El sector de las telecomunicaciones pide dar marcha atrás con el DNU pero también muestran sus diferencias
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Las principales operadoras de telecomunicaciones, Telecom, Claro, Telefónica y DirecTV y también las pyme del sector pidieron al Gobierno que dé marcha atrás con el DNU que declara servicio público a la telefonía móvil, la banda ancha y la televisión paga, no sólo porque genera incertidumbre a las futuras inversiones que debe realizar el sector sino también porque representará un rechazo.
Lo hicieron en el marco de un encuentro realizado por Convercom para discutir el futuro que se abre a partir del DNU 690 que, además, congeló los precios de estos servicios, incluido el de la telefonía fija, hasta el próximo 31 de diciembre.
Aunque el sector empresario estuvo representado por compañías de distinto tipo, desde las más grandes hasta las más pequeñas, faltó en el encuentro la presencia del sector público que, pese a ser invitado, se excusó de participar.
El encuentro virtual también sirvió para que quedaran de manifiesto las coincidencias y también las diferencias entre grandes prestadores y los proveedores de internet que piden regulación asimétrica. Mientras las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Internet (CABASE) pidieron que se considere la situación de aquellos prestadores que atienden principalmente al interior, las grandes compañías se mostraron contrarias a esta situación.
Después de que las cámaras como CABASE, CACPY y CAPPI, que nuclean a los pequeños prestadores que operan en el país expusieran sus consideraciones sobre el DNU 690 que el presidente Alberto Fernández anunció por las redes sociales de manera sorpresiva el pasado 21 de agosto, Sonia Agnese, analista senior de OMDIA, les preguntó qué cosas unen a la industria en pos de un objetivo constructivo.
Fue Marcelo Tulissi, presidente de CACPY, quien recordó que cuando salió el decreto "se unió la industria", hecho que quedó en gran parte patentizado por una solicitada que firmaron casi todas las empresas y cámaras del sector.
"Este DNU es un problema de la industria. Es un error del gobierno pasar a las telecomunicaciones a servicio público. Perdemos el eje cuando hablamos de reglamentación y asumimos el decreto tal cual está. Y el decreto está mal. El servicio público solo regula, es solo una potestad administrativa conyuntural y nosotros somos empresas en competencia. Es lo que tienen que entender el Gobierno ylos que asesoran al presidente. La luz el agua el gas son servicios públicos y por eso son monopólicas. Nosotros estamos en competencia", disparó Tulissi
Acto seguido se preguntó "¿Como un sistema cerrado como la TV paga es un servicio público, que además es un servicio en extinción? Existe la TDA para dar servicios esenciales, donde se gastaron millones de dólares para conectar con ARSAT, y está bueno que se haya hecho y continuado", señaló.
Lo afirmado por el presidente de CACPY luego sería tomado como guante por las cuatro operadoras que participaron del encuentro. Lo señalado por este directivo describió cómo funciona hoy parte de la industria desde un lugar en el que si no hacen las cosas cada vez mejor desaparecerán.
"Las comunicaciones tienen que ser política de Estado de largo plazo, tenemos alianzas verticales y horizontales, no necesitamos tantas regulaciones sino sentarnos a buscar la manera de encontrar un servicio para que todo el mundo tenga acceso pero no un decreto porque el decreto no sirve", enfatizó.
El caos por el control
El primero en tomar el guante fue Alejandro Lastra, director de comunicaciones de Telefónica quien tras señalar que este DNU fue como patear un hormiguero en donde no sólo se cambiaron las reglas sino que se generó un caos tanto en el fondo como en la forma, aseveró que "es una solución inadecuada" en una "oportunidad inadecuada para plantear un cambio tan sustancial en las reglas de juego. Y tambien un cambio fuerte en los diálogos que veníamos teniendo", indicó.
Desde marzo pasado, cuando se produjo el primer freno al aumento de precios de los servicios de telecomunicaciones previstos el Gobierno pidió que se retrotrajeran. Y aunque a ninguna prestadora le gustó, terminó firmándose un acuerdo con ese fin. Fue el inicio de un diálogo que se mantuvo a lo largo de los meses, hasta que "cayó" el DNU 690.
Hernán Verdaguer, director de asuntos regulatorios de Telecom Argentina, también planteó el "rechazo a las medidas". Y señaló que "estamos en un escenario en donde hay que discutir simplificación normativa, cómo facilitamos nuevos despliegues, y enfrentamos nuevos desafíos. Los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales han sufrido cambios vertiginosos, han logrado ampliar y redefinir las comunicaciones. Y esto ha generado un segmento competitivo y la competencia ha cambiado", expresó.
