¿Por qué la TV paga debe ser un servicio público?: arranca la negociación para reglamentar el DNU telco
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Después de la ebullición que generó en la industria de las telecomunicaciones el decreto 690 que congeló las tarifas de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, y de la televisión paga, además de haberlos convertido en servicios públicos esenciales en competencia, las partes involucradas que saben del tema de telecomunicaciones en el Gobierno comenzarán a reunirse con los distintos actores para ver cómo se trabaja la reglamentación y cómo se revierten aspectos del decreto alejados de las necesidades de los más vulnerables y de impacto negativo, especialmente en las empresas más pequeñas y las cooperativas. Tarea difícil si la habrá.
Este miércoles fue el turno de las cooperativas. Fue la primera de una serie de encuentros entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de Claudio Ambrosini, quien ahora tendrá que poner en cauce un decreto que, si bien suma adeptos por el congelamiento de tarifas, también pone en riesgo la economía de las empresas que, mínimamente, venían generando inversiones en la Argentina.
Pasada la sorpresa, el vendaval del fin de semana y las discusiones airadas especialmente en el ámbito público, ahora el regulador, a cargo de la reglamentación tal como se indicó en el decreto 690, deberá componer un texto en donde se garanticen los derechos de los más vulnerables y también la salud financiera de las distintas prestadoras de servicios.
También tendrá que resolver un aspecto que nadie que entienda bien al sector y cómo funciona puede explicar: ¿Por qué la televisión paga tiene que ser un servicio público? ¿Por qué este servicio debe tomar ese rol cuando el Estado cuenta con un sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), cuyo objetivo es justamente llegar con los servicios de radiodifusión a todas las poblaciones del país, urbanas, rurales y remotas?
Las cooperativas nucleadas en Colsecor, Fecotel, CATEL, Fecosur y Fecoba, que este miércoles se reunieron con Ambrosini escucharon. La idea es poder presentar una propuesta conjunta, que sea representativa de la situación del sector, una especie de mesa cooperativa tal como la que tienen las operadoras de telecomunicaciones y que se vio patentizada cuando publicaron esta semana una solicitada conjunta rechazando los términos del decreto.
Tanto las cooperativas como los prestadores de servicios de telecomunicaciones de las provincias decidieron mantener los servicios congelados, aun cuando la mayoría de ellos no firmaron el acuerdo de marzo con el Gobierno para garantizar los servicios mínimos.
Que no puedan aumentar siquiera el abono de la televisión paga es una estocada: las señales de televisión se pagan en dólares, tanto las del paquete básico como las del premium. En un contexto de país en donde no se sabe cómo frenar la salida de dólares, que las empresas deban hacer frente a esta situación con los números en contra las pone en un riesgo serio.
"La mayoría de las cooperativas no hicimos aumentos en el año, y cuando se hizo el acuerdo con las grandes compañías no estaba en nuestros planes subir los precios. Después estuvimos obligados con el congelamiento. Pero tampoco teníamos previsto hacerlo por un tema de empatía con nuestros socios y usuarios", dijo a iProfesional una fuente del sector cooperativo.
Entre la televisión paga y la TDA
La televisión paga es un servicio TIC, tal como lo son la telefonía fija y móvil e internet. La creación de la TDA, en 2010, tuvo como objetivo inicial suplir el hecho de que sólo se podían ver los canales de televisión nacionales a través de la TV por suscripción.
Como el estado en que el gobierno de Mauricio Macri entregó la TDA fue "lamentable", según coincidieron distintas voces en los primeros meses de la gestión de Fernández, y todavía no se ha podido remontar ese abandono, quienes conocen en profundidad a este mercado señalaron a iProfesional que una medida a tomar podría haber sido mantener el servicio reducido de TV paga y que el mismo Estado lo garantice.
El apuro con que se escribió ese decreto, que lleva el sello de uno de los integrantes del directorio de Enacom más controvertido desde el cambio de Gobierno, Gustavo López, y de lo más alto de la Secretaría de Innovación Pública, a cargo de Micaela Sánchez Malcom, no contempló las consecuencias de una proclamada ampliación de derechos a los que no se podrá acceder si no hay empresas con capacidad para hacerlo. Desde ciertos sectores de la industria calificaron a ambos de "total impericia".
