Insólito: la guerra de los postes impide que se realicen inversiones en telecomunicaciones

Ahora la culpa la tienen los postes. Si no hay mejores y más veloces despliegues de redes de fibra óptica en los distintos rincones de la Argentina es porque parte de la pelea del momento se define en los postes. Sí señora, sí señor. En ese mismo poste de luz, fabricado en madera, cemento o caño, que tiene en la puerta de su casa.

Que al barrio llegue un decoroso servicio de banda ancha, de 20 mb de velocidad como pretende el Gobierno, ya no dependerá sólo de vivir en una zona poblada y con algo de poder adquisitivo sino también de qué operadores de telecomunicaciones podrán subirse a esos postes. Por eso el reclamo generalizado es que de una vez se defina una norma que permita facilitar los despliegues y prevenga y evite las trampas.

La fibra óptica, aunque enterrada en sus redes troncales, va por el aire cuando debe llegar a la casa de cada cliente. Para que ello ocurra, es necesario que se monte sobre los postes ubicados en las veredas de barrios, localidades y ciudades de la Argentina. En todos los casos, esos postes tienen un dueño: empresas de energía eléctrica, cooperativas o municipios.

Los postes son el nuevo ring en el que se pelean a trompada limpia cableros chicos, medianos y grandes, operadores de telecomunicaciones, cooperativas, donde los municipios también son parte y resuelven poco. Y las situaciones que ocurren son tan irrisorias que podrían alimentar varios capítulos de series de dibujitos animados en donde el chiste pasa porque mientras uno coloca fibra óptica en uno de esos postes, el otro viene corriendo detrás para sacársela, entre otros casos.

La foto parece ridícula. Pero es lo que está ocurriendo con los tímidos despliegues de infraestructura de red que las distintas empresas y cooperativas realizan en distintos puntos del país. A las dificultades económicas y financieras para realizar inversiones se suman las chicanas cada vez más subidas de tono entre los distintos jugadores para impedir que se metan en su terreno. En definitiva, para evitar la competencia.

El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aporta el 2,6% del PBI de la Argentina, de u$s 627.000 millones, según datos del FMI a abril de 2018. Las telecomunicaciones son las que soportan al resto de las actividades de TI en sentido estricto y, entre todas, son la base de la economía digital.

El Gobierno actual intenta agilizar las inversiones en uno de los sectores más dinámicos de la economía. Introdujo modificaciones a nivel regulatorio a fin de generar mayor competencia, pero no termina de alentar desembolsos signifivativos de partes de los distintos jugadores. Y cuando existe la posibilidad aparecen problemas de todo tipo. La pelea por los postes es un obstaculizador más de ese proceso que se espera.

"En cada ciudad hay un monopolio de los postes, por corrupción o por desidia. Y esto hace que se frenen las inversiones. En este escenario se dan, a su vez, otras dos situaciones: el que es dueño de un poste da servicios deficientes, y el que ya no tiene más capacidad y debe actualizar no puede hacerlo. Si el Gobierno pretende que las empresas demos banda ancha de 20 mb de velocidad a los hogares será imposible cumplir con ese objetivo en esta situación", dijo a iProfesional, Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI).

La historia es más que conocida en el sector, y en los gobiernos, desde los años ’90 hasta ahora. Fue la razón por la que, en la llamada ley corta, que envió hace casi un año al Congreso, el Gobierno propuso la compartición de infraestructura (regulación ya establecida en la ley Argentina Digital 27.078, de 2014, nunca reglamentada), a fin de facilitar que un mismo sitio sirva para que todos los interesados puedan instalar sus redes. Pero la norma sólo tuvo media sanción en 2018 y no hay muchas expectativas de que avance en 2019.

Es lo que explica, a su vez, que la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a cargo de Héctor Huici haya convocado, a finales de enero, a una consulta pública para avanzar en definiciones vinculadas con la compartición de infraestructura. Una consulta pública de algo que es ley.

Las propuestas se podrán elevar durante 30 días hábiles, de modo que el tiempo para recibirlas cerrará cerca del 11 de marzo. A partir de ahí se comenzará a trabajar en el documento final. Todo indica que el Gobierno intentará avanzar en la compartición de infraestructura aunque sea a través de una resolución. Si fuera el caso, necesitaría la adhesión de provincias y municipios que, a su vez, hacen pesar su autonomía.

¿Economía digital?

En el mientras tanto pasan cosas que impiden que los distintos interesados avancen con nuevas redes y, así hayan nuevas inversiones, esas que declama el Gobierno y que beneficiarían principalmente a los usuarios.

Sin despliegue de redes no hay economía digital posible. Tal como están las cosas, no parece que la Argentina pudiera avanzar en su desarrollo. Porque son tantas las situaciones que ocurren cuando alguna operadora quiere construir su red que resulta difícil imaginar que esto tenga solución.

