Los drones ya tienen vuelo propio en Argentina, pese a la polémica por violación de privacidad

Los vehículos aéreos no tripulados (VANT), más conocidos como drones, buscan crecer en la Argentina, a partir de desarrollos gubernamentales y privados, en múltiples actividades que van desde la seguridad a los medios audiovisuales, pasando por investigaciones fiscales y agropecuarias, en medio de un vacío legal que puede generar problemas en el mediano plazo, cuando se generalice más su uso.

“En la Argentina desde hace varios años se experimenta en el uso de drones”, señaló ante iProfesional Nestor Balich, director del Laboratorio de Robótica Fisica del Centro de Altos Estudios en Tecnologia Informatica de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). 

No todos los VANT son los mismos, según aclaró el docente de la UAI. “Pueden ser teleoperados u autónomos. En los autónomos es donde se centra el uso de integencia artificial, robótica, recnocimiento espacial visual, navegación, pues en este caso debe volar en tiempo real sin intervención humana”. 

Balich señaló que la Fuerza Aérea Argentina experimientó en varios prototipos de aviones pequeños no tripulados para diversos fines, exploración, reconocimiento y experimentación. 

El foco en el país está puesto en los VANT de menor precio, a partir de unos 5 mil pesos, sobre los cuales se investiga en diferentes universidades argentinas. Y ya hay empresas que utilizan helicopteros pequeños teleoperados para la industria de la publicidad. 

Mercados“La Argentina, por su geografía y su perfil agroindustrial, es un país ideal para la automatización de tareas utilizando drones”, aseguró ante iProfesional Ignacio Mas, investigador del Conicet y del Centro de Sistemas y Control del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA). 

Ejemplos de estas actividades incluyen el aumento del rendimiento aplicando técnicas de agricultura de precisión o monitoreo aéreo de la salud de los cultivos. 

Pero las aplicaciones, según Mas, pueden tener también un alto impacto en tareas como:

• La supervisión, inspección y mantenimiento de obras civiles de gran tamaño, como poliductos.
• Aplicaciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, como el monitoreo ambiental, meteorología, detección de actividad volcánica o incendios forestales.
• Aplicaciones relacionadas con la seguridad como, por ejemplo, la visualización de fronteras y actividades de búsqueda y rescate.

“Los drones son una excelente herramienta para las producciones audiovisuales”, agregó ante iProfesional Federico Blesa, coordinador operativo de Untref Media de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). 

Los VANT permiten realizar “tomas aéreas de excelente calidad y a un costo muy bajo si lo comparamos con el de un helicóptero tradicional tripulado”, destacó.

Iván Insausti, fundador de la empresa Hexacopteros, afirmó a iProfesional que “por el momento hasta que la tecnología no de un salto más con el rendimiento de las baterías, los usos más aplicables y viables son el medio audiovisual, en arquitectura e ingeniería para el relevamiento de obras y construcciones, en el mercado inmobiliario para la exhibición de propiedades, e incluso de la actividad agropecuaria me han consultado por servicios para relevamiento de sembradíos”.

Estos aparatos también se utilizan como herramientas para investigar evasores fiscales.

Por ejemplo, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires utilizó un drone para descubrir contrucciones no declaradas en un barrio cerrado en la ciudad de Mar del Plata, como informó este medio en esta nota. 

Los gobiernos también investigan sus posibles usos en seguridad y asistencia en situaciones de emergencia.

Es el caso del “metrocóptero”, un desarrollo propio de la Policía Metropolitana porteña, sobre el cual informó iProfesional en esta nota.

ReparosSin embargo, desde la fuerza de seguridad de la Capital Federal pusieron reparos ante iProfesional sobre los usos de los drones. 

“Los fines son muy específicos ya que la realidad de estos dispositivos tiene ciertas limitaciones de autonomía, ya que existe una relación de carga útil a transportar, y una relación de peso-potencia. De esos enfoques y características surge y se sustenta el estudio para las mejoras de autonomía, estabilidad y potenciales a ser utilizados”, explicó un vocero. 

