Argentina vs. Uruguay: ¿cómo son sus sistemas de atención y financiamiento sanitario?

El sistema de salud de Argentina es complejo y diverso. Una de sus principales características es la estructura de un subsistema público, al que todas las personas puede acceder independientemente de su condición de aporte al sistema. Esto implica que solo con el hecho de presentarse en un hospital la persona recibe la atención médica que necesita, sin importar su nacionalidad de origen o de residencia, la afiliación a un seguro de salud, o la patología que padece, entre otras variables. A su vez, el subsistema público se complementa y articula con otros dos, conformados por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

Estos sistemas se constituyen a través de fondos diferentes. El sistema público lo hace a través de la recaudación impositiva y los presupuestos ministeriales nacionales, provinciales y municipales. Por su parte, las obras sociales, a través del aporte de los trabajadores, mientras que las empresas de medicina prepaga, por pago directo de los usuarios.

Por determinación de las normas vigentes, tanto el ámbito público, como el de las obras sociales y las prepagas, están obligadas a otorgar la cobertura necesaria a los pacientes. Dicho de otro modo, todos los subsistemas están comprometidos a entregar a las personas la totalidad de las prestaciones de baja, media y alta complejidad. Tal determinación se estableció a través de la constitución del Plan Médico Obligatorio (PMO), que establece las mínimas prestaciones que las obras sociales y prepagas deben entregar a los usuarios de sus subsistemas.

Si bien Argentina no es el único país con un ámbito de atención médica pública, la articulación con otros subsistemas y tipos de financiamiento lo hace único como modelo. No obstante, este mapa organizacional es característicos y contrastable con otros modelos vecinos, como el caso de Uruguay.

Allí, a partir del 2008 comenzó una reforma estructural profunda del sector de la salud, sustentada en consensos sociales y políticos, con definición de bases jurídicas, económicas y un cronograma de implementación, que actualmente se encuentra vigente. El proceso derivó en la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y un Seguro Nacional de Salud (SNS). El objetivo central de la reforma fue la universalización de la atención en salud a toda la población, en niveles de accesibilidad y calidad homogéneos y con justicia distributiva en la carga económica que el gasto en salud representa para cada ciudadano.

En contraste con la inequidad que el sistema anterior favorecía, los cambios que llevaron a la creación del SNIS apuntaron a que fuera posible dar acceso universal a todos habitantes del Uruguay. De esta manera, actualmente todas las personas tienen derecho a una prestación integral de calidad homogénea y en las condiciones que defina la reglamentación de la ley local.

En Uruguay, la creación del SNIS articula un Seguro Nacional de Salud para la población del mercado formal y sus familiares a cargo, con el subsector público (Administración de Servicios del Estado –ASSE) incluido como efector del seguro, pero también como prestador de servicios para la población de bajos ingresos con el propósito de asegurar cobertura universal. Con el SNIS la cobertura es prácticamente del 100% de la población, por vía del Fondo Nacional de Salud (FONASA), la ASSE, las sanidades policial y militar, y el pago de bolsillo de algunos sectores de población aún excluidos.

El dinero que el FONASA utiliza para cubrir las prestaciones necesarias de los ciudadanos uruguayos sale de tres fuentes diferentes. En primer lugar, se encuentran los aportes patronales, que los empleadores hacen en nombre de sus trabajadores para que ellos puedan contar con un servicio de salud pública. Por otro lado, están los aportes de los trabajadores, que tienen el mismo objetivo, pero se deducen del salario que cobran mes a mes. En este sentido, es importante aclarar que cuando una persona se encuentra desempleada el Estado se ocupa de que mantenga su cobertura, a través del pago de estos aportes al FONASA.

El objetivo del FONASA es cubrir las necesidades sanitarias del total de la población, desde la atención médica hasta las consultas ambulatorias y la provisión de medicamentos.

Es importante destacar que en Uruguay el SNIS promueve la complementación asistencial y obligaciones prestacionales comunes, incluye un mecanismo de financiación para el seguro social de salud FONASA, financiación fiscal para el subsistema público, y un Fondo Nacional de Recursos (FNR) único para reaseguro de las prestaciones de medicina altamente especializada.

Este último fondo se financia a través de las rentas generales, el gasto de bolsillo de los uruguayos y con la derivación de parte de los aportes del FONASA. En 2017, el 81% del dinero que percibió el FNR fue aportado por el FONASA, por lo que puede decirse que es la institución que lo sostiene. El 19% restante se compuso de el gasto de bolsillo -6%-, de las rentas generales -11%- y un 2% de otras fuentes. La diferencia entre ambos fondos es que el FNR absorbe los gastos de todas las prestaciones diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad.

El dinero que ambas entidades perciben termina su ruta en los prestadores integrales de salud, tanto públicos como privados. Estos últimos, al mismo tiempo, reciben dinero de los impuestos generales del país y del gasto de bolsillo de los uruguayos.

En Argentina, el subsistema público apunta a atender a todos los ciudadanos que no puedan costear los gastos del cuidado de su salud, dejando a cargo de las obras sociales y medicinas prepagas los costos relacionados a los tratamientos de baja y alta complejidad.