Luego describió cómo continúa configurándose el sector a partir de los nuevos actores que surgen, y que el DNU de la polémica cayó mal porque no se discutió con nadie, ni siquiera con los sindicatos.
Tras plantear que la noción de servicio público se presenta en la actualidad como un concepto obsoleto, Francisco Barreto, vicepresidente de asuntos públicos de DirecTV, afirmó la necesidad de "sacar la noción de servicio públicio para ir para adelante en términos de conectividad. Es difícil en un universo convergente separar a una industria de otra. Lo que hay que defender es al ecosistema y de cara al futuro".
Destacó, a su vez, que la Argentina logró los niveles de acceso al servicio actuales sin que las prestaciones alcanzadas por el decreto sean servicio público y que hacia adelante hay más evolucíon e integración por lo que el " concepto de servicio público, obsoleto, frena la evolución".
Fue Alejandro Quiroga López, director de asuntos regulatorios de Claro Argentina, quien recordó que el sector privado está de acuerdo en facilitar el acceso y los objetivos de conectividad porque de eso se trata el negocio, además de señalar que no hay problemas en términos de oferta. Pero rechazó el congelamiento de precios "cuando cabalgamos inflación demás del 30% anual para este año, de 50% el pasado y de 40% para el próximo lo que implica una discusión diferente. Vamos a llegar a diciembre con el producto más popular de la Argentina , tal como es el prepago que alcanza al 60% de la población con un retraso de más de 30% respecto de la inflación, más la proyección del próximo año y esta una discusión significativa para todos los operadores".
¿Cancha nivelada o asimétrica?
Previo a ello, Ariel Graizer, presidente de CABASE, también apuntó que "la mención de servicio público nos preocupa y nos genera muchas preguntas porque el servicio nació en competencia", y tras describir que el acceso a ofertas mayoristas no es igual en todo el país, lo que condiciona a los pequeños prestadores, se pronunció a favor de la asimetría regulatoria para las pymes.
"Pedimos que se genere asimetría a favor de los pequeños y no de los grandes operadores. Creemos importante y necesario, porque esta industria está basada en sus costos en en dólar, y hay que ponerse del lado de la gente, es importante aclarar que el 20 de marzo cuando nos congelaron por primera vez, el dólar estaba a $67 el oficial y a $85 el pararelo mientras hoy está a $78 y $130, es decir, una devaluación que ya absorbimos. El tema es cómo vamos a absorber las futuras devaluaciones" y cómo harán para trasladar esos costos a los precios y soportar mejor las implicancias de las devaluaciones, indicó Graizer.
Fue Quiroga, de Claro, quien respondió luego sobre este tema al aseverar que "no estamos de acuerdo en una cancha inclinada para uno y para otro lado" para luego admitir que "tenemos diferencias en muchos temas", e insistir en que "la mejor práctica internacional es cancha equilibrada. Como mensaje no es positivo, ningún mercado se desarrolla sobre canchas desniveladas como se escuchó en otros paneles", en una postura en la que también coinciden otros grandes operadores.
Como antesala de la discusión, Javier Cao, economista de Abeceb hizo una descripción sobre el impacto de la nueva regulación y concluyó que "parece muy probable que haya retraso de inversiones porque lso bancos y los organismos financieros pueden ser renuentes a darlos si no hay certidumbre sobre los ingresos".
Así quedaron expuestas las posiciones, en donde también cabe mencionar el reclamo que hizo Rodolfo Bianchi, presidente de CAPPI, la cámara que nuclea a las pyme más pequeñas del país, y que pidió al regulador que dé soluciones administrativas para resolver los temas de despliegues porque, aseguró, "hay más de 300 pymes del país que realizar inversiones y no pueden hacerlo" porque siempre aparecen cuestiones administrativas, disposiciones municipales o, inclusive , posturas privadas que los impiden. La pelea de los postes y los ductos de lo que iProfesional ha dado cuenta es sólo un ejemplo de ello.
Así quedaron expuestas las distintas partes, coincidencias y diferencias del sector privado en relación al DNU, sobre el que pidieron directamente al Gobierno que dé marcha atrás. Aunque desde el Gobierno parece que sólo piensan en cómo alcanzar rápidamente una reglamentación.