"Hay ciudades donde no se puede tirar fibra óptica porque no se dan los permisos correspondientes. En Pehuajó, vas al muncipio, luego a la cooperativa, y así, pasás de un lugar al otro sin lograr nada. En Bolívar, la cooperativa de esa zona tienen los postes aunque no da servicios de telecomunicaciones, y tampoco se los usa. Y después están los casos donde se firman contratos de exclusividad, como el de Edemsa con el Grupo Vila en Mendoza, o Eden en el norte de la provincia de Buenos Aires", contó a iProfesional, Marcelo de Ambrosio, dueño de un ISP integrante de la CAPPI.

Los dueños de los postes tienen la libertad de realizar contratos de servidumbre con los interesados en utilizarlos y, así, obtener ingresos adicionales por ese concepto. Hay casos en los que se celebran acuerdos de exclusividad, y otros en los que directamente se niega la chance de alquiler. Suelen ser los de cooperativas de servicios públicos que dan o tienen interés en las telecomunicaciones y, a veces, de los municipios, que se niegan con argumentos que suelen ser poco claros.

"El municipio de San Isidro no deja postear (instalar nuevos postes) y hasta el mantenimiento de lo que ya está instalado se complica. Porque cuando hay un equipo realizando un cambio de cables o de lo que fuera, detrás aparece la patrulla de la municipalidad objetando lo que se está haciendo. Es muy complicado", dijo, por su parte, una de las principales operadoras de telecomunicaciones del país que está instalando fibra óptica para sus servicios empaquetados y que, como las pyme telco o las cooperativas, se encuentra con el mismo problema.

Historias de este tipo sobran. No poder usar un poste, alquilarlo, mantenerlo, A esta altura de las necesidades de infraestructura que presenta en el país, y no sólo en telecomunicaciones, el elemento democratizador que alcanza a todos los interesados es el impedimento para utilizar lo escasamente disponible.

"Tenemos un acuerdo para alquilar los postes. Ahora tenemos que remplazar el coaxil con fibra óptica, pero cuando queremos salir a cablear viene detrás la cuadrilla de la cooperativa de la zona a sacar el nuevo tendido", contó, por su parte, José Carlos Macías, de Top Vision, Canal 3, de América, provincia de Buenos Aires.

Otro problema común que suelen encontrarse aquellos que van a construir sus nuevas redes es que, en vez de autorizarles a usar los postes existentes –el camino más rápido y económico- o a instalar nuevos, les prohíben ir por esa vía y los obligan a encarar la nueva infraestructura de manera subterránea.

Cuando se presentan estos casos, los operadores que ingresan al negocio de la banda ancha por fibra óptica se sienten discriminados y en situación de desventaja respecto de las prestadoras que desde hace años brindan sus servicios con cables en altura y que no son obligadas a soterrar.

"La solución es el tendido libre por poste y donde hay que hacer subterráneo encarar la obra entre todas las compañías interesadas y en igualdad de condiciones. Es una cuestión política y de establecer cómo concretarlo", apuntó Bianchi. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de Silvana Giudici, debería ser quien se ocupe de terciar en este tipo de conflictos.

Enterrar fibra óptica es 17 veces más caro que llevarla por aire, es decir, enganchada a través de los postes. "Una cuadra de fibra óptica enterrada cuesta u$s10.000. Y acceder a un domicilio desde un poste es 17 veces más barato que un ducto, que es mejor y minimiza problemáticas, como la poda cuando se enreda en los cables, o cuando hay una tormenta. Por eso se debe compartir y es lo que les estamos ofreciendo a nuestras competidoras porque, si no, es muy difícil. No nos une el amor sino la miseria", expresó Franco Cecchini, director de iPlan y presidente de la Cámara Argentina de Tráfico IP (CATIP).

Soterrar la fibra óptica se justifica en las ciudades y localidades de mayor cantidad de gente, pues es cierto que hay un impacto visual pero, sobre todo, de mejora en la calidad del servicio. Se trata de un costo que, por lo que señalan los mismos actores, debería ser enfrentado por los interesados o por el municipio que, a su vez, puede generar ingresos por el arrendamiento de esa infraestructura. Hasta ahora, a ningún jefe comunal se le ocurrió.

Porque el sobrecosto lo termina pagando siempre el usuario. "La eficiencia del uso de infraestructura compartida tiene como beneficio mejor costo para el usuario y mejor utilización de los recursos por parte de los jugadores. Y se puede competir igual porque la competencia pasa por la calidad del servicio no por la infraestructura", sentenció Cecchini.

Por eso Bianchi, de la CAPPI, sostiene que "sí o sí tiene que haber un moderador que tenga criterios propios para evitar que el propietario de un poste ponga excusas para que un tercero lo use. En otros países todos pueden usar los postes disponibles pagando un canon".

Jamás nadie imaginó que un poste podía generar tantas pasiones. Y nada indica que esto vaya a resolverse en el corto plazo. El hecho de avanzar con una ley corta o con una consulta pública para definir sobre la compartición de infraestructura que ya está en una norma aprobada y no reglamentada (porque había que reglamentar un montón de otras cosas que resultan antipáticas al Gobierno actual) hace perder tiempo. Y también la posibilidad de que las redes de telecomunicaciones que se necesitan para impulsar la economía digital se construyan más rápidamente. Todo por un poste.