A cara de perro: el Gobierno se reúne con Telefónica, Claro y Telecom por el DNU de la polémica

Este miércoles será el turno de las grandes operadoras de telecomunicaciones. Tras haberse reunido con prácticamente todos los actores del sector, incluidas las asociaciones de consumidores, el ENACOM mantendrá un encuentro este miércoles con Claro, Telefónica y Telecom para recomponer una relación que recibió una zancadilla con la emisión del DNU 690. En principio, las compañías irán a escuchar. DirecTV y Telecentro también fueron invitadas.

Es lo que estaba ya encaminado en la tarde de este martes, según pudo saber iProfesional, aunque nadie quiso arriesgar qué podría ocurrir. Las partes son conscientes de que será uno de los encuentros de mayor tensión porque coincidirían tanto los que venían manteniendo un diálogo constante con el Gobierno, incluido el regulador, a cargo de Claudio Ambrosini, como los partícipes de la redacción del DNU, entre ellos Gustavo López, uno de los directores del organismo.

Más allá de la buena intención del DNU –orientado a universalizar la conectividad en el 100% de la población- y de sus falencias a nivel técnico –en lo que coinciden especialistas del sector- una de las peores consecuencias de su redacción fue el daño que se produjo a un camino de diálogo que mantenía el Gobierno con el sector privado, más allá de las disonancias y desacuerdos que también formaban parta de esta relación.

Uno de los puntos álgidos de la reglamentación será el status con que queden servicios como la telefonía móvil

Que las principales compañías, como el grueso del sector, se enteraran que se había emitido un DNU y que su anuncio corriera por las redes sociales dejó pagando a más de uno, tanto del sector público como del privado. Porque, ya convenido con el Gobierno que luego del 31 de agosto se aplicarían aumentos, había que ponerse de acuerdo en los porcentajes.

No se trataba de obtener la autorización sobre un solo valor por la diversidad de servicios, paquetes y promociones a las que están afectadas estas prestaciones, cada vez más convergentes. De ahí que lo sucedido entre esa reunión que terminó el miércoles y el anuncio vía Twitter del viernes por la tarde resultara tan sorpresiva.

En busca de confianza

Por eso el encuentro entre los más grandes operadores del sector de este miércoles será fundamental para ver cómo se avanza con la reglamentación. La confianza fue rota y reconstruirla no será una tarea sencilla aun cuando pareciera existir buena voluntad de las partes. El sabor que dejó lo sucedido tras el último encuentro no fue precisamente agradable.

Mientras algunas empresas se fueron de esa reunión del miércoles con la certeza de que los aumentos propuestos habían sido aprobados por la jefatura de Gabinete, y eso es lo que manifestaron a iProfesional, otras debían continuar haciendo ajustes. En cualquiera de los casos la expectativa del sector privado era que se iba por buen camino más allá de esos aspectos puntuales.

Desde la Secretaría de Innovación Pública rechazaron que tal acuerdo de precios se haya alcanzado ese miércoles, y aseguraron a iProfesional que Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, no había avalado los aumentos.

Algo pasó el jueves. La llamada que las operadoras esperaban para el viernes para volver a reunirse nunca se concretó. Y si bien llamó la atención, nadie esperaba lo que ocurriría ese mismo día cuando se conoció la noticia del DNU. Desde ese momento las comunicaciones se mantuvieron constantes pero cambiaron los términos y hasta los modos.

Por eso la de hoy intentará volver a poner un hito. "Bajó la espuma pero no la intensidad de lo que sucedió", dijo una de las fuentes del sector consultadas. Hay un sentir común entre los operadores -y no sólo los grandes- que los precios de los servicios quedarán congelados hasta finales de este año. "Es difícil salir de ahí", dijo la fuente, en coincidencia con el pensamiento del resto de los actores. Si hasta dos semanas atrás la expectativa era de cerrar los aumentos hoy saben que eso es una misión imposible.

El desafío será cómo, desde hoy, se plantean las cuestiones del sector de cara a 2021. ¿Por qué? Porque son tiempos de definiciones de inversiones. Inversiones que se moverán ya no sólo por la autorización o no de un aumento sino también por el status final con que quedará el sector. ¿La telefonía móvil será un servicio público con tarifas reguladas? ¿La televisión paga será un servicio público? ¿Cómo se abordan estas cuestiones cuando se trata de servicios convergentes? ¿Habrá una reglamentación que responda al DNU en su totalidad?

Controlar la oferta

"Tratar de controlar la oferta es materialmente imposible", dijo a iProfesional Maryleana Méndez, presidenta de ASIET, una asociación que nuclea a operadoras de telecomunicaciones tanto del sector público como de privado y en la que conviven tanto América Móvil como Telefónica con la venezolana CANTV y la cubana ETECSA, entre otros.

El DNU 690 fue tan sorpresivo que las empresas, las cámaras y diversas asociaciones se reunieron en una solicitada conjunta

"Si se intervienen (los precios) se corre el peligro de homogeneizar la oferta. Eso implica que se reduzca la innovación que es peor para los usuarios. El mercado es totalmente distinto al de hace 30 años y los servicios y las innovaciones tecnológicas tienen períodos de tiempo cada vez más cortos, hasta las mismas tecnologías se amenazan entre sí tal como fue el paso de 3G a 4G", agregó Méndez para quien la competencia entre los actores es lo que garantiza inversiones y mejores precios para los usuarios, mientras que el regulador debe actuar allí donde estas condiciones no se den, no en todo el sector por igual. El DNU 690 puso a todos los actores en el mismo nivel cuando, en la realidad, en la práctica no es así.

De cómo se reglamente el DNU dependerá también el futuro de las inversiones que no es lo mismo cuando se las orienta sólo para mantenimiento que cuando se las destina a ampliación y actualización de red. En el segundo caso la posibilidad de que los usuarios adquieran nuevos servicios se traduce en una mejor facturación de las empresas y una mejor recaudación estatal para el Fondo de Servicio Universal (FSU) destinado, justamente, a conectar a las poblaciones más alejadas de las áreas urbanas y, desde hace dos meses, también a las más vulnerables.

Ese fondo se compone del 1% del total de la facturación de las empresas de telecomunicaciones. Si ellas no crecen en ingresos, el fondo tampoco. Y se reducen las chances de contar con recursos para lograr el objetivo compartido de conectar a los no conectados y de viabilizar alternativas para los sectores más vulnerables.