Qué derechos deben estar garantizados al momento de un parto
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La ley de parto humanizado se sancionó en Argentina hace más de diez años, en el año 2004, con el objetivo central de defender los derechos de las madres y de sus hijos al momento del parto y durante el período post parto.
La norma especifica que "toda mujer tiene derecho a un parto natural, a estar acompañada por la persona que ella desee, a elegir la posición en la que quiere parir, a transitar su embarazo, parto y posparto respetados en todos los sentidos y a ser protagonista activa y recibir información necesaria para decidir".
Por otro lado, la ley hace particular hincapié en que "las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio". Es importante destacar que la norma se debe aplicar tanto en el ámbito público como en el privado, en todo el territorio nacional.
¿Cuáles son los derechos de las mujeres en todo el proceso de parto?
Toda mujer, según indica la ley en su segundo artículo, tiene derecho a "ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas". Al mismo tiempo, especifica que cada una puede exigir ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que se le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. La consideración en la situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto, es otro de los elementos fundamentales que la norma reconoce al género femenino.
Asimismo, toda mujer goza del derecho al parto natural, respetuoso en los tiempos biológicos y psicológicos. Las prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer no deben ser admitidos como parte del proceso de parto.
La información sobre la evolución de su parto y del estado de su hijo o hija también son centrales para el criterio de la ley, al igual que el hecho de que se la haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales.
Estar acompañada por una persona de confianza y elección, no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea investigación –a menos que haya expresado lo contrario- y tener a su lado al recién nacido durante la permanencia en el establecimiento sanitario, son aspectos fundamentales para la mujer que se encuentra en situación de parto.
Por último, recibir asesoramiento e información sobre los beneficios de la lactancia, informarse acerca de los cuidados de su propio cuerpo y del de su bebé y el conocimiento explícito sobre los efectos adversos del tabaco, del alcohol y de las drogas, son también derechos fundamentales de las mujeres.
Si bien los derechos de todas las personas de sexo femenino en esa situación son centrales para su desarrollo y calidad de vida, el recién nacido también tiene un grupo de derechos reconocidos por esta misma ley que deben ser cumplidos al momento de su nacimiento.
En primer lugar, el artículo 3 de la norma mencionada señala que toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna y a su inequívoca identificación. Al igual que sucede con las madres, la ley especifica que todos los recién nacidos tienen derecho a "no ser sometidos a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética y a una internación conjunta con su madre en sala.
La aplicación de la ley n° 25.929 está, por supuesto, a cargo del Ministerio de Salud, que opera como autoridad de aplicación en el ámbito de su competencia, y en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivas autoridades sanitarias.
Qué sucede cuando no se cumple esta norma
El incumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la ley –que la misma impone a los servidores de la salud públicos y privados- por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, será considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder. Del mismo modo, los profesionales de la salud y sus colaboradores están obligados a cumplir cada uno de los aspectos que impone y detalla la ley, con el objeto de garantizar los derechos de la mujer y de su hijo por nacer o recién nacido.