DNU sobre "telcos": "Ningún privado va a invertir para perder dinero"
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2018/12/470406.jpg)
Sonia Agnese, analista principal senior para América latina en la consultora Omdia, analiza en esta entrevista de iProfesional el reciente decreto presidencial que declara como servicio público a la telefonía móvil, Internet y la TV paga.
Omdia es la principales empresas de investigación de tecnología global, establecida en 2019 con la combinación de las marcas de investigación de Informa Tech (Ovum, Heavy Reading y Tractica) y la cartera de investigación de tecnología de IHS Markit.
Combina la experiencia de más de 400 analistas que cubren 150 mercados y miles de compañías de tecnología, medios y telecomunicaciones, publicando más de 3.000 informes de investigación al año, llegando a más de 14.000 suscriptores.
-¿Cómo evalúa el decreto 690/20 en términos conceptuales?
-Es una situación muy preocupante ya que fue muestra una falta de institucionalidad y de continuidad de las políticas públicas. Las empresas y quienes invierten lo hacen dentro de un marco legal y regulatorio, previendo contar con reglas de juego claras y transparentes.
El dictado de una norma que, por más que tenga buenas intenciones de querer dar conectividad a todos los argentinos, debe tener en cuenta lo que esto implica desde el punto de vista económico, hacer una evaluación seria de los impactos que puede tener una normativa de este tipo.
Sabemos lo importante y crítico que es para todos hoy contar con Internet y estar comunicados, y más allá de tener buenas intenciones, la implementación de la misma puede tener justamente el impacto contrario de los objetivos planteados.
Durante la pandemia hemos visto como muy positivo el diálogo público privado y el trabajo coordinado. Este tipo de decisiones sin posibilidad de discusión y diálogo son muy riesgosas. Los posibles impactos en el congelamiento de las inversiones y el deterioro de la calidad de servicio son preocupantes. Esperemos haya posibilidad de revertir este efecto con la reglamentación.
-¿Cómo impactará el decreto en los mercados de telefonía móvil, Internet y TV por cable?
-Hoy los tres servicios están directamente vinculados por el efecto de la convergencia. La inversión en redes es el mayor impacto directo de este decreto, ya que debido a un entorno de mayor regulación y a la imposibilidad de trasladar los costos (muchos en dólares), la misma se frene. Esto afecta la calidad de servicio y la ampliación de las redes.
Hemos visto durante la pandemia crecimiento de tráfico de entre el 20% y 50%, este es el nuevo normal de las redes y en aumento, con lo cual al no invertir y actualizar las mismas con tecnologías más avanzadas y mayor capacidad, van quedando desactualizadas, lentas y con cobertura inadecuada. Para que haya más y mejores servicios, claramente se requieren incentivos a la inversión. Ningún privado va a invertir para perder dinero.
-¿Qué medidas deben tomarse para favorecer al bolsillo del usuario, en especial los más afectados por la pandemia y su crisis económica, y el despliegue y el desarrollo de las redes de los operadores?
-La regulación argentina cuenta con el fondo de Servicio Universal, que se conforma con el 1% de los ingresos de los prestadores de telecomunicaciones. Un uso eficiente y a través de programas concretos que tengas objetivos claros y sean asignados con transparencia, es el primer paso.
Por otro lado, está Arsat, que la red existe, pero está prácticamente vacía. Hay que encontrar mecanismos para darle un mayor uso fomentando la competencia privada y que no sea un competidor que desaliente la inversión privada.
Hay que pensar también en programas de desarrollo del lado de la demanda, es decir para los usuarios directamente. Hoy en muchos lugares existen redes, pero los consumidores no contratan el servicio porque no pueden pagarlo. Hay que pensar en nuevas formas inteligentes para dar respuesta a estos ciudadanos.
Un punto central en la Argentina es la alta carga impositiva. Por ejemplo, en Colombia durante la pandemia se ha exceptuado del IVA a los servicios móviles básicos y también hay excepciones impositivas a los smartphones.
Respecto a la regulación de precios, las buenas prácticas internacionales, recomiendan nunca regular precios finales de servicios de comunicaciones y sólo regular los precios mayoristas de modos de incentivar la competencia de servicios.
Las telecomunicaciones y la tecnología han sido claves durante la pandemia para al menos amortiguar parte del efecto de la cuarentena continuando con actividades on line, pero en el post covid, es aún más importante como catalizador del desarrollo económico futuro tan necesario.
Establecer un marco regulatorio que fomente las inversiones con un adecuado equilibrio de dar conectividad a aquellos que no pueden pagarlo, es clave para la Argentina que viene.
¿Qué dice el DNU sobre las "telcos"?
El presidente Alberto Fernández comunicó el viernes a través de su cuenta oficial de Twitter la decisión de declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga y congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de los tres servicios.
La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como "Ley Argentina Digital").
Esta norma fue sancionada en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada durante el gobierno de Mauricio Macri. El DNU, como todos los decretos de esas características, deberá ser analizado y validado por el Congreso de la Nación.
El DNU publicado por el Presidente considera, entre otros puntos: que el derecho de acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables (…).
El texto del decreto destaca los ejemplos de México y Francia, en donde en el primero se consagró el derecho de acceso a Internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental. Además, en una entrevista radial tras la publicación del decreto, Fernández declaró: "Admiro a Noruega y Finlandia, y en estos dos países son servicios públicos".
También critica el DNU 267/2015, emitido por Macri, que estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificó la "Ley Argentina Digital". Así, el reciente DNU considera que esa decisión "derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional".
Las modificaciones para las "telcos"
El decreto establece que los servicios de las TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que sus licenciatarios fijarán los precios, que deberán ser justos y razonables, y regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Enacom. Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios también serán regulados por el Enacom.
En el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, suspende cualquier aumento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC. Esto incluye a la televisión por cable, internet, a la telefonía fija o móvil y también a los servicios de televisión satelital.