Palpitando el 5G: tras el fallo de la Corte Suprema, las telcos reclaman marco para agilizar despliegues

¿Te moriste por calentar el café o la comida de ayer en el microondas? ¿O por despacharte cada vez que podés una maratón de series? No, y seguramente te vas a morir por cualquier otra cosa antes que por la radiación de esos aparatos. Tampoco por estar rodeado de antenas de telefonía móvil. Esa excusa ya no va más para ir en contra de la instalación de estos aparatos en lugares donde se concentran las personas, como escuelas y hospitales.

"Se necesitarán en el país cerca de 40.000 sitios nuevos para antenas y radiobases y poder suministrar adecuadamente la nueva generación de la telefonía celular 5G. Esto representa aproximadamente tres veces los existentes hoy, pasando, aproximadamente, de 20.000 a 60.000 sitios", dijo el consultor Sebastián Cabello, experto en políticas digitales durante el encuentro Convercom.

El tema de las antenas, la necesidad de agilizar los permisos para su instalación y dejar de lado los temores por los potenciales riesgos a la salud, resultan ser los dos aspectos fundamentales para impulsar despliegues de red más rápidos.

Porque es requisito tanto de los servicios móviles y de los fijos. Ya no sólo de una comunicación de voz sino, principalmente, de los servicios actuales y futuros, desde el streaming de audio y video hasta el comercio electrónico, el home banking, el uso de redes sociales, los cursos en línea, entre otros sinfín de actividades mediadas por la conectividad.

Mientras continúan avanzando los despliegues de infraestructura para 4G –con las dificultades propias que impone la coyuntura-, los expertos se preguntan si los obstáculos que se han padecido desde el 2G hasta ahora en términos burocráticos continuarán repitiéndose. Especialmente, ante el advenimiento de 5G.

Volver a poner la atención sobre los despliegues no es casual. Son históricos los conflictos entre las empresas de telecomunicaciones y los municipios por los distintos requisitos, imposiciones y demás procedimientos a seguir para instalar una antena.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de julio pasado determinó la inconstitucionalidad de una ordenanza de la municipalidad de General Güemes, en Salta, que disponía el traslado de antenas de telefonía celular por interferir en la competencia regulatoria federal.

En otras palabras, un municipio no puede tomar decisiones por encima de lo que dispone la Nación. En este caso, en relación a los despliegues de red. La determinación no sólo fue un alivio para el sector sino que la expectativa es que fije un precedente para que los conflictos dejen de repetirse.

La causa se inició hace 10 años cuando Telefónica Móviles Argentina obtuvo la habilitación para uso de suelo a fin de instalar una estructura portante de antenas (torre) en el municipio de General Güemes. Luego de que se le diera la autorización, se emitió una ordenanza en donde ordenaba la relocalización de esa antena. A partir de ese momento, Telefónicas Móviles Argentina y Telefónica de Argentina iniciaron una causa para declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza 299/2010 del municipio en cuestión.En 2016 llegó a la CSJN que dio su fallo hace algo más de un mes y medio. Es decir, pasaron casi 10 años para definir el destino de una antena y un sitio "que estuvo clausurado por 10 años, sin dar servicios porque ni siquiera se podía entrar para hacer mantenimiento ni nada", expresó Nicolás Capelli, gerente de asuntos legales y contenciosos de Telefónica.

Para el abogado, a partir del fallo de la Justicia, se espera que Salta emita una nueva sentencia. En ese sentido, Agustín Garzón, uno de los miembros del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sostuvo que esta determinación "habilita a tener una regulación  nueva para fijar pautas más claras en torno a los despliegues".

Sin conectividad no hay actividad

Que no haya una antena en servicio, o decenas, o miles, siempre va en contra del usuario. Porque, en primer lugar, termina afectada la calidad de  las prestaciones y, en segundo lugar, porque, desde el punto de vista técnico, a menos antenas hay mayor cantidad de radiación. Justamente, lo que se quiere evitar y aquello a lo que las personas no quieren verse expuestas.

"Cuando hay menos antenas el celular sigue queriendo comunicarse, y eso le demanda mayor esfuerzo. Eso termina impactando en el consumo de la batería, que es lo que los usuarios quieren evitar", explicó Miguel Angel Staiano, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Staiano explicó que mientras una antena de radio AM irradia más de 10.000 watts de potencia, la de una FM lo hace por encima de los 1.000 watts, lo mismo que un horno a microondas que "sin conexión a tierra dispara radiaciones por todos lados", describió.La antena celular, en cambio, irradia 40 watts, y la ubicada en la localidad de Güemes, la que motivó la disputa de la década, registró "0,000631 miliwatts/centímetros cuadrados, siendo el máximo permitido 0,2 miliwatts/centímetros cuadrados, o sea 316,95 veces menos que el máximo permitido que es de 0,3% del mismo", aclaró el experto.

