Comenzó la presentación de proyectos para conectar a 2 millones de argentinos a Internet y hay ruido en el mercado "telco"

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quiere conectar a los 2 millones de argentinos a la banda ancha de cara a 2019. Aseguró que de ese total, seguramente 500.000 tendrán acceso por iniciativa estatal, y el resto, por los privados. A estos últimos se les abre una nueva oportunidad de negocio. Y ya comenzaron a jugarse las primeras estrategias en ese sentido. Telespazio, una empresa que se encuentra actualmente en conflicto con el Estado, busca liderar uno de esos proyectos. Y hay ruido en el sector.

La compañía convocó esta semana a la primera reunión de trabajo en la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República (CICOMRA) en el marco del proyecto Internet for all, que se impulsa desde el World Economic Forum (WEF), y que cuenta con el aval del Gobierno nacional. Del encuentro participaron las principales compañías de telecomunicaciones de la Argentina, básicamente aquellas con capacidad para brindar Internet satelital, además de proveedoras de equipamiento.

Los 2 millones de argentinos que Ibarra busca conectar se ubican en zonas alejadas de los centros urbanos. En ciertos casos se trata de localidades de no más de 500 habitantes. Razón por la que la tecnología satelital se impone como la más apropiada para dar ese acceso. A tal punto es así, que el ministro viene dejando claro que esa tarea se concretará a través de Arsat, la compañía satelital estatal a cargo de cumplir con un objetivo público de esas características.

Telespazio fue la primera empresa en invitar al resto de sus competidoras a participar del proyecto para concretar 500.000 conexiones entre 2018 y 2020. En su exposición, a cargo de su presidente, Pablo Recalt, y que iProfesional pudo reconstruir, la compañía calculó que con esa cantidad de accesos se alcanzaría a 2 millones de abonados, la misma que el Gobierno pretende cubrir. Es decir, de acuerdo a lo exhibido en esta propuesta, no le quedaría espacio al Estado para hacer su tarea.

En otra parte de la presentación se expresó que el proyecto, que permitiría llegar a cada abonado con tecnología LTE/3G al final, sería financiado mediante un esquema de participación público privada (PPP), en donde el Estado termina pagando por eso que, al principio, encaran los privados.

Durante la exposición se advirtió que podría haber diferencia entre el costo del GB satelital a contratar con el actual, que sería afrontado por ese esquema PPP. Y se propuso a los operadores presentes a participar para ganar por el mejor precio.

En esa instancia, algunos de los presentes mostraron números actuales y cuestionaron lo que se estaba proponiendo, como forma de dejar en evidencia que había fuertes diferencias entre lo que se exhibía en la pared y lo que se maneja en el negocio. Algunos se mostraron profundamente sorprendidos porque no podían creer las cifras que veían. A otros pareció no gustarle mucho la propuesta, pero se limitaron a escuchar. Otros, en tanto, están asombrados por la alta convocatoria que registró la compañía convocante en este primer encuentro y hasta deslizaron que semejante éxito sólo puede lograrse con impulsos extra.

En definitiva, hay ruido. Y hay razones para que lo haya. En primer lugar, Telespazio se encuentra en conflicto con Arsat por el precio al que la compañía estatal le vende la capacidad satelital. Telespazio, entre cuyos accionistas se encuentra Thales, con un 33% -que en los 90 tuvo a su cargo la gestión del espectro radioeléctrico, incumplió con su tarea y, en los primeros años del kirchnerismo le fue quitada la concesión- presentó una demanda contra la compañía estatal para que le baje el precio del mega mayorista (capacidad), según publicó el diario Página 12. Y hasta ahora ese litigio no está resuelto.

Entrar en los detalles de este reclamo judicial no viene al caso para este artículo, pero sí resulta llamativo que una empresa en conflicto con el Estado argentino que, incluso, le debe dinero en el marco de esa causa, lidere una reunión para dar acceso a los habitantes de las zonas más pobladas e invite a los otros prestadores a ser parte de la iniciativa.

Algunos de los consultados desconfiaron del esquema de PPP para financiar la iniciativa. Señalaron que, cuando se presenta un proyecto con este sistema y obtiene el aval del Estado, quien lo eleva se queda con el 100% de la preferencia para ejecutarlo. Además de ser un camino para evitar la licitación, la vía más transparente cuando se trata de utilizar fondos públicos.

Otro aspecto que generó cierto resquemor entre los asistentes fue que Telespazio ofreció contratar su servicio de backhaul (la porción más importante de la red, sobre la que se conectan otras) cuando no sólo Arsat brinda esa prestación, sino también otras compañías que operan en el país como Tesacom, Claro, Telefónica, Servicio Satelital y Telecom. Si estas empresas son proveedoras del mismo servicio, ¿por qué querrían a un intermediario?

También resultó curioso entre los asistentes que la iniciativa apunte a conectar a los 2 millones de argentinos de zonas alejadas, cuando se supone que el Estado asumió el compromiso de darle acceso a medio millón vía Arsat.

En la mencionada presentación estuvo René Solanet, asesor de tecnología y comunicaciones del Ministerio de Modernización, quien agradeció a Recalt por "su creatividad e ideas", algo que también sorprendió al auditorio.

Parte del asombro manifestado por algunos los participantes es la mala reputación que tiene Telespazio en la Argentina y en la región. En 2016 el fiscal federal Franco Picardi impulsó una acción penal contra dos ejecutivos de la filial argentina, Darío César Ventimiglia y Edgardo Nicolás de Gracia, en una causa en la que se investiga el presunto pago de coimas en 2010 a funcionarios de la República de Panamá para instalar, mantener y financiar un sistema de cartografía digital en ese país, según se lee en la página fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal. El contrato en cuestión involucraba una suma superior a los 15 millones de euros.

El fiscal concluyó que, en el marco de tres contratos que firmó el gobierno panameño con Telespazio, uno de ellos involucró a Telespazio Argentina mediante el cual habría pagado coimas simulando comisiones a una empresa creada en aquel entonces para tal fin.

En ese momento, también se solicitaron datos adicionales de otros ejecutivos, entre los que se encuentra el mismo Pablo Recalt, y otros seis empleados de la compañía satelital. iProfesional intentó comunicarse con Recalt en la compañía, pero no fue posible obtener respuesta.