Las telco-pymes, desesperadas por el efecto negativo del DNU: prevén crisis del negocio y se quejan de "autoridades pintadas"
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Mientras la industria de las telecomunicaciones prepara un comunicado para expresar la preocupación por el DNU que declara al sector como servicio público esencial en competencia y congela las tarifas de los servicios de telecomunicaciones hasta el 31 de diciembre de 2020, las empresas de internet manifestaron su descontento por el baldazo de agua fría que recibieron el viernes por la noche.
En tanto, los expertos del mercado marcaron la falta de institucionalidad que hay en la Argentina, puesto que la decisión se tomó sin la consideración de los funcionarios que entienden en el tema.
Las grandes operadoras de telecomunicaciones expresaron su postura rechazando la medida en las primeras horas posteriores al decreto 690, lo mismo que las asociaciones que las nuclean a nivel regional e internacional. El tema también afecta a las pymes que son las que, básicamente, ofrecen sus servicios en las provincias.
En el país hay más de 1.000 pymes de internet y telecomunicaciones que verán más complicadas las posibilidades de invertir: "congelar los precios con costos descongelados mata a cualquier empresa", describió con honestidad brutal a iProfesional un empresario referente del sector.
A las que primero mata son a las que menos espalda financiera tienen, más allá de que el músculo argentino siempre estampa estrategias de supervivencia. De ahí que desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE) emitieran un comunicado en el que alertaron que declarar a la conectividad como servicio público sólo traerá más concentración en el sector.
La entidad señaló que se mantuvieron instancias de diálogo con las autoridades nacionales, los representantes del Congreso nacional y demás actores con el objetivo de "consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad en nuestro país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija. Lamentablemente, el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos", subrayó.
Más allá del comunicado de la cámara, cuando este medio conversó con varias de estas pymes la preocupación era generalizada. "Este DNU es un tema complicado", dijo una pyme de internet que opera en la Patagonia.
"Si querés resolver el tema de internet no pasa por una cuestión de precios, es mucho más complejo. Tenés que ver el precio del mega, la distribución del mega, el tipo de cambio, las devaluaciones que hubo en este país en los últimos años para invertir, los sectores vulnerables a los que querés asistir. Creo que hay que subsidiar la demanda, tener un valor de mega unificado a nivel país, porque se paga distinto según donde se esté. La pandemia dejó al descubierto un montón de cuestiones pero no es toda responsabilidad nuestra. Un aumento de 50 en consumo no hay nada que resista", dijo, sumamente preocupado, otro proveedor de una pyme de telecomunicaciones de la pampa húmeda.
Con las cooperativas la situación es idéntica. "Claramente somos distintos. Ese es el principal planteo. Justamente, con las asimetrías que hay en el país que nos miren a todos de la misma manera es preocupante. Creo que de acá en adelante el planteo será diferenciar a los actores que hay en el sector", expresó otro referente del sector cooperativo de las telecomunicaciones.
El rosario de reclamos lo recibirá el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de Claudio Ambrosini, uno de los tantos funcionarios sorprendidos por la medida que tomó el presidente Alberto Fernández y que él mismo se ocupó de anunciar a través de las redes sociales.
El titular del regulador no fue el único sorprendido. El mismo sentir se experimentó en la subsecretaría de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), conducida por Martín Olmos. Si bien todos los funcionarios salieron a apoyar el anuncio del Presidente, no se trató de algo inmediato. Y bastaba ver a Ambrosini en los canales de televisión en donde fue entrevistado para advertir su incomodidad.
Los ojos en el ENACOM
"No hay satisfacción con la medida. Lo más cómodo era congelar", dijo otra fuente del mercado. Esa insatisfacción alcanza no sólo a las empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas, sino también a los funcionarios que venían manteniendo un diálogo con las prestadoras y que se encontraron con el anuncio de Alberto Fernández.
Y si bien ahora todo recaerá en los hombros del ENACOM, a cargo de la reglamentación, lo que evidenció esta situación es un comportamiento que se repite a lo largo de los años y en los distintos gobiernos de turno: las autoridades a cargo del sector son pasadas por alto en estas circunstancias.
"Las autoridades del sector están para el chiquitaje, no para las decisiones importantes. Esto quedó demostrado ahora y también pasada en el gobierno anterior. Esto muestra la falta de institucionalidad que hay en la Argentina. Manda la mesa chica", agregó otra fuente muy vinculada al sector de las telecomunicaciones que, como las otras, también prefirió el off.
Si a las grandes el decreto 690 les genera una incertidumbre mayor a la que ya generó la pandemia, a las pyme esa situación se les profundiza y se les hace más pesada.
"El que tenía un plan de inversión lo frena", agregó una de las fuentes. Y esto cabe tanto para un gran operador, como para uno pequeño. "Con esta decisión cómo calculás el modelo de inversión, a qué precio, y no hay que olvidarse del efecto inflación. Porque si querían congelar los precios les tiraron con una bazuca a un mosquito", describió el especialista.
Hay una especie de sensación compartida en la industria que señala que si querían congelar los precios, por más que fuera incómodo –porque a ningún actor, sin importar su tamaño, le simpatiza una medida así, mucho menos cuando los costos de las redes son en dólares- podrían haber avanzado en esa dirección y listo.
Autoridades "pintadas"
Pero la decisión de convertir a las telecomunicaciones en servicios público esencial en competencia, que no existe como figura legal pero que sí puede generar disputas a nivel de tribunales internacionales, es complicar la situación de un sector que no sólo necesita inversiones para sí sino, básicamente, porque de su actualización también dependen las actividades que cruza.
"Resolver el tema de internet con un aumento o no del abono es una simplificación que en vez de resolver, complica. Esta decisión nos pega a todos por igual aunque no es lo mismo una empresa grande que una chica. El Gobierno debería haber convocado a los sectores primero para hablar de estas cuestiones, preguntar si había soluciones para aportar y luego hacer un decreto, una ley, creo que deberían haber consultado previamente. Pero venimos fallando con las políticas hace tiempo. No hay un plan estratégico en las comunicaciones como no lo hay en energía, en gas, en muchos otros sectores", lamentó la fuente de la pyme de la pampa húmeda.
El decreto ya está. El futuro será el que se trace a partir de su reglamentación. Las inversiones, en este escenario y justo en un momento donde comienzan a definirse los presupuestos de cara a 2021, no tienen chance de ser más que para mantenimiento.