La medición se realizó sobre la calle Rodríguez, entre Rivadavia y Alberdi, en Güemes. Staiano recordó, además, que las antenas forman el grupo de menor posibilidad de producir cáncer, según datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De ahí la provocación del inicio de la nota. Nadie se murió por la comida calentada en el microondas. Y tampoco nadie contrajo una enfermedad terminal por estar expuesto a una antena debidamente controlada.

"Todo esto (la radiación) disminuye con el cuadrado de la distancia. Una antena ubicada a 100 metros llega con una radiación 10.000 veces menor que lo que emite. La sociedad no tiene que perder el control, por eso tiene las instituciones y organismos que se ocupan de esa tarea", agregó Staiano.

En otro caso, el ingeniero reveló que en una localidad de la provincia de Buenos Aires, los vecinos habían pedido quitar una antena por casos de cáncer que se habían ocurrido en la zona.

"Pero no era la antena. Después de varias mediciones que indicaban una muy baja emisión de las antenas encontramos un taller que arrojaba aceite quemado y agua de limpieza de maquinaria con agroquímicos a un pozo que llegaba a las napas de agua. Sin embargo, lo que llamaba la atención era la torre de la antena, a la que se atribuía la contaminación", explicó.

Por esa razón, Marina Rosso Siverino, presidenta de la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), insistió en que "falta comunicación vinculada con las radiobases. Tanto lo que significa tener una antena cerca, como un televisor, un microonda o una radio, que irradia mucho más que las de móviles".Si el advenimiento de 5G implicará la instalación de muchos miles más de antenas, en diversos formatos como las small cells (pequeñas antenas que se pueden ubicar en los postes del alumbrado, de los semáforos, y demás estructuras distribuidas en las ciudades o, inclusive, dentro de los edificios) será necesario no sólo erradicar temores sino también lograr que las habilitaciones no encuentren obstáculos en el camino.

"Hay que poner muchas small cells cuando venga 5G. Repartirlas por muchos lados porque necesitan tener vista directa con los dispositivos con que se conecten. Y, lógicamente, también será necesario un control más exhaustivo porque con mayor frecuencia habrá mayor energía", amplió Staiano.

¿Antenas en el río?

Una postura más provocadora sobre las antenas fue la que expuso el secretario de Comunicaciones, Héctor Huici, quien describió que en una oportunidad, "cuando se revisaron las numerosas regulaciones para colocar antenas móviles en un municipio del sur del Gran Buenos Aires, es decir, que estuviera a tantos metros de escuelas, de hospitales, de viviendas, y demás, resultó que el único lugar disponible terminaba siendo el Río de la Plata".

Esto fue para demostrar, una vez más y luego de que Staiano diera las razones científicas por las que las antenas no representan un peligro para la salud, que no tienen sentido aquellas disposiciones que establecen que estas estructuras deben estar a 500 kilómetros de cualquiera de las instalaciones mencionadas.

Evidentemente hay cosas de las regulaciones y de los fundamentos que inspiran a determinadas disposiciones o sentencias que están lejos de las explicaciones científicas y, en muchas oportunidades, muy cerca del ridículo.

Huici subió la apuesta en relación a lo que sería un país sin esta infraestructura. Y sostuvo que si se produjera un hipotético apagón masivo de antenas celulares y quedaran en funcionamiento sólo aquellas libre de objeción alguna "habría una reacción pública porque el servicio funcionaría muy mal".

Los distintos oradores expusieron casos de diversos países en donde se fue logrando, de a poco y de la mano de diversas estrategias –donde la comunicación resultó clave-, bajar la resistencia y encarar despliegues con agilidad. A sabiendas de que la burocracias municipales no sólo aplican a la instalación de una antena sino también cuando hay que realizar una obra o cualquier otra tarea que responda a los despliegues de red.

De hecho, Rosso Siverino destacó las regulaciones que se están dictando en distintas provincias, como San Luis, Misiones, y Córdoba "que ya entienden la importancia de los despliegues de sitios. Y es notoria la diferencia cuando las provincias bajan la normativa, porque los municipios rápidamente se adaptan".

Sonia Agnese, analista de Ovum, coincidió y sostuvo que el sistema de ventanilla única es una buena opción para el sector no sólo porque centraliza sino porque, cuando se produce un conflicto, se resuelve en un único espacio. "Estas 40.000 antenas adicionales que se necesitan para dar 4G es aún "un mínimo" y su estimación de necesidades es todavía más alta", que lo que se puede calcular hasta ahora, señaló.

Coincidieron, en líneas generales, que la compartición de infraestructura se impone como una solución que beneficia al sector privado porque ahorra tiempo en la burocracia y el despliegue. Si hay servicio se supone que también hay consumo y eso, al final de la cadena, se traduce en una mejor recaudación por parte de los actores estatales involucrados en ella. Una buena manera, además, de prevenir la idea de que nadie morirá por una antena móvil, como tampoco por calentar el café en el microondas.