Micaela Sánchez Malcom y uno de los asesores de la secretaría, Martín Becerra, también investigador del Conicet, y uno de los más críticos referentes de la concentración de los medios, fueron los que primero salieron a respaldar el decreto 690 luego de que el presidente Alberto Fernández lo anunciara en Twitter.
Y tal como están planteadas las cosas en el DNU el riesgo está latente porque es imposible no contemplar la ecuación económica financiera de las prestadoras, más allá de los presupuestos sociales.
Sin embargo, ninguno de los que se ocupó de redactar el texto tendrá que lidiar con la reglamentación, que ahora tendrá que resolver Ambrosini. Y que no será sencilla de redactar justamente porque, junto a la garantía de los derechos, se debe velar por la continuidad de las empresas que dan los servicios y que deberán cumplir con la ley. Es una de las tareas del regulador preservar el funcionamiento del mercado a través de su control.
A arremangarse
El cataclismo que provocó el decreto 690 anunciado por el presidente Fernández un viernes a la noche fue de tal magnitud que un grupo de funcionarios del Gobierno con más experiencia y conocimiento en temas de telecomunicaciones se acercaron a Ambrosini para ver cómo encarar la reglamentación.
Un punto coincidente entre distintos actores en estos días frenéticos fue que, si se necesitaba extender el acuerdo celebrado en marzo -en donde no se aumentaron los precios de los distintos servicios, y del que formaron parte las tres principales operadoras de telecomunicaciones, más otras dos independientes- se podría haber explicitado la urgencia que exigía el contexto de pandemia y se tomaba esa decisión: el servicio reducido ya estaba previsto como también el no corte por falta de pago a los segmentos vulnerables.
"Hay muchos sectores que dependen de la conectividad como herramienta, como la educación, la salud, la gente que trabaja en forma remota. Pero no la televisión paga. Porque, en última instancia, la televisión también se puede ver por internet. El servicio mínimo ya estaba definido. Se podía subir el paquete mínimo y, en el marco de la emergencia, se establecía que son requisitos mínimos necesarios para asegurar los derechos de la gente. Pero no se puede hacer lo que se hizo cuando, después de la reunión del miércoles, las compañías se fueron con la idea de que se continuaba negociando", dijo una fuente de la industria. En una postura que resulta coincidente con otras voces pertenecientes al sector pero con otros intereses.
Las empresas de telecomunicaciones venían conversando con el gobierno hacía más de 40 días qué aumentos se aplicarían, luego de que el 31 de agosto próximo finalizara el acuerdo de marzo. "El miércoles las empresas del sector habían tenido una reunión con (Cecilia) Todesca y con (Santiago) Cafiero -vicejefa y jefe de Gabinete- que habían aprobada los aumentos y los porcentajes, y lo único que quedaba definir era si se volvía a negociar en diciembre o en febrero de 2021", aseveró a iProfesional otra fuente del sector.
La fuente también refirió a las declaraciones de López desmintiendo los términos de esa reunión, lo que enfureció a ciertos actores de la industria, aunque luego quedó claro que él mismo había sido uno de los redactores del decreto porque así lo reconoció en una entrevista radial, además de haberlo celebrado en las redes sociales.
Servicio público y prestación básica
El decreto 690 refiere a la necesidad de otorgar inmediata protección a los derechos que se vieron restringidos por las medidas a los que obligó la pandemia, entre ellos, la educación, y para ello se apeló a la relevancia de las TIC y de las redes de telecomunicaciones como factor para garantizar el funcionamiento de las empresas y de los derechos de los habitantes del país.
El problema del decreto es que mezcla servicio público con prestación básica universal obligatoria aspectos que parecen sinónimos pero que en lo técnico no lo son e, inclusive, presentan diferencias que no son menores. Y define como "precios" a los valores que tendrá la telefonía móvil que, según el decreto, es desde ahora servicio público cuando deberían ser "tarifas".
Esto es solo parte de lo que deberá resolver la reglamentación. A sabiendas de que la banda ancha fija en la Argentina es muy dispar tanto en penetración de servicio como de calidad y hasta de precio, tal como viene informando iProfesional a lo largo de los años, en aquellas zonas en donde esa conectividad es deficiente se subsana con la móvil. Y, otra vez, ratificando los presupuestos mínimos de marzo y, en tal caso, sumando aquellos que se consideren fundamentales para la garantía de los derechos.
