Ciudad de Buenos Aires 112,7%-Formosa 30,1%: las razones que explican por qué es tan grande la brecha digital en la Argentina

La penetración de internet fija en la Argentina alcanza al 56,1% de los hogares, el segundo más alto de la región, después de Uruguay, que alcanza al 65,8% de sus viviendas. Pero ese promedio es muy dispar si se mira a cada provincia en particular. Las razones de esas asimetrías hay que buscarlas en las regulaciones provinciales, ciertas dificultades para invertir en determinados momentos y la falta de intervención estatal cuando lo amerita.

Así, mientras las tres primeras provincias superan el 85% de penetración del servicio, tal como ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (112,7%), Tierra del Fuego (96,5%) y San Luis (85,2%), en el otro extremo se encuentran Formosa (30,1%), Catamarca (30,9% y en baja), y Chaco (35,9%), según el Barómetro de banda ancha de CABASE que toma datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Si mirar los extremos resulta revelador, también lo es analizar los medios que, en verdad suelen estar más cerca del costado de menor nivel de conectividad que de mayor. Lo curioso es que dos de los cinco principales distritos electorales del país, como lo son Mendoza y Tucumán, se encuentran en ese medio mediocre.

La provincia cuyana cuenta con una penetración del servicio de banda ancha fija de 40,7%, y Tucumán, de 39,5%. ¿Cómo es posible que dos provincias con peso propio por la cantidad de habitantes y por su actividad económica presenten estos niveles de mediocres de conectividad?

Las razones, como se dijo más arriba, son variadas. Pero adquieren particularidades cuando se trata de una provincia o de una zona en particular, habida cuenta de que hay prestadores que brindan sus servicios con mirada regional aunque suelen quedar presa de las disposiciones que la división política de municipios y provincia impone de acuerdo a sus criterios.

La complejidad de la Argentina, la priorización de las grandes ciudades, un Estado con un rol errático en la materia conforman, a grandes rasgos, algunas de las razones por las que se suscitan estas disparidades.

"Por un lado incide la complejidad que presenta un país con la extensión territorial y la dispar densidad poblacional que generó que las principales inversiones para el tendido de redes de los grandes operadores han seguido la lógica del mercado, donde se priorizaron las ciudades más populosas o con economías regionales más fuertes, y se rezagaron aquellas ciudades y provincias menos lucrativas", dijo a iProfesional, Ariel Graizer, presidente de CABASE.

Para el directivo esta situación se extendió por mucho tiempo y se agravó cuando el Estado no tuvo un rol activo en la generación de políticas activas de inclusión digital y de impulso a una mayor competencia.

Como resultado de esta situación, se "relegó a muchas pequeñas localidades a niveles de penetración muy por debajo de la media nacional", agregó.

Esas provincias, esos municipios

Las regulaciones que cada provincia o municipio aplican también tienen su impacto en los mejores o peores despliegues. Allí donde las normas son más restrictivas es donde la cobertura del servicio es menor y, por ende, el acceso de parte de la población.

Mendoza es uno de esos casos. Los distintos operadores de telecomunicaciones señalaron que, históricamente, se favoreció a los operadores de TV paga, y que eso explica que se tengan esos niveles de conectividad.

La situación comenzó a ser reconocida por el mismo gobierno de esa provincia donde el año pasado se inició una rueda de consultas con las distintas empresas del sector, incluidas las torreras, para ver de qué manera mejorar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

El objetivo es que, a partir de este año, esos encuentros impulsen decisiones políticas concretas tendientes a mejorar los despliegues de las empresas y, así, también el precio y la calidad de los servicios que es deficiente.

Lo que sucede en Mendoza podría replicarse en cualquier otro lugar del país con normas restrictivas. Eso pesa más que la densidad de población o el poder adquisitivo de esa comunidad, confió un directivo de una de las principales operadoras de telecomunicaciones.

 

"Hay dos factores que hoy tienen una incidencia crucial en la conectividad de las ciudades. Por un lado la disponibilidad de infraestructura de transporte (backbone) y de intercambio de tráfico local que asegure, por la vía de una mayor competencia, costos de conectividad mayoristas competitivos que favorezcan el desarrollo de los proveedores de servicios de Internet (ISP)", sostuvo Graizer.

Por el otro, siguió el presidente de CABASE, "es determinante para el desarrollo de la conectividad, la apertura de los actores provinciales y municipales para brindar los permisos y facilidades necesarias para la utilización de los postes y otros recursos de infraestructura pasiva para el tendido de redes de fibra al hogar (FTTH)".

En otras palabras, se trata de lo que se busca resolver en Mendoza, tal vez uno de los ejemplos más claros de cómo obstaculizar despliegues.

Pero también de avanzar con las cuestiones vinculadas con la compartición de infraestructura. Y acá vuelven a aparecer los postes y sus culebrones.

Compartir infraestructura no es más que usar el posteado que pasa por los domicilios y que suele llevar la energía eléctrica para otros usos, como los servicios de telecomunicaciones.

En Godoy Cruz, Mendoza, la cooperativa eléctrica de ese departamento impide que otros actores le alquilen sus postes. El argumento es que sólo pueden transportar un cable, coincidieron diversos afectados.

Es en estos casos donde el regulador debe poner orden a fin de que se puedan aprovechar los recursos existentes para mejorar la conectividad.

El ejemplo de voluntad política en favor de la conectividad es San Luis, tercera en el podio de las provincias con mayor penetración de la banda ancha fija. El plan San Luis Digital, que ya suma 20 años, tuvo como meta máxima llevar internet a toda la provincia y lo logró en una estrategia que fue de la periferia al centro. A diferencia de otras provincias, es el Estado de esa provincia el que presta el servicio de acceso gratuito.

Otra provincia con buen desempeño es Córdoba, que en 2018 sancionó la ley 10564 con el objetivo de "lograr un eficiente e interconectado despliegue de infraestructura de conectividad en todo el territorio provincial para brindar a los ciudadanos un servicio de internet de calidad (…)".

Córdoba cuenta con 68,9% de penetración del servicio. La ley tiene menos de dos años y no se le puede atribuir a ella el buen nivel de conectividad de la provincia. En este caso pesó más la relevancia de la provincia en términos de población, poder adquisitivo y peso de la industria TIC. Córdoba fue una de las primeras provincias del país que, también hace casi 20 años, estableció estímulos para atraer a las empresas de software. Y Motorola fue el caso insignia.

La ley 27708 Argentina Digital, de 2014, también impulsaba la compartición de infraestructura. La dificultad de esa norma fue que, como nunca se reglamentó, no tuvo la suficiente fuerza para hacerse cumplir. Y tampoco ayudó el rol del regulador para resolver conflictos entre las partes cuando surgían o cuando ameritaban.

Posteriormente, el no avance de la llamada "ley corta" de telecomunicaciones impulsada durante la gestión de Mauricio Macri no prosperó –obtuvo media sanción- tampoco colaboró en que esta situación mejorara.

De ahí que, si el objetivo apunta a reducir la brecha digital, los gobiernos municipales y provinciales deberán ponerse a tono con las necesidades de sus ciudadanos. Y el Estado nacional, a través de los organismos que posee, velar por el cumplimiento de las políticas que defina.