porcentaje está muy por debajo de la inflación relevada por el INDEC durante los últimos 12 meses; por lo tanto está desactualizado, y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector", aseguraron a iProfesional desde Telefónica.

En el mismo sentido se pronunciaron desde Claro. "Respecto a los anuncios realizados por el ENACOM hoy, Claro aún no conoce el alcance específico de las medidas dispuestas en forma unilateral. Comprendemos la difícil situación por la que estamos atravesando con la pandemia del covid-19 lo que nos exige a todos un trabajo de mayor cooperación y diálogo, para encontrar soluciones equilibradas y de sustentabilidad para todos. Medidas de carácter estructurales como las anunciadas, debieron haber sido el resultado de consensos, luego de un análisis profundo de sus alcances y de que efectivamente contribuirán al beneficio de todos", afirmó Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro.

"La verdad esto no alcanza, no cumple las expectativas que teníamos. Hicieron una resolución que no está basada en costos. Los nuestros han aumentado un 33% desde el inicio de la cuarentena porque más del 90% de nuestros costos están en dólares. Esto  no cubre nuestros costos, no alcanza y creo que hay muchas pymes y cooperativas que tienen riesgos de susbistencia porque no tienen espalda financiera para seguir aguantando estas condiciones", dijo a iProfesional, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE).

Desde Telecom, en tanto, se limitaron a señalar que están evaluando el impacto de las nuevas medidas. Sin embargo, en la previa de este anuncio y desde el momento en que se dictó el decreto 690, Telecom se ha expresado respecto de ese texto en términos duros tanto por el congelamiento como por el cambio de status del sector, tal como ha venido informando iProfesional.

Entre lo social y lo económico

Las operadoras cuestionaron fuertemente los criterios con los que se autorizó el incremento, y apelaron a argumentos económicos para rechazarlo. "No se comprende cuál es el racional técnico que toman las autoridades para fijar sólo un 5% de actualización de precios cuando es sabido que la industria de las telecomunicaciones y las TICs, que genera empleo de calidad para 80.000 personas en el país, es de capital intensivo", agregaron desde Telefónica.

Indicaron, luego, que la evolución acelerada de la tecnología obliga a garantizar conectividad de calidad  razón por la que la actualización de precios propuesta "va en contrasentido de cualquier atisbo de visión de crecimiento y desarrollo". Señalaron, asimismo, que hasta el mismo IPC muestra que las telecomunicaciones fueron uno de los rubros que menos variación mostró durante el año y que quedó 16 puntos por debajo de otros servicios y 20 puntos por debajo de la media de ese índice.

La conectividad se volvió fundamental en tiempos de pandemia pues permitió que muchas actividades pudieran mantenerse al igual que habilitar el teletrabajo para millones de personas. Fue lo que aceleró el consumo del tráfico de internet entre marzo y abril, situación que se preveía que ocurriría recién a finales de este año. Y también lo que llevó a que las empresas reformularan parte de los planes de gestión de las redes previsto para el año para atender el nuevo modo de consumo que se registró con el aislamiento.

La cuestión económica es lo que también puso CABASE sobre la mesa . "Entiendo que esto puede hacer peligrar a muchas pyme y más a las que están en el interior del interior que no tienen acceso al crédito y que no pueden subsistir sin ajustar los valores en función de lo que han aumentado sus costos. Me parece que esto es insuficiente. La verdad es que no nos han citado, solo una vez al principio y luego hemos pedido varias veces reunirnos y no nos han citado. Esto es una fijación de precios inconsulta y arbitraria y entendamos que no alcanza", subrayó Graizer.

En el comunicado que luego distribuiría CABASE, se indicó que "entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores. Con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando", detalló.

Prestación universal obligatoria

Respecto de la prestación básica universal, el Gobierno determinó precios y prestaciones mínimas para cada cliente. Para el caso de internet, esos planes básicos constan de un acceso que puede ser de 10 MB para el AMBA y de 5 MB para las provincias a $700, aunque esa velocidad mínima es aún más baja para los operadores más pequeños con poca cantidad de clientes.

En todos los casos se garantizan prestaciones mínimas a precios por debajo de lo que cuesta una caja de alfajores Jorgito de 24 unidades pero que de ninguna manera refieren a servicios de calidad. Es decir, sería muy difícil mantener clases virtuales y horas de trabajo remoto con esos accesos, especialmente los que se ofrecerán en las provincias, donde la brecha de velocidad es significativa.

Desde CACPY, la Cámara que nuclea a los proveedores pyme de telecomunicaciones, se preguntaron quién va a pagar la diferencia de los precios a los que tendrán que ofrecer los servicios como modo de señalar que lo autorizado tampoco les alcanza a ellas.

El grueso de las empresas coinciden en atender a la población más afectada aunque los cuestionamientos que surgen no tienen que ver con lo conceptual, con lo que se pretende atender sino con los modos en que se busca solucionar esas brechas que exceden a las telecomunicaciones y que tienen que ver con planteo de país.

En ese sentido, desde Telefónica indicaron que analizarán en profundidad los alcances e implementación del anuncio aunque, previamente, dejaron en claro que "el atraso significativo que se da en materia de actualización de precios también tiene un impacto negativo directo en el gran desafío que tiene el país de achicar la brecha digital: afecta la igualdad de oportunidades para todos los argentinos; limita la evolución de los ecosistemas regionales y de las pymes; y posterga la inserción del país al grupo de naciones más desarrolladas digitalmente".

La reglamentación que se conoció el viernes está compuesta por 23 artículos y se espera su publicación para este lunes. Llamó la atención, entre los materiales que se distribuyeron el viernes relacionados con esta reglamentación, que en uno de los documentos figurara la modalidad de aumentos a aplicar por parte de los prestadors de televisión paga según cantidad de abonados. En uno de ellos figuraba el esquema autorizado para la totalidad de las empresas y, en otro, se discriminaba entre los que tenían posición dominante o no, tal el caso de Telecom/Cablevisión en algunas zonas del país.