En este sentido, el plan mínimo de conectividad móvil ya tenía un acuerdo previo. El servicio de Whatsapp es bonificado por las tres operadoras móviles y también estaba acordado el rating 0 para el acceso a servicios educativos, es decir, que el consumo vía móvil de las plataformas oficiales no iba a generar consumo de datos.
De hecho, este mismo miércoles, la comunidad Desafío Leer anunció que los clientes de Claro que utilizaran la plataforma (que tiene libros para alumnos, docentes y familia) no consumirían datos. Un ejemplo de que hay una voluntad de las empresas por colaborar en el marco de la pandemia. Y si esa voluntad no estaba, pues ahí sí tenía que aparecer el Estado. Pero no estaba siendo el caso.
Subsidio a prestadores extranjeros
"Tal como se planteó el DNU subsidia a las clases media y a las OTT como Netflix, Amazon Prime Video, y todas las que se pagan en dólares. Porque sus contenidos van a seguir circulando por redes de empresas argentinas que tendrán que seguir facturando en pesos, mientras las plataformas de contenido no van a sentir ningún cambio porque no están reguladas", agregó una de las fuentes consultadas.
Este es uno de los puntos que más preocupa a las empresas, especialmente a las más pequeñas que mantuvieron sus tarifas quietas y que no sólo pagan en dólares el mega mayorista que necesitan para satisfacer la demanda de conectividad que creció en la pandemia sino también, y en el caso puntual de la televisión paga, a las señales.
Será el gran entuerto que deberá resolver Ambrosini junto a los funcionarios entendidos que se acercaron a colaborar porque entendieron que una de las principales complicaciones del decreto será el de otorgar carácter de servicio público a servicios que no han sido concesionados, tal como ocurre con la televisión paga y con la telefonía móvil.
El servicio público tiene conceptos limitantes: aplica tarifas y está limitado por la territorialidad. Las redes de agua o de electricidad llegan a una determinada zona, a miles de hogares y cada uno de ellos paga una tarifa. La telefonía fija cumple con esta premisa. La televisión paga también, aunque producto de la convergencia no se consume de manera estática, justamente. Sin ahondar en este punto, la TV paga no es un servicio público. Sí se puede hacer un plan básico, que es distinto.
El servicio público asegura las prestaciones a los ciudadanos en su conjunto y la tarifa es determinante. Quienes consideran que esta figura no puede aplicar a la televisión paga porque es distorsiva e impide nuevas inversiones.
"Subsidiar a la clase media va en detrimento de la escasa capacidad de inversión que existe en el sector. Congelás en pesos una inversión que debe hacerse en dólares. Y beneficiás a prestadores extranjeros por sobre las redes nacionales que van a tener que pagarles en dólares mientras son servicio público. Sin olvidar que, como se planteó el DNU, los Mb que se les otorguen a los ciudadanos sean destinados para trabajar o educarse sino para otra cosa", indicó una de las fuentes.
A lo largo de las reuniones que comenzaron este miércoles con las cooperativas, seguirá el viernes con las cámaras que representan a las empresas de internet del país y continuarán la semana próxima con las principales operadoras de telecomunicaciones seguramente se discutirá sobre cómo abordar el tema del servicio público y las prestaciones básicas.
Uno de los temas que tal vez llegue a la mesa sea el ejemplo del modelo finlandés de telecomunicaciones. En el país donde nació la telefonía móvil para poder mantener comunicada a las personas en las épocas invernales porque la crudeza del invierno afectada el funcionamiento de las redes fijas, el Estado garantiza la disponibilidad de los servicios básicos de comunicaciones para toda la población, que incluye telefonía, banda ancha, correo, y televisión y radio de la empresa estatal de comunicaciones, según informa el servicio de comunicaciones de Finlandia.
La calidad está estipulada por legislación que establece supuestos mínimos de servicios, para los cuales es posible en algunos casos apelar a fondos públicos. El mercado de telecomunicaciones de Finlandia está en competencia y "el objetivo del Gobierno es crear un entorno de mercado que brinde nuevas oportunidades de negocios, promueva las exportaciones y aumente las líneas de servicios", señala el reporte.
"Si esto queda como está va, a producirse el efecto murciélago -señaló una de las fuentes- Se cuelgan todos del techo, sea el prestador que sea. No invierten pero les queda rentabilidad, un esquema basado en la no inversión", concluyó.