Cada batería puede producir en la mejor de las situaciones una autonomía de 15-20 minutos de vuelo y este puede aumentar en directa relación de la cantidad de baterías que se posea, siempre entendiendo que el dispositivo debe regresar para que pueda ser reemplazada por una carga totalmente completa, para luego proseguir su vuelo. 

Estas baterías poseen una característica muy particular que permiten suministrar una gran cantidad de energía por unidad de tiempo, lo que confiere al dispositivo una gran potencia de reacción. 

“Por lo cual, los fines deben ser muy específicos, ya que pensar que se puede realizar un patrullaje aéreo para la prevención del delito es solo una utopía en la actualidad”, advirtió el vocero.

Para la Policía Metropolitana, un drone sólo intervendrá en casos puntuales donde se requiera evaluar una situación de riesgo inminente como un derrumbe, una inundación, un incendio o cualquier otro tipo de eventos donde los riesgos deben ser contemplados de forma veloz y con la mayor exactitud posible.

Desde la fuerza de seguridad destacaron entre los beneficios de los drones a la obtención de imágenes. Si se compara con las fotos que se toman desde un helicóptero, un VANT es muchísimo más económico y con la operatividad de salir desde cualquier punto de forma casi instantánea, pudiendo lograr una altura de 100 metros en solo algunos segundos. 

ObstáculosPara Balich, el principal obstáculo que enfrentan los drones en el país es “sin duda, el costo”, porque muchos de sus componentes son importados. Por ejemplo, en los cuadricopteros los motores deben ser comprados en el exterior o los sistemas de comunicación y cámaras en el caso de los utilizados para vigilancia. 

“El otro obstáculo, u oportunidad como se quiera ver, es el nicho de mercado que está en su inicio y por lo tanto es pequeño”, agregó el investigador de la UAI.  

“Tecnológicamente no hay dificultades, existe el conocimiento y la tecnología necesaria para el desarrollo tanto privado como estatal”, replicó ante iProfesional Julián G. Rousselot, director de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

La Argentina está retrasada en cuanto al marco legal de esta actividad, aunque aclaró que “son muy pocos los países del mundo que tienen o están trabajando en regular la actividad de drones en su espacio aéreo”. 

Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos trabaja hace varios años para tener una legislación lista para 2015. “No es una tarea sencilla. En Argentina todavía no se ha abierto la discusión”, afirmó.

Blesa recordó que “la altura de vuelo suele ser baja, dentro del espacio aéreo no controlado. Esto hace que sea difícil legislar el tema”. 

También “hay muchos detractores de su utilización, ya que su potencial más explotado es el de la vigilancia y monitoreo”, señaló el investigador de la Untref. 

“Con las nuevas tecnologías suele suceder este tipo de cosas. Avanzan más rápido que las previsiones de los organismos para su correcta regulación y legislación. En Chile, desde fines del 2013 trabajan en un proyecto de legislación específico para la utilización de drones”, afirmó Blesa.

Rousselot puntualizó que con un uso cada vez más generalizado, “hace tiempo que (los VANT) dejaron de ser un producto meramente militar para pasar a tener infinidad de usos civiles”. 

“La industria que los fábrica está en expansión y por eso desde algunos sectores se ha comenzado a solicitar una legislación para regular los vuelos, no sólo dentro de las propias fronteras sino que también a nivel internacional”, dijo el docente de la UADE.

Michael Toscano, presidente de la Asociación Internacional de Sistemas de Vehículos no Tripulados (AUVSI), aseguró que esta industria crece a la velocidad de sus vuelos y que la falta de un marco legal hará que su futura regulación sea más difícil. 

“Los problemas como la posible violación del derecho a la privacidad y el efecto amedrentador que puede tener sobre la sociedad, dado su uso en circunstancias de todo tipo como manifestaciones públicas, hace necesario un marco regulador y  ha derivado a que se lleven adelante varios proyectos sobre su legislación a nivel nacional”, remarcó Rousselot.