Telefónica y Telecom le responden al Gobierno tras la imputación en donde se las acusa de incumplir la prestación de servicios
Luego de que el ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, imputara a Telecom, Telefónica y Telecentro por presuntos incumplimientos en el servicio técnico, fallas administrativas y demoras en la entrega de productos en medio de las restricciones por la cuarentena, Telecom y Telefónica respondieron sorprendidas por la medida: ambas coincidieron en que no fueron informadas sobre lo que estaba sucediendo como tampoco que desde el organismo a cargo de los reclamos de los consumidores se estuviera avanzando en una medida de ese tipo sin los descargos previos correspondientes.
Telecom indicó que le resultaba llamativo que se hiciera público el análisis de los presuntos incumplimientos cuando la empresa aún no efectuó su derecho a defensa y que, además, la medida se tomara en relación a 145 denuncias contra la empresa cuando atiende a más de 28 millones de clientes en el país.
Telefónica, en tanto, sostuvo que la imputación conocida en la tarde del domingo donde se señalan posibles incumplimientos en el servicio por parte de la compañía "resulta incomprensible siendo que, además, no se pone de manifiesto las razones de tamaño proceder ni la compañías tiene conocimiento de las mismas a la fecha".
Ambas operadoras de telecomunicaciones coincidieron que no fueron informadas sobre las denuncias recibidas como tampoco les dieron la posibilidad de brindar las explicaciones del caso.
La secretaria de Comercio Interior Paula Español había señalado que el comportamiento de las prestadoras imputadas responde a "prácticas sistemáticas de las empresas" razón por la que decidieron actuar de oficio. El organismo indicó que las empresas fueron notificadas el 25 de junio y que tienen cinco días para ejecutar su derecho a defensa.
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El domingo por la tarde un comunicado de la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, imputó a Telefónica, Telecom y Telecentro por las razones expuestas más arriba. Y detectó que las denuncias ingresadas durante mayo en la Ventanilla Unica de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió, señaló el organismo.
Sin descargo
Las telecomunicaciones forman parte de los servicios esenciales que se prestan en el marco de la pandemia. De hecho, se trató de uno de los primeros sectores con los que se reunió el presidente a finales de marzo pasado, luego de haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para garantizar la conectividad.
Entre todas las empresas de telecomunicaciones que operan en el país, grandes, medianas y pequeñas, se estima que hay unos 15.000 técnicos haciendo trabajos de calle. Pero, por las mismas restricciones de la pandemia, no pueden ingresar a los domicilios.
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Así, ante un desperfecto técnico, los técnicos llegan hasta la puerta del domicilio y brindan por teléfono las instrucciones para soluciones esa falla, siempre que sea posible bajo esa modalidad. Si hay que cambiar un módem, por ejemplo, lo entregan y, luego, brindan las explicaciones para conectarlo. En casos extremos donde no hay chance de que el cliente pueda resolver el problema se contempla su ingreso. Pero no es lo recomendado por la Superintendencia de Salud.
"Resulta llamativo que el organismo público que está analizando los presuntos incumplimientos cometidos por ésta y otras empresas, emita una comunicación pública sobre el tema que tiene a estudio y cuando aún Telecom Argentina S.A. no ha efectuado su descargo en los términos de ley. Sería lógico que ese organismo esperase a que concluyan las actuaciones para comunicar sus conclusiones y eventual aplicación de sanciones y no, "presuntos incumplimientos", que como tales no puede tener como acreditados", indicaron desde Telecom.
En un tono similar se expresaron desde Telefónica. "Llama la atención el accionar de las autoridades que no solo han actuado sin permitir a la empresa dar las explicaciones del caso, sino que parecen no tener en cuenta los protocolos de circulación y trabajos; en especial los de la Superintendencia de Servicios de Salud en este momento complejo de contexto COVID19", indicaron.
Telecom recordó que, aún cuando se trata de un servicio esencial y ante una situación de aislamiento que ya acumula más de 100 días, los servicios necesariamente se ven afectados. Y también apuntó que el no ingreso a los domicilios se determinó a partir de una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo .
Esa resolución señala, "en la medida de lo posible, evitar el ingreso de los trabajadores al domicilio de los clientes, realizando la reparación de equipos desde el exterior, guiando al cliente para que sea él o ella quien manipule las instalaciones desde el interior".
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Desde Telecom señalaron, además, que "una parte de los gremios afectados a esos servicios decidió acatarla y hasta hoy no se permiten que sus afiliados hagan visitas técnicas a las casas de los clientes".
La recomendación de la Superintendencia de Salud y las decisiones de los gremios chocan contra los argumentos para fundamentar la imputación del organismo de defensa del consumidor que argumentó que la falta de resolución de los problema se debe a que "se excusaron en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones, a pesar de que las compañías cuentan con protocolos específicos que establecen pautas para el ingreso a los hogares, cuando es absolutamente indispensable".
Por esa razón, desde Telefónica indicaron que "haremos las consultas correspondientes en los organismos que han librado la imputación, y en ENACOM, órgano de control que ha dictado normas sobre el particular, para entender esta situación que hasta el momento resulta incompresible."
Los servicios de telecomunicaciones funcionaron sin restricciones desde que se inició el aislamiento obligatorio el pasado 20 de marzo. Creció el tráfico de internet y las empresas debieron hacer modificaciones en sus redes rápidamente para responder a la modificación que tuvo el mayor consumo de banda ancha que pasó a ser esencialmente residencial.
Los usuarios manifestaron registrar inconvenientes como microcortes, reducciones de velocidad, o cargos que se facturaban y no correspondían, que lógicamente exigen su atención y que, seguramente, sean los aspectos a poner a punto una vez que se salga de